Lo sucedido en el Tribunal Supremo -tras fallar la semana pasada que los bancos y no los clientes debían hacerse cargo del impuesto de las hipotecas, el anuncio posterior de un pleno de la Sala III para «revisar» la sentencia por el «gran impacto económico» y finalmente la decisión de aplazar hasta el 5 de noviembre el pleno decisivo para  fijar el criterio- es analizado y comentado en la red por periodistas, juristas y políticos. La crítica es unánime y se usan calificativos como «destrozo», «bandazo» o «bochorno». Y sobre todo se enfatiza que lo sucedido supone un grave daño a la credibilidad, la imagen y el prestigio del Tribunal, que dificilmente va a a poder subsanarse, además de erosionar tambien la independencia judicial y la democracia.

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