España parece sobre el papel por su ratificación de tratados internacionales, normas comunitarias o leyes nacionales, un ejemplo de lucha contra la venta internacional de armamento a países que puedan utilizarlo para violar los derechos humanos y las leyes de la guerra. Pero “la realidad es distinta” y las irregularidades en el sistema del comercio de armas en España amparan el envío constante de armamento a países en conflicto y “preocupantes” por sus violaciones de derechos humanos. Es lo que asegura Greenpeace en un informe hecho con Datadistas, un equipo de periodismo de análisis de datos, y titulado “Armas Marca España, el oscuro negocio de la guerra”.

Detalla cómo entre 2008 y 2016, España autorizó exportaciones de material de defensa, productos y tecnologías de doble uso con un valor económico de 22.603 millones de euros a más de cien países. Pero denuncia que el 27,34% de ese negocio, equivalente a 6.181 millones de euros, fue a 50 países preocupantes o potencialmente preocupantes, que son aquellos sobre los que se tienen indicios o sospechas de que han cometido violaciones graves de derechos humanos o contra el derecho internacional.

Señala especialmente entre los “países preocupantes” a los que España ha vendido armas en la última década a Arabia Saudí, Egipto y Venezuela. Aunque también menciona a Bahréin, Jordania, Marruecos o Qatar. De Arabia Saudí subraya que copa el 36% del total de material exportado a países bajo sospecha desde 2014 y que junto con Emiratos Árabes alcanza un volumen de 944 millones de euros. Y enfatiza el “riesgo sustancial” de que esas armas se usen en Yemen, donde Greenpeace denuncia que se está librando un conflicto fuera del foco que está devastando el país y ha provocado que de una población de 29,3 millones de personas, 22 millones necesiten ayuda humanitaria.

Pero el informe Armas Marca España busca sobre todo cuestionar la transparencia que pretendía garantizar la aplicación de la ley de control de comercio de armas española de 2007. La ONG señala que la transparencia está muy lejos de alcanzarse, entre otras cosas porque resulta imposible verificar si se están aplicando correctamente los principios adoptados que establece la propia ley para autorizar una exportación de armas. Y pone como ejemplo la Junta Interministerial Reguladora para el Comercio Exterior y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDDU),  que es quien autoriza la venta exterior de armamento y cuyas actas son secretas.

Greenpeace también repasa en su investigación el intento de cambiar la Ley de Secretos Oficiales en noviembre de 2016 en una iniciativa parlamentaria del PNV que apoyaron PSOE, Podemos, ERC y 14 diputados del Grupo Mixto… pero que sigue bloqueada en la Mesa del Congreso. O el caso del bombero vasco Ignacio Robles que se negó a liderar el retén de seguridad de un cargamento de material explosivo que salía del puerto de Bilbao hacia Arabia Saudí. Finalmente se denuncia la opacidad que en general existe en España sobre la exportación de armas y que implica también a autoridades portuarias y empresas y que por ejemplo han convertido a Bilbao en el centro estratégico de exportación de armas de donde que salieron, sólo en 2017, 300 contenedores con 2.900 toneladas de material de defensa.

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