Euronews resalta la acusación a España de “hacer la vista gorda” con la pesca ilegal en África de su flota

Dos ONGs han demandado ante los tribunales a España por negarse a investigar y sancionar las prácticas ilegales de su flota pesquera «apagando» los sistemas de monitorización presuntamente para pescar en caladeros de Senegal o Guinea Bissau y la TV europea se hace eco de ello. Explican que la legislación europea obliga a todos los barcos a llegar una tecnología de monitorización, pero entre 2020 y 2023 varios pesqueros españoles «se fueron a negro». Y ante la inacción de las autoridades españolas, han presentado una querella.

Euronews detalla como dos ONGs, Client Earth y Oceana, han demandado a las autoridades españolas acusándolas de fallar en la investigación y sanción de las actividades de pesca ilegal de la flota de bandera española en Senegal y Guinea Bissau. En concreto apunta que el gobierno español es señalado por ignorar las obligaciones que marca la legislación europea y hacer la vista gorda con los barcos que repetidamente apagan sus sistemas de monitorización cuando faenan en el África Occidental. Explica que el uso de la tecnología AIS (siglas en inglés del Sistema de Identificación Automática) que rastrea la posición es obligatorio para todos los barcos de más de 15 metros en aras de la seguridad y transparencia de la pesca.

Pero el reportaje subraya que una investigación de Global Fishing Watch reveló que varios barcos españoles se «fueron a negro» durante largos periodos entre 202 y 2023 y uno de ellos apagó el sistema durante más de un año. Apunta que las ONGs pidieron formalmente al gobierno español en 2023 que investigara estas anomalías porque creen que estas acciones buscan esconder prácticas ilegales de pesca en caladeros protegidos en África Occidental. Se advierte que este tipo de pesca amenaza la biodiversidad marina, pero también socada la economía y seguridad alimentaria de la región, una de la que más pesca tiene de todo el mundo. Y se subraya que el rechazo de España a investigar y sancionar estas prácticas aduciendo que no tiene jurisdicción fuera de las aguas europeas ha provocado la acción legal en un intento de llamar la atención sobre una situación que tiene serias consecuencias para países como Senegal o Guinea Bissau.

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