La gestión de la autopista de peaje SH-130 en Texas que terminó en concurso de acreedores ha desembocado en serios problemas jurídicos para la constructora españaola. Los fondos que adquirieron la concesión de la autopista reclaman ahora a Ferovial casi 300 millones de euros como compensación acusando, según apunta un artículo de Raúl Pozo en Vozpopuli, a Ferrovial de pagos fraudulentos, un diseño defectuoso, el empleo de proyecciones de tráfico infladas y la ocultación de detalles a la banca acreedora. Medios estadounidenses como The Austin American Statesmnan también se hacen eco de la demanda.

En octubre de 2012, Ferrovial inauguró la última extensión de la autopista de peaje SH130, un proyecto valorado en unos 1.800 millones de euros y que gestionaba su filial Cintra. En marzo de 2016, sin embargo se anunciaba que la sociedad concesionaria entraba en concurso de acreedores con una deuda de 1.213 millones de euros. En verano de 2017, varios fondos adquirieron la concesión. Pero ahora han presentado una demanda millonaria contra la matriz de Ferrovial, su constructora Ferrovial Agroman y su filial de concesiones Cintra a los que reclaman 330 millones de dólares (unos 290 millones de euros) como compensación por las graves irregularidades en su gestión de la concesión.

The Austin American Statesman resalta que la demanda acusa a los primeros dueños de la concesión de la SH130 de saber antes de la apertura de la vía que tanto su pavimento como su financiación presentaban serios problemas que ocultaron a los inversores. También menciona que se acusa a Ferrovial de hacer “pagos fraudulentos” de 330 millones de dólares a una empresa que creó para construir la autopista. Y añade que en la demanda se ha incluido un mensaje escrito por un alto ejecutivo de Cintra al presidente de la sociedad concesionaria dela SH 130 en donde afirma: “Espero que nadie empiece a hacer preguntas”.

La querella pone a Ferrovial en una situación delicada ya que, según apunta también Vozpopuli que asegura haber tenido acceso al texto de la misma, la acusa de traspasar fondos a una empresa para solucionar los defectos de la autopista, a pesar de que el contrato lo prohibía expresamente. Añade que también se apunta que el diseño inicial de la SH 130 era erróneo y que su viabilidad económica se basó en una proyecciones de tráfico muy por encima de las reales.

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