El comité de Derechos Humanos de la Naciones Unidas ha concluido, en un dictamen sobre la inhabilitación de Baltasar Garzón, que el Tribunal Supremo vulneró su presunción de inocencia y no respetó el derecho del juez a un proceso «con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial». Y pide a España que borre los antecedentes penales del ex magistrado y le proporcione “una compensación adecuada por el daño sufrido”. Aunque el dictamen no es vinculante, se trata de un duro varapalo al Supremo.

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La resolución del organismo de Naciones Unidas, adelantada por elDiario.es, apunta que el proceso judicial que acabó con la carrera de Baltasar Garzón fue «arbitrario», y no garantizó la imparcialidad de magistrados que participaron en la sentencia. Critica asimismo que el ex juez de la Audiencia Nacional fuese privado de una segunda instancia ante la que poder recurrir su inhabilitación.

Garzón fue condenado e inhabilitado en 2012 tras abrir una investigación por los crímenes del franquismo y por el caso Gürtel, en el que ordenó pinchar los teléfonos a abogados de los principales acusados. El propio magistrado presentó una denuncia ante la ONU en 2016 denunciando haber sido víctima de «una persecución y de represalias» por estas investigaciones, que los casos había sido arbitrarios y se violó su presunción de inocencia.

Seis años después, el Comité de la ONU da la razón a Baltasar Garzón y expone «dudas» sobre si Garzón tuvo «acceso a un tribunal independiente e imparcial». En particular ampara la denuncia del propio inhabilitado de falta de imparcialidad de dos de los magistrados que lo condenaron. El dictamen señala asimismo que la decisión de pinchar los teléfonos de los abogados de los principales acusados de Gürtel se adoptó a petición de la policía y con el respaldo de la Fiscalía. Y cuestiona también que Garzón, al ser aforado y caer su caso en el Supremo, no tuviera un segunda instancia a la que recurrir.

Por todo ello señala: «El comité no puede concluir que el autor tuvo acceso a un tribunal independiente e imparcial en los procesos seguidos en su contra en el marco de los casos Franquismo y Gürtel, que finalmente resultó en su condena penal y en la consiguiente pérdida definitiva de su cargo. En consecuencia el comité considera que se violaron los derechos del autor basados en el artículo 14, párrafo 1 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos de la ONU».

El dictamen insta asimismo a España a dar una «reparación integral» para Garzón, que se borren sus antecedentes penales y que se le proporcione «una compensación adecuada por el daño sufrido». Aunque el impacto de esta condena del Comité de DDHH es aun incierto, ya que no tiene carácter judicial ni es a priori de obligado cumplimiento por parte del Estado, pero se trata de un duro varapalo para el Supremo, El propio juez ha celebrado el dictamen y ha avanzado que pedirá su reingreso en la carrera judicial.


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