Schumacher-Matos

Empresario y Periodista de EEUU, de origen colombiano. Ha sido editor fundador del Wall Street Journal Américas y formó parte del equipo de Philadelphia Inquirer que recibió el Pulitzer.

 

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Edward Schumacher-Matos – Boston. A pesar de todo el alboroto causado por la idea de legalizar a los inmigrantes sin papeles residentes en Estados Unidos, los economistas han entendido desde hace tiempo que no hay solución viable a largo plazo para el desaguisado migratorio de la nación sin un programa de trabajador temporal.

Durante la era de los derechos civiles de la década de los años 60, pusimos fin al programa de trabajador invitado “bracero” con México en lugar de corregir los abusos cometidos de sus trabajadores. Un resultado imprevisto fue que creamos el entorno de la inmigración ilegal de hoy día dado que los trabajadores siguieron viniendo. La amnistía de 1986 no puso fin al influjo, en gran parte porque no había disposición legal para enviar mano de obra a cubrir la nueva demanda laboral.

Este es el motivo de que un reciente acuerdo entre las dos principales confederaciones sindicales — AFL-CIO y Change to Win — encaminado a aceptar un programa de trabajador temporal sea importante, incluso impresionante. Los sindicatos, junto a muchas iglesias y coaliciones izquierdistas, se han venido oponiendo a los programas desde hace tiempo, acusándolos de robar puestos de trabajo estadounidenses al tiempo que se crea una clase desfavorecida de trabajadores en régimen de servidumbre con escasos derechos.

El acuerdo sitúa a los sindicatos tras una idea que está cobrando fuerza en los círculos de los laboratorios de ideas — constituir una comisión nacional encargada de fijar los niveles de inmigración. De la misma forma que el Banco de la Reserva Federal regula la masa monetaria, la comisión ayudaría a regular la oferta de mano de obra inmigrante. Una ampliación de los derechos del trabajador temporal pondría coto a los abusos.

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El apogeo de una recesión puede no parecer el momento de centrarse en la inmigración, pero los sindicatos reconocen lo obvio: el terreno de nadie en el que están los inmigrantes ilegales no va a desaparecer por las buenas. A pesar de un menor número de puestos de trabajo y una implementación endurecida de la ley que condujo a la deportación de 350.000 inmigrantes sin papeles el año pasado, la cifra de los aún en el país — alrededor de 12 millones — sólo parece haber descendido ligeramente, según el Pew Hispanic Center. Menos vienen, como se constata en las capturas fronterizas y las encuestas mexicanas, pero muy pocos de los que están aquí vuelven a casa. La prueba anecdótica es que se mueven hacia el interior en busca de empleo.

El presidente Obama, cumpliendo las promesas de campaña realizadas a los electores hispanos, ha puesto sobre la mesa la reforma integral de la inmigración. La Federación Americana del Trabajo ayudó a tumbar el conato de reforma de la administración Bush en el año 2007, pero la Federación se arriesga ahora a condenarse al ostracismo si no se une al presidente y a los sindicatos de los empleados de servicios de Change to Win que consideran a los inmigrantes latinos sin especialización como futuros miembros a sindicarse.

El país, en la práctica, ya tiene un buen número de programas de trabajo temporal para inmigrantes. Según el Departamento de Estado, el año pasado se extendieron casi 485.000 visados de trabajo. Esto incluye más de 130.000 trabajadores y profesionales de elevada especialización y 64.000 trabajadores del campo. No obstante, la demanda de empleo fue tal que alrededor de 500.000 trabajadores entraron ilegalmente el año pasado, según Pew.

Una vez que la recesión finalice, esa cifra podría volver al nivel que se daba de 800.000 ilegales entrando cada año. La eficacia de la implementación más estricta de la ley podría evitar esto, aunque casi ningún experto piensa que la aplicación de la ley por sí sola vaya a poner fin a la inmigración ilegal.

La idea de una comisión para fijar niveles realistas de mano de obra invitada se propuso por primera vez hace tres años por el Instituto de Política Migratoria bipartidista. Según el plan del Instituto la comisión hacia recomendaciones al Congreso, mientras el sindicato exigiría al Congreso la ratificación de las recomendaciones de la comisión. De cualquier forma, un panel de expertos reduce la política seguida ahora a niveles fijados. Como indica Ana Avendaño, del AFL-CIO: “La inmigración nunca es examinada a través de un prisma racional. Estamos eliminando la parte emotiva, con un modelo de cifras y cálculos.?

Dicho eso, es seguro que estallarán reyertas por la elección de los miembros de la comisión, fijando la metodología y, más tarde, presionando ante la comisión. El Instituto es partidario de una comisión que incluya representantes de los departamentos del Tesoro, Comercio y Trabajo entre otros, y que utilice fórmulas para examinar lo que mejor revierte en interés de la economía de la nación en conjunto. Los sindicatos han proporcionado detalles, pero el arquitecto de su propuesta, Ray Marshall, secretario de trabajo bajo la administración Carter, apuesta claramente por un estudio reciente de fórmulas del Departamento de Trabajo, “Inmigración para una prosperidad compartida.”

El temor a la propuesta de Marshall inquieta a la Cámara de Comercio estadounidense. De hecho, Los registros laborales del gobierno son miopes y pasan por alto las tendencias económicas nacionales e internacionales. “En el mejor de los casos, todo dependerá de quien sea elegido, un ‘juego de azar’ peligroso para patronos, inmigrantes y sus familias,” decía en una circular la National Foundation for American Policy.

Las objeciones de la Cámara parecen fáciles de resolver conforme se desarrollen las negociaciones este año. Ciertamente, el cambio de los sindicatos en el principio de temporalidad de los trabajadores y en la Comisión plantea la esperanza más prometedora en cuestión de décadas de levantar un sistema de inmigración que sea mejor para el país. Hasta podría funcionar y todo.

Edward Schumacher-Matos
© 2009, Washington Post Writers Group

Sección en convenio con el Washington Post

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