Una nueva investigación de Amnistía Internacional sobre residencias documenta la «deficiente actuación del Ministerio Fiscal» y denuncia que el cierre de las comisiones de investigación en las Comunidades Autónomas «está provocando una impunidad casi absoluta sobre lo sucedido». Puesto que el 89% de las investigaciones penales de Fiscalía han sido archivadas.

La organización recuerda que más de 35.000 personas mayores murieron por COVID durante la pandemia y que «sufrieron graves violaciones de derechos humanos, y no fueron derivadas a hospitales cuando lo necesitaban». Y denuncian que «sus familias siguen sin tener justicia».

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Ante este contexto, exigen a los grupos parlamentarios la creación de una comisión de verdad en el Congreso que analice lo ocurrido en las residencias durante la pandemia, «dé respuesta a las familias y adopte recomendaciones para que no vuelva a pasar».

Además, continúan con la recogida de firmas para pedir justicia para las personas mayores muertas en residencias.

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