En la negociación para un pacto de gobierno entre el PP y Vox en Castilla y León uno de los puntos que con más insistencia se pidió desde la formación de extrema derecha fue la derogación de la Ley de Memoria Histórica. Emilio Silva, presidente de la ARMH, lo analiza en el programa La Cafetera de Radiocable.com y señala que aunque Vox quiera poder presentar esta «cabellera» a sus votantes, la realidad es que la Ley de Memoria Histórica es CyL era ya prácticamente «irrelevante» y las subvenciones que concedía la Junta «una miseria» para una CCAA en la que hay más de 800 fosas comunes. Pero denuncia que es triste que este tema haya sido objeto de negociación entre dos partidos para un gobierno autonómico y señala la responsabilidad del Estado: «Como el derecho de los desaparecidos y sus familias no es tratado como un derecho, entonces puede estar en la mesa de negociaciones».

emilio silva la cafetera 13-2-2020

Emilio Silva explica que Vox pedía la «cabeza» de la Ley de Memoria Histórica en su negociación con el PP en Castilla y León desde el inicio, pero revela que hasta ahora era «prácticamente irrelevante» en esta comunidad.  «Nosotros como asociación, aunque surgimos en CyL y es donde más exhumaciones hemos hecho, en ninguna hemos tenido ayuda de la Junta. Nosotros no notaríamos la derogación de esa ley. Lo triste es que haya que defender algo que es totalmente insuficiente». Denuncia que en el tema de las exhumaciones se ha seguido la política «del caciquismo y clientelismo» y las ayudas se daban según quien gobernaba y por simpatías.

Y señala: «El verdadero responsable de todo esto es el Estado. Como el derecho de los desaparecidos y sus familias no es tratado como un derecho, entonces puede estar en la mesa de negociaciones. Como ha pasado en Castilla y León. Y eso es lo triste». El presidente de la ARMH revela que hasta ahora, la Junta castellano-leonesa venía dando unas subvenciones de 100.000 euros al año, pero ellos no las piden y denuncia que son «una miseria literalmente. Porque habiendo 800 fosas comunes en esa CCAA es una miseria moral que se ponga ese dinero que no lo resolvería en 200 años. Es casi un insulto». (Audio a partir de min 76:00)

Silva subraya que quizá a Vox el conseguir acabar con ella en CyL le «venga bien para enseñar la cabellera de la Ley de Memoria Histórica a su electorado. Pero es triste que esto se haya dejado en manos de administraciones locales y forme parte de la negociación de partidos políticos». Y pone como símil que en Euskadi una formación pusiera como condición dejar de apoyar a las víctimas de ETA: «Nadie entendería que eso se dejara en manos de dos partidos que están negociando un gobierno», asegura.

En La Cafetera, vuelve denuncia que la responsabilidad de esta situación recae en el Estado: «Su inactividad ha dejado que estas políticas, por mínimas que sean, caigan en manos de una negociación como esta». Y denuncia «se ha dejado que se convierta en un debate sobre migajas y los derechos de los desaparecidos y sus familias deberían ser mucho más serios para el Estado. Y deberían ser derechos».

Emilio Silva también analiza la paradoja de que la fiscal general, Dolores Delgado, haya anunciando que está estudiando el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial  para ver si puede investigar en la invasión de Ucrania. ·Hay doble moral porque ese artículo podría haber permitido la intervención de España en el tema del Sahara, de Israel contra Palestina, en los atentado en muchos países donde han muerto ciudadanos españoles,. Es llamativo cómo ese artículo está ahí, aparcado y dormido mientas hay conflictos en el mundo con cientos de miles de refugiados». Y apunta: «Esto permite ver cuales son los intereses y cuando se activa la justicia universal. Y como el poder recurre a esas herramientas, que las tiene en la mano todos los días y accesibles, para unos casos y otros no».

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