La eléctrica española quiere adquirir la empresa estadounidense PNM por 4.200 millones de dólares. Pero la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México acaba de recomendar rechazar esta inversión y vetar la operación por las causas judiciales que tiene abiertas Iberdrola, en particular el caso Villarejo, y que dejan dudas sobre la cultura de gobernanza y ética empresarial de la compañía. El informe es aún preliminar, pero supone un varapalo para los planes de Iberdrola en EEUU y su prestigio.

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El dictamen negativo del regulador estadounidense contra la adquisición de la eléctrica de Nuevo México, PNM Resources, lo desvela ElConfidencial.com en un artículo de Agustín Marco. Detalla que la operación total de Iberdrola ascienda a casi 8.000 millones de euros (4.200 de capitalización bursátil y 3.600 de deuda). Pero la Comisión de Regulación Pública de Nuevo México ha recomendado tumbarla, en un informa preliminar y tras examinar las acusaciones de cohecho, violación de la intimidad y falsedad en documento mercantil que la Audiencia Nacional está estudiando, dentro del caso Villarejo, contra la eléctrica española.

El informe ha sido elaborado por un examinador del organismo y no es inmediatamente vinculante, por lo que los cinco miembros de la comisión tendrán la última palabra. Pero el texto cuestiona directamente la idoneidad de Iberdrola como comprador de PNM por la causa judicial que afecta tanto a la compañía como a su presidente, Ignacio Sánchez Galán, quien está siendo investigado por haber participado presuntamente en el encargo a Villarejo de cinco proyectos de espionaje.

En este sentido, el informe señala que estas causas judiciales contra Iberdrola son «relevantes y muy preocupantes». Y en algunos párrafos se muestra muy duros hacia la empresa española y su cultura de gobernanza: «Contratar a compañías de seguridad para investigar y acosar a oponente quizá no sea ilegal en Nuevo México, pero va más allá de las normas que se consideran apropiadas».

Y añade que «independientemente de si los actos de Iberdrola y sus ejecutivos sean considerado delito por la ley española, sus acciones parecen representar métodos de hacer negocios que deberían plantear preocupaciones a la Comisión».

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