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Fernando Berlín, el autor de este blog, es director de radiocable.com y participa en diversos medios de comunicación españoles.¿Quien soy?english edition.

El presidente del gobierno anunció ayer un recorte «drástico» de la publicidad en TVE. El anuncio ha sido muy bien recibido por el sector que lleva años acusando al Ente público de competencia desleal por su doble sistema de financiación.

En cierto modo es verdad que esa posición de fuerza perjudicaba a los operadores privados, que se veían incapaces de competir en igualdad de condiciones por los derechos de ciertos formatos y eventos deportivos, puesto que raramente podían alcanzar los precios que TVE estaba dispuesta a pagar. El fin de la financiación publicitaria pone una piedra necesaria en la reorganización del sector. La cuestión, sin embargo, es saber exáctamente de dónde va a salir el dinero que necesita el canal para funcionar con un cierto grado de calidad. Desde el gobierno se insiste en la premisa de que se mantendrá la audiencia, la calidad, y se logrará una financión estable… sin nuevas partidas presupuestarias. La pregunta entonces es ¿cómo podrá hacerse eso?

El gobierno de Zapatero inició una de las transformaciones más importantes de la historia de la Televisión pública de España. Hoy TVE cuenta con un Presidente, Luis Fernández, que es elegido por el Parlamento español. Atrás quedan los tiempos en los que la televisión pública era utilizada como ariete político al servicio del gobierno, de los sucesivos gobiernos. TVE ha hecho, además, importantes esfuerzos por modernizar su plantilla. Y de hecho hoy cuenta con los informativos más plurales y con mayor calidad de su historia.

Todo indica ahora que Zapatero pretende implantar en España el nuevo modelo de televisión pública francesa, si no completamente, por lo menos algunos aspectos del mismo. Este modelo ha recibido diversos elogios últimamente del gobierno.

A saber, el modelo francés, a grandes rasgos:

«…para compensar la disminución de los ingresos publicitarios, la ley [francesa] prevé la creación de un nuevo impuesto que grava con un 0,9% la facturación de los operadores de telecomunicaciones (telefonía e internet).

Además, aplica un gravamen del 3% sobre los ingresos publicitarios de las cadenas privadas de televisión en los que esa factura supere los 11 millones de euros.»

La ecuación no es sencilla. El modelo, muy elogiado, también ha provocado problemas en el país vecino. «Sus seis canales no emiten publicidad entre las ocho de la tarde y las seis de la mañana. Pero los anuncios se han volatilizado junto a los ingresos, que no se han traspasado de la pública a las privadas, simplemente se han ido», contó Público. Además, algunos operadores se niegan a pagar, y el asunto ha sido llevado incluso a Bruselas. Está por ver, aquí, además, que las televisiones y las operadoras puedan estar dispuestas a pagar un canon por defender la televisión pública.

El tiempo lo dirá pero, en todo caso, lo verdaderamente cierto es que la necesaria evolución ha comenzado.

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