Un editorial del diario mexicano sostiene que tanto la ilegalización de Sortu como la anulación de las listas de Bildú se basan en una «argumentación falaz».  La Jornada se muestra muy crítica con las decisiones politico-judiciales en España. Habla de «caería de bujas» y de medidas que pueden «exacerbar los ánimos independentistas y alimentar el escepticismo hacia la efectividad política de la vía institucional».

Una ikurriña
(Foto: Flickr/Artz jauna)

Para la Jornada: «Al igual que como ocurrió hace tres semanas, con la decisión judicial de ilegalizar el partido abertzale Sortu, en la resolución de ayer salió a relucir una argumentación falaz por parte de los magistrados, así como una aplicación facciosa y personalista de las leyes: no otra cosa es el alegato de que las listas de candidatos de Bildu se encuentran ??contaminadas?? por antiguos integrantes de Batasuna».

«Es claro que esas consideraciones no son propias de un razonamiento apegado al estricto rigor jurídico ??ni siquiera en el marco de la impugnada y retrógada Ley de Partidos española??, sino a criterios políticos, y que las autoridades españolas han pasado de la persecución policial de ETA a la ilegalización de prácticamente cualquier expresión de independentismo en el País Vasco», sostienen.

El diario afirma que «La paternidad de esta cacería de brujas recae lo mismo en el Partido Popular que en el Socialista Obrero Español, por más que a este último corresponda ahora ejecutarla, en su calidad de fuerza política gobernante. Para los ??populares??, el episodio comentado representa un nuevo logro en sus intentos por intoxicar a la opinión pública ibérica y convencerla de que cualquier concesión al independentismo vasco equivale a una muestra de debilidad y claudicación ante el ??terrorismo??».

«Por lo que hace a los ??socialistas??, la embestida contra Bildu pone en relieve su afán de demostrar que pueden ser tan implacables e irreflexivos como sus contrapartes, aunque ello implique vulnerar los derechos políticos de cientos o miles de ciudadanos vascos, y colocar la vida democrática en Euskadi en una circunstancia de excepción a todas luces injusta».

La Jornada considera que «con todo, la unidad de los dos bloques principales de la clase política española no alcanza para legitimar la política de persecución y criminalización aplicada desde Madrid al independentismo vasco. Un indicador claro al respecto es la división dentro del Tribunal Supremo español en las votaciones que ilegalizaron a Sortu y a Bildu, pero también el rechazo que esas resoluciones han suscitado en estamentos partidistas moderados, como el Partido Nacionalista Vasco (PNV)».

Y advierte: «finalmente, no debe pasarse por alto el riesgo de que todo esto pueda convertirse en un lastre adicional para lograr una salida al conflicto político que se vive en esa región del noreste español, en la medida en que exacerbe los ánimos independentistas y alimente el escepticismo hacia la efectividad política de la vía institucional. Cabe esperar que las autoridades de Madrid cobren conciencia que la continuidad de un marco legal excluyente y ominoso, como el que ha hecho posible la ilegalización de formaciones independentistas vascas legítimas, pacíficas e institucionales, no es la solución a las problemáticas regionales en el territorio español, sino parte del problema?.

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