El incumplimiento sostenido de la normativa europea sobre depuración de aguas en varias localidades española ha provocado que el Estado ya haya tenido que desembolsar 32,7 millones de euros. Es la mayor multa de la historia para España. Pero además, dado que la sanción se impuso por una condena en 2018 y que las deficiencias siguen sin haberse resuelto, el montante de la multa sigue creciendo y podría hacerlo hasta el 2023.

(Foto: Flickr/Aracelipg)

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó a España en julio de 2018 por incumplir reiteradamente la directiva comunitaria, que data de 1991, sobre depuración de aguas residuales urbanas en 9 localidades y le impuso una multa de 12 millones de euros. La sentencia añadió que el Estado debería abonar 11 millones más cada seis meses mientras los problemas no se resolvieran.

Año y medio después, según destaca una noticia de Manuel Planelles en El Pais, la falta de depuradoras ha hecho que España tuviera que abonar la multa y dos semestres de incumplimientos completos, dado que las deficiencias se mantienen y solo se ha resuelto el problema en Tarifa. Existe un calendario para resolver el resto de casos, que incluyen Matalascañas (Huelva), Alhaurín el Grande (Málaga), Isla Cristina (Huelva),  Coín (Málaga), Nerja (Málaga), Barbate (Cádiz), Gijón Este (Asturias) y Valle de Güímar (Santa Cruz de Tenerife). Pero no está previsto que las obras se completen hasta 2023.

 

 

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