La ONU reprende a España por archivar querellas por crímenes franquistas
Cuatro relatores de Naciones Unidas han enviado al Gobierno española una declaración conjunta en la que recuerdan que el derecho internacional “no permite” la aplicación de plazos de prescripción o amnistías a este tipo de casos. Se trata de una nueva llamada de atención desde la ONU a España por la falta de investigación de los crímenes del franquismo.
La ONU afea a España la falta de investigación de los crímenes del franquismo: “Incumple sus obligaciones”
Relatores de Naciones Unidas recuerdan que el derecho internacional no permite prescripción o amnistías en estos casoshttps://t.co/aHActeakFb
— Olga Rodríguez Francisco ✍️ (@olgarodriguezfr) May 12, 2026
Naciones Unidas ha vuelto a llamar la atención a España por el archivo de querellas relacionadas con crímenes de la dictadura. Así lo estipulan en una observación conjunta del pasado mes de febrero, que detallan en un artículo de El Diario.es que firma Marta Borraz, cuatro relatores de la ONU, que apuntan a que “mientras el Estado español no inicie investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones de derechos humanos” del franquismo “estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.
La comunicación fue dirigida al Gobierno español a raíz de una queja presentada por Irídia y CEAQUA en la que describen hasta 18 casos iniciados en los tribunales españoles tras la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática que se han topado con obstáculos para ser instruidos. Entre ellos está el asesinato de Teófilo del Valle en Elda en 1974, una querella que no se archivó y por la que en un inicio se acordó la imputación del exministro Rodolfo Martín Villa. Sin embargo, hace unos días la Audiencia de Alicante la ha tumbado esgrimiendo la Ley de Amnistía de 1977.
Los relatores recuerdan que los estándares internacionales “estipulan la imprescriptibilidad e imposibilidad de amnistiar” crímenes de lesa humanidad, por lo que hacerlo “estaría obstaculizando el acceso de las víctimas a un recurso efectivo”. “Si bien es importante asegurar que la justicia opere con respecto al principio de legalidad penal, el derecho internacional no permite la aplicación de plazos de prescripción o causales de extinción de la acción penal, tales como las amnistías” a este tipo de casos, añade.
La entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática impulsó la creación de una fiscalía especializada que está interviniendo en algunos casos y en algunos de ellos se ha acabado tomando declaración a los denunciantes, algo que pasó por primera vez en septiembre de 2023, con las torturas denunciadas por Julio Pacheco. Sin embargo, posteriormente fue archivado. Además, el Tribunal Constitucional certificó un año después que la nueva legislación de memoria histórica no cambia el escenario y los crímenes seguirían sin juzgarse. Lo hizo aplicando los mismos criterios que antes de su aprobación y que ahora censura la ONU.
La observación reclama a España que transmita el comunicado a las autoridades judiciales “a fin de que puedan tener en cuenta los estándares internacionales” que deben aplicar. “Nos permitimos recordar que el derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación del Estado español, en todas sus esferas y niveles, de investigar y sancionar adecuadamente las graves violaciones de derechos humanos”, escriben añadiendo que “el incumplimiento de estas obligaciones” puede “comprometer la responsabilidad del Estado en su conjunto”.
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