Las cinco organizaciones ecologistas que demandaron hace tres años al gobierno español por su inacción climática consiguieron provocar el que ha sido el primer juicio climático de la historia en España. Y éste acaba de queda visto para sentencia, fijando además el Tribunal Supremo la fecha del 27 de junio para su fallo. Greenpeace, Ecologistas en Acción, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, consideran que el Gobierno fijó unos objetivos de reducción de emisiones de CO2 demasiado bajos y piden que en lugar de una rebaja del 23% se pase a una del 55% para 2030.

El Tribunal Supremo ha dejado visto para sentencia el primer litigio climático de la historia de España celebrado tras la demanda presentada hace tres años cinco colectivos ecologistas en contra del Gobierno por inacción ante la crisis climática. Y se ha fijado la fecha del 27 de junio para la votación y fallo del juicio.

Los cinco demandantes, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oxfam Intermón, Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, consideran que el Gobierno fijó unos objetivos de reducción de emisiones de CO2 demasiado bajos y alejados de los compromisos internacionales para frenar el cambio climático. En el proceso, han reclamado que la sentencia obligue al Gobierno a modificar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para pasar del objetivo de reducción del 23% al 55%, un porcentaje que se basa en los informes científicos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC).

Este ha sido el primer litigio climático celebrado en España, pero en otros países de Europa, algunos colectivos ecologistas han conseguido victorias históricas en los tribunales. En Holanda, Francia o Alemania, por ejemplo las demandas de los ecologistas ha conseguido que los jueces condenen a empresas y gobiernos por contribuir al calentamiento del planeta obligando a elevar la ambición en la lucha contra la crisis climática.

«Este juicio por el clima lucha por el derecho de las generaciones presentes y futuras a disfrutar de un medio ambiente en el que puedan desarrollar una vida digna. La vida y la salud de millones de personas en todo el mundo están gravemente amenazadas si no se actúa con urgencia y contundencia, como ha señalado el informe del IPCC recientemente publicado», ha explicado a los medios Lorena Ruiz-Huerta, abogada de las organizaciones demandantes.

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