Fueron todos detenidos y torturados a causa su militancia política por la Brigada Político Social, a la que pertenecía, entre otros Billy el Niño. Luego acudieron a los tribunales españoles para pedir justicia y vieron como cada órgano judicial al que han acudían, incluido el Tribunal Constitucional, les daba la espalda. Pero ahora estas doce víctimas han acudido ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para denunciar el bloqueo en España de la investigación y enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista.

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Luis Suárez-Carreño tenía 24 años cuando fue detenido y torturado en 1973 por militar en la Liga Comunista Revolucionaria. Y más o menos la misma experiencia, según resalta un artículo de Ter García en El salto diario, vivieron Chato Galante, Rosa María García Alcón, Ángela Gutiérrez Suárez, Vicente Gutiérrez Solís, Julio Gomáriz Acuña, Miguel Ángel Gómez Álvarez, Roser Rius Campas, Esteban Cabal Riera, Enrique del Olmo García, Jesús Rodríguez Barrio y Francisco Javier Maestro.

Todos llegaron a presentar denuncias ante la justicia española contra la Brigada Político Social de la dictadura a la que pertenecían Antonio González Pacheco (Billy el Niño), Manuel Gómez Sandoval, Tomás Nieto Berrocal, Roberto Conesa, Celso Galván y Juan García Gelabert. Pero todas las instancias judiciales nacionales rechazaron admitir a trámite e investigar sus querellas. Pero en este 2022, estas doce víctimas españolas de tortura han decidido acudir a la ONU para denunciar esta inacción.

Se han concentrado ante el Tribunal Constitucional acompañados de Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA), por la presidenta de La Comuna Asociación de Presos y Represaliados por la Dictadura Franquista y por una treintena de personas más. Lara ha explicado: “Estamos hoy concentrados aquí para poner de manifiesto una vez más el modelo de impunidad del Estado español, que se niega a investigar y enjuiciar los crímenes cometidos durante la dictadura franquista”.

Y han puesto de relieve que una vez agotada la vía judicial interna, han decidido presentar reclamaciones al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. “Los Juzgados y Tribunales del Estado español se han negado a investigar penalmente estos hechos, algo que resulta absolutamente impropio de un Estado de Derecho y que supone un grave incumplimiento de la obligación impuesta por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional” denuncian desde CeAQUA.

Ahora las esperanzas están puesta en la ONU que de hecho ya ha «suspendido» a España en temas de memoria histórica en varias ocasiones. En concreto dos relatores especiales para la promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y la Garantía de No Repetición reclamaron en 2014 y 2018 a España que deje de obstaculizar los procesos judiciales sobre los crímenes del franquismo y resaltando que el Gobierno español no estaba cumpliendo con “sus obligaciones como país democrático que ha ratificado todos los tratados internacionales sobre derechos humanos”.

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