«Sentencias sin ejecutar»
Iñaki Gabilondo en Noticias Cuatro: «Nunca hubiéramos imaginado la magnitud del desastre por mucho que se supiera, y supiéramos, que la justicia era la asignatura pendiente de nuestra democracia. Doscientas setenta mil sentencias penales pendientes de ejecutar. ¡Penales!. De las civiles, no hablamos. Deben ser centenares de miles. Eso quiere decir, sencillamente, que estamos en el reino de la arbitrariedad, o de la impunidad. En cualquier caso, no en un Estado de Derecho. Un país sometido, solo nominalmente, al imperio de la ley. Pero, ¡qué escándalo es éste!. !Qué vergüenza es ésta!. ¿En qué higuera esta Zapatero?. ¿En qué Babia ha vivido Aznar?. ¿En qué luna de Valencia estaba Felipe González?. ¿Cómo hemos pagado el sueldo a los ministros de Justicia, y a sus subsecretarios y secretarios de Estado?. ¿Cómo han permanecido en sus puestos sin dimitir?. ¿Cómo se han atrevido los miembros del Consejo del Poder Judicial a ocuparse de la política de este país, que ya tiene un Congreso y un Senado, y dejar que rodara una bola de esta magnitud sin inmutarse?. Deberían irse a su casa esta misma tarde y pedir perdón a los ciudadanos. Pero ¿qué farsa es ésta?. Doscientas setenta mil sentencias penales pendientes de ejecutar es un dato devastador, que ridiculiza a nuestro país y disuelve nuestras convicciones. Esto sí que es un fracaso, y no un fracaso sectorial. Afecta a la línea de flotación de nuestro sistema. Los malos datos del paro son un arañazo apenas. Cualesquiera otros problemas, por serios que sean, una fiebre pasajera. Pero esta cifra, doscientas setenta mil sentencias penales sin ejecutar, se clava como una cuchillada en el corazón mismo de nuestra democracia. El caso Mari Luz no fue un accidente. Fue la purulencia de un órgano putrefacto sobre el que hay que actuar de inmediato. Si nuestro país no ha perdido la cabeza, ha de parar motores porque hay fuego a bordo. Con este dato, la gestión de cuantos nos mandan y nos mandaron debe ser revisada. Se merecen un cero inapelable. Sólo Zapatero tiene la oportunidad de aprobar en segunda convocatoria. Y tiene la obligación moral y democrática de hacerlo.»
