La Fiscalía Anticorrupción se opone a que la Audiencia Nacional investigue penalmente en España a las agencias de calificación de riesgos Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch. Creen que sus decisiones perjudicaron economicamente a España, pero aseguran que no ven indicios de delito. El Ministerio Fiscal se niega así a que el juez Pablo Ruz admita a trámite la querella presentada por abogados y organizaciones sociales y políticas en España.

El pasado mes de febrero, se supo que un grupo de abogados, dirigidos por Gonzalo Boye y Jaume Assens, y organizaciones sociales como el Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Izquierda Unida y ATTAC se unieron para presentar una demanda contra las tres grandes agencias internacionales de rating.

Era el primer intento en Europa de que Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, que según todos las valoraciones jugaron un papel clave en el origen de la crisis al respaldar los productos basura -y que ahora han vuelto a manifestarse contra el rescate de la UE a Grecia-, tuvieran que rendir cuentas. La noticia tuvo repercusión en numeroso medios internacionales.

Edificio de S&P
(Foto: Flickr/Williambuell)

El Ministerio Fiscal entiende sin embargo que no existen indicios para probar que las agencias alteraran los precios del mercado bursátil y utilizasen información privilegiada. “El inicio de un procedimiento penal contra las agencias de ‘rating’ querelladas supondría -a la luz de los datos de los que hoy se dispone- la apertura de una causa general en averiguación de posibles delitos de los que en la actualidad no existe noticia”, sostiene el fiscal.

En el informe remitido al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Anticorrupción rechaza que la decisión tomada inicialmente por Standard & Poor’s y replicada por Moody’s y Fitch “se basara en datos falsos”, al tiempo que considera que “tampoco parece absurda, infundada ni contradictoria con la opinión generalizada de las más reputadas organizaciones económicas mundiales”.

En sus conclusiones argumenta que no ve indicios de que hayan cometido delitos contra el mercado y los consumidores al rebajar en varias ocasiones desde 2009 la calificación de la deuda española. Unas decisiones que “perjudicaron económicamente a España” porque “hay un efecto directo entre las revisiones a la baja de la deuda española por parte de estas agencias de calificación y el encarecimiento de la financiación del Estado a través de la emisión de la deuda pública”. Pero aseguran que estas acciones no han sido denunciadas por el perjudicado directo que sería el Estado español.

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