El proceso emprendido por el Gobierno para impulsar la ilegalización de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) en el marco de la Ley de Memoria Democrática se ha visto frustrado por la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Se estaba a la espera de una modificación de la ley de Fundaciones que ahora queda paralizada hasta que se constituya un nuevo Parlamento. El futuro de la FFNFF estará en manos del Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 23 de julio, aunque el PP ha prometido que derogará la Ley de Memoria si llega al poder.

La Fundación Nacional Francisco Franco seguirá con las puertas abiertas. Lo destaca el diario Publico.es en un artículo de Danilo Albín en el que detalla que el proceso emprendido por el Gobierno para impulsar su ilegalización se ha visto paralizado por la convocatoria de elecciones generales anticipadas. El pasado 8 de mayo, en repuesta al senador de Compromís, Carles Mulet, el gobierno explicó que estaba tramitando de forma urgente una modificación de la Ley de Fundaciones para agilizar el proceso de extinción.

Se alegó que la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas generaba «inseguridad jurídica sobre los trámites a seguir en este procedimiento, los plazos para su cumplimiento, así como los efectos de las resoluciones del protectorado de Fundaciones». Y el ejecutivo aseguró que era indispensable una modificación de la normativa que debía ser aprobada en el Congreso. Dado que el parlamento permanecerá en funciones hasta después del 23 de julio en que se constituirá en función del resultado electoral, el proceso contra la Fundación Franco queda paralizado.

La Ley de Memoria Democrática que entró en vigor en octubre pasado contempla como «causa de extinción» aquellas fundaciones que «no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo». Y describe esto como «la apología del franquismo que ensalce el golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes, con menosprecio y humillación de la dignidad de las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, o incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las mismas por su condición de tales».

Esta redacción colocaba a la Fundación Franco y a otras como la Fundación Yagüe, la Fundación Blas Piñar o la Fundación José Antonio Primo de Rivera con candidatas al «proceso de extinción». Ahora sin embargo esto quedará en manos del nuevo ejecutivo que salga de las urnas del 23 de julio. Un triunfo del PP significaría con toda probabilidad el fin de esta posibilidad, ya que Alberto Núñez Feijóo ha prometido que si llega a La Moncloa derogará la Ley de Memoria Democrática y dejará a la Fundación Francisco Franco y otras entidades similares a salvo de cualquier ilegalización.

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