El grupo de Estados contra la corrupción (GRECO) que depende del Consejo de Europa ha publicado su 5º evaluación sobre prevención de la corrupción en los gobiernos del continente. Y su conclusión con España es contundente: No ha habido avances para prevenir la corrupción y no se han cumplido satisfactoriamente por completo ninguna de las 19 recomendaciones que se le hicieron en aspectos como los conflictos de interés, reducir el aforamiento o mejorar el control de las fuerzas del orden.

El informe del GRECO critica la falta de avances en España sobre las medidas recomendadas para la «prevención de la corrupción» en los Ejecutivos centrales y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Y en particular se señala que de las 19 recomendaciones que hizo en 2019 el organismo europeo para “mejorar su marco legal para evitar la corrupción”, doce no se han cumplido y siete han sido cumplidas solo parcialmente.

Se pidió por ejemplo modificar el aforamiento para «no obstaculizar el proceso de justicia penal a los miembros del Gobierno sospechosos de corrupción». Pero aunque el GRECO admite que es un “desafío” porque que implica cambios en las disposiciones constitucionales”, denuncia que no se ha hecho nada y pide “que se impulsen acciones efectivas”. Entre los incumplimientos se menciona también el régimen de transparencia para los asesores. Y se pide mayor atención para los poderes y recursos de la Oficina de Conflictos de Intereses (OCI) y que un órgano independiente revise las «puertas giratorias».

La evaluación pone además especialmente de relieve la falta de avances en las recomendaciones centradas en las Fuerzas de Seguridad. Se había pedido “un enfoque totalmente transparente y objetivo en áreas como la selección, traslados, evaluaciones y el destino de sus efectivos» y se habían detectado “posibles abusos en la concesión y retirada de asignaciones, bonificaciones y otros beneficios”. Y salvo «algunos avances» el GRECO apenas ha encontrado medidas para cumplir estos objetivo. Se «deplora» asimismo que ni Policía ni Guardia Civil hayan fortalecido la protección de la identidad de denunciantes internos.

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