“La nueva Ley de Seguridad Ciudadana que quiere aprobar el gobierno español es, según sus críticos, un ataque a la democracia. Y es verdad que lo es. El estado -escribe Richard Seymour- ha comenzado a reorganizarse para hacer frente a las últimas oleadas de protestas. En Grecia, lo ha hecho decretando periodos de emergencia. En Chicago, en Quebec y, ahora en España, han optado por endurecer las leyes anti-protesta”.

 


(Foto: flickr/Fotomovimiento)

 

“En 2011, el alcalde de Chicago Rahm Emmanuel comenzó a aplicar una serie de medidas anti-protesta provisionales, para hacer frente a las manifestaciones en contra de las cumbres de la OTAN y el G8, que iban a tener lugar en la ciudad norteamericana. Entre elllas, la obligación de suscribir un seguro de un millón de dólares para convocar un acto de protesta, mayor presencia policial y nuevos frenos burocráticos. A comienzos de 2012, esa legislación temporal se convirtió en permanente”.

“Ese mismo año, en Quebec la administración de Jean Charest  trató de lidiar con un levantamiento de los estudiantes contra el incremento de las tasas de matrícula, aprobando una legislación de emergencia llamada Bill 78. Esa ley impone severas restricciones a la capacidad de protesta, entre ellas la prohibición de manifestarse a menos de 50 metros de un colegio y la posibilidad de modificar el recorrido de una protesta en un breve plazo de tiempo”.

“La ley de seguridad pública propuesta en España tiene esencialmente una base similar. La manifestaciones no autorizadas frente al Congreso serán castigadas con cuantiosas multas, mientras que la participación en actos violentos, puede conllevar un mínimo de dos años de privación de libertad. No se trata sólo de disuadir de protestar, sino de domesticar a los que pese a todo se decidan a hacerlo”.

Leer artículo completo en The Guardian

 

Print Friendly, PDF & Email