La política migratoria de España, a contracorriente del resto de Occidente, y en particular la regularización extraordinaria masiva de sin papeles anunciada por el gobierno a finales de enero continúa atrayendo la atención de los medios de todo el globo que le dedican reportajes y análisis en profundidad. Los últimos han sido The Times, Le Figaro y The Irish Times. Explican los detalles de la medida, los requisitos exigidos, quienes son y cual es la situación de los migrantes y los argumentos a favor, especialmente por el impacto en la economía, del gobierno de Pedro Sánchez que aparece como «excepción en Europa». Aunque mencionan también la polémica política y las críticas de la oposición, en particular las de la extrema derecha de Vox, así como las estimaciones que señalan que no se podrán regularizar medio millón de emigrantes, sino casi el doble.


The Times se pregunta: ¿Quienes son los migrantes indocumentados de España y pueden salvar su economía?». El diario británico pone de relieve que aunque otras naciones occidentales están endureciendo sus políticas migratorias, España se ha movido en la dirección opuesta y ha anunciado una regularización de unos 500.000 migrantes indocumentados que ya vivían en el país. Explica algunos de los detalles del programa que emitirá, entre abril y junio, un permiso de residencia temporal y otro de trabajo a quienes puedan demostrar que llevaban cinco años de residencia en España antes del 31 de diciembre de 2025. Apunta que algunas voces han cuestionado las estimaciones del gobierno, en particular en relación a la población de migrantes sin papeles que reside en España, que según la policía ascendería a 1,35 millones. Subraya que es la sexta regularización que se hace en España, cuatro de ellas, con gobierno socialista, aunque advierte que tiene «detractores», especialmente desde los partidos de derecha y extrema derecha -menciona que Vox habla de un intento de reemplazar a los españoles. Pero señala que en general las leyes migratorias españolas tiene un amplio apoyo público entre la población, que de hecho es la que más valora, en el seno de la UE, el impacto económicos de los migrantes, y esta última regularización fue impulsada por el movimiento ciudadano «Regularización Ya».

 

Destaca las «voces» de expertos que sostienen que la medida reducirá las criminalidad y aumentará los ingresos fiscales. En concreto citan a un profesor de economía de la Universidad de Barcelona que ha estudiado los efectos de regularizaciones anteriores y apunta que la actual podría generar 3.000 millones de ingresos a las arcas públicas. Añade que el anuncio del gobierno también ha sido apoyado por numerosos empresarios que tienen problemas para contratar personal y han tenido que recurrir a indocumentados y servirá asimismo para paliar el problema del envejecimiento de la población en España. Y detalla la situación personal de varios migrantes sin papeles que hablan de la esperanza que ha levantado la regularización entre todos ellos.

The Irish Times califica como «excepción en Europa» el plan de España de regularizar medio millón de migrantes indocumentados pero resalta la polémica política. El periódico irlandés apunta que el anuncio a finales de enero del gobierno español de un programa de regularización masiva «convirtió de repente en más luminoso el futuro» de muchos extranjeros que subsistían en España sin papeles. Detalla que la medida ofrecerá un permiso de residencia de un año prorrogable a los migrantes para que puedan ser contratados legalmente. pero enfatiza que esto ha creado una controversia política y ha evidenciado que España es una «excepción en Europa» en asuntos de inmigración que contrasta con la represión que han implementado en los últimos años la mayoría de países vecinos. Detalla que se estima que medio millón de migrantes podrán acogerse a ella entre abril y junio, si pueden probar cinco meses de residencia en España y no tener antecedentes criminales. Recoge los argumentos del gobierno de Sánchez a favor de la regularización, tanto los económicos como los sociales y de derechos, y enfatiza que, a nivel político, le ha permitido tomar la iniciativa en un asunto que está aprovechando la extrema derecha y posicionarse en la vanguardia de la resistencia a la ola reaccionaria.

 

En este contexto resalta las críticas de la oposición conservadoras a la regularización, las de Vox hablando de «invasión» y de «reemplazo» de españoles y también las del PP que, aunque recuerda apoyaba una medida similar e hizo una propia cuando gobernaba en el año 2000, por la presión de la extrema derecha, su líder Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que esta regularización provocará un efecto llamada y «recompensa la ilegalidad». Recoge también que las estimaciones son que la medida beneficiará a muchos más migrantes de los 500.000 previstos y que al no requerir tramitación parlamentaria, entrará en vigpr en el plazo previsto.

Le Figaro destaca que España podría regularizar casi 1 millón de sin papeles, el doble de lo previsto. El rotativa francés recoge que podrían no ser los 500.000 migrantes que había anunciado el gobierno al presentar su regularización extraordinaria, sino casi 840.000 los que pidan la legalización de su situación irregular en España a partir de abril, según un informe de FUNCAS que considera que se han subestimado las cifras. Menciona que el mismo informe también señala que se ha multiplicado por ocho el número de indocumentados que ha llegado a España, mayoritariamente de América Latina, en los últimos nueve años. Destaca que también hay cierta polémica porque solo se han fijado dos requisitos para acogerse a la regularización: no tener antecedentes judiciales y justificar al menos cinco meses de residencia en España anteriores al 31 de diciembre de 2025. Y apunta que algunas organizaciones de la policía consideran que son criterios demasiado suaves y fáciles que pueden generar un efecto llamada y denuncian que ya han detectado la activación de tres nuevas rutas migratorias desde que se anunciara la regularización desde Reino Unido, Francia e Italia. Menciona asimismo las denuncias de falta de medios para afrontar la regularización y la división política que la medida ha provocado en España, presentado como una medida social y económica por el gobierno de izquierdas y como un «asesinato» de la «identidad nacional» por la extrema derecha.

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