Tras la publicación en El País de un video que muestra a soldados españoles presuntamente maltratando a presos en Irak y las revelaciones del periodista Gervasio Sanchez sobre el caso del traductor Flayeh al Mayali., Amnistía Internacional pide en un comunicado una investigación… pero civil, no militar. Consideran «evidente» que una investigación independiente e imparcial no puede tener lugar si la misma queda en manos de autoridades militares.

También revelan que la ONG preguntó al Ministerio de Defensa en 2006 por el trato dispensado por las tropas españolas a las personas detenidas bajo su jurisdicción. Y preguntaron expresamente por el caso del ciudadano iraquí Flayeh al Mayali. Este es el comunicado de Amnistía titulado: «España: La investigación sobre posibles crímenes de derecho internacional en Irak debe quedar bajo jurisdicción civil».

Un soldado español
(Foto: Flickr/Ejercitos del mundo)

Amnistía Internacional lamenta que el Ministro de Defensa, Pedro Morenés, haya trasladado a un juez militar la investigación relativa a los actos de tortura que pudieran haber cometido soldados españoles contra un prisionero en Irak, en 2004, y que aparecen en un video publicado por el periódico ??El País? el pasado 17 de marzo.

Amnistía Internacional recuerda al Gobierno español que debe ser la justicia civil ordinaria la que investigue las posibles violaciones de derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario presuntamente cometidas por las tropas españolas durante su actuación militar en el conflicto armado que tuvo lugar en Irak en 2004.

La organización recuerda que España está obligada a abrir de inmediato una investigación efectiva, exhaustiva, independiente e imparcial sobre cualquier delito de derecho internacional -como la tortura o los crímenes de guerra- y, si existiesen pruebas admisibles y suficientes contra las personas sospechosas de responsabilidad penal individual, tiene el deber de procesarlas.

Amnistía Internacional reitera al Gobierno, tal y como hizo en sendas comunicaciones por carta en 2004 y 2006, que debe investigar de forma detallada las denuncias de tortura y otros malos tratos presuntamente infligidos a prisioneros que estaban bajo custodia de las fuerzas armadas españolas desplegadas en Irak.

La respuesta por carta del Gobierno español a Amnistía Internacional en 2006 afirmaba que no se había llevado a cabo ninguna investigación por no haberse apreciado ninguna actuación incorrecta ni vulneración de las Reglas de Enfrentamiento que regulaban la operación. El vídeo hecho público por ??El País? el pasado 17 de marzo parece echar por tierra esta afirmación.

Según datos del Ministerio de Defensa facilitados a Amnistía Internacional por carta en 2006, durante su presencia en Irak las tropas españolas detuvieron a 111 personas, de las cuales 78 fueron entregadas a la policía iraquí y 33 al Centro de Confinamiento que la Coalición ?? la alianza de estados que intervinieron militarmente en Irak y depusieron a Saddam Hussein – tenía en Bagdad.

Amnistía Internacional también preguntó al Ministerio de Defensa en 2006 por el trato dispensado por las tropas españolas a las personas detenidas bajo su jurisdicción. En medios de comunicación aparecieron declaraciones de personal militar español desplazado en Irak en las que se admitía el uso de técnicas interrogatorias abusivas con las personas detenidas bajo custodia en ??Base España?, tales como la privación del sueño, la instalación de música a todo volumen y el traslado por la Base de prisioneros encapuchados o con sacos terreros sobre sus cabezas, técnicas que, de comprobarse, constituirían torturas u otros tratos crueles e inhumanos.

Entonces la organización también demandó información sobre el caso del ciudadano iraquí Flayeh al Mayali, quien denunció en medios de comunicación haber sido víctima de tortura en ??Base España? (entrevista publicada en Heraldo de Aragón y La Vanguardia el 20 de febrero de 2005, y mencionada en El País el 23 de febrero de 2005 -entre otros medios-).

En cuanto a los supuestos malos tratos dispensados a detenidos en ??Base España?, el Gobierno aseguró a Amnistía Internacional que no tenía conocimiento de tales malos tratos ni constancia de ninguna denuncia oficial contra las Fuerzas Armadas Españolas por haber infringido norma alguna. Es evidente que una investigación independiente e imparcial no puede tener lugar si la misma queda en manos de autoridades militares.

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