La ARMH denuncia que se cree el banco de ADN de víctimas del franquismo 4 años después de la Ley y con elecciones convocadas
El Gobierno ha aprobado un Real Decreto para regular el Banco Estatal de ADN de víctimas de la Guerra y la Dictadura para facilitar su localización e identificación a las familias. La creación de este centro estaba previsto en la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022. Pero Emilio Silva, presidente de la ARMH, denuncia en el programa La Cafetera de Radiocable.com que es una «vergüenza» que se haya esperado cuatro años e incluso a que ya estén convocadas las próximas elecciones generales para crear este Banco de ADN que llevan reclamando las familias de las víctimas desde hace décadas. Denuncia además que se trata de una suerte de «chantaje electoral» y pide la dimisión del Secretario de Estado de Memoria.
Debería de dimitir el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, por aprobar un banco de ADN cuatro años después de que la ley lo regularse y una vez que han sido convocadas nuevas elecciones generales. ¿Cuantos han muerto esperando? @SE_MemoDemo https://t.co/y3iht5ZndO
— Memoria_ARMH (@ARMH_Memoria) October 7, 2026
El Consejo de Ministros aprobó este 6 de octubre el Real Decreto por el que se regula el Banco Estatal de ADN de víctimas de la Guerra y la Dictadura, previsto en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. La creación de este banco es una demanda de las familias que, durante décadas, desconocieron el paradero de sus seres queridos, muchos de ellos desaparecidos y enterrados en fosas comunes y su objetivo es facilitar la localización e identificación de las víctimas y contribuir a que puedan recibir una sepultura digna.
El Gobierno ha explicado que tendrá como función la recepción y el almacenamiento de los perfiles de ADN de víctimas de la Guerra y la Dictadura y de sus familiares, así como de las personas afectadas por la sustracción de recién nacidos. Pero se resalta que tratará únicamente los datos necesarios para facilitar la búsqueda y la identificación de las víctimas y los perfiles genéticos se almacenarán mediante un código alfanumérico disociado de cualquier dato identificativo.
Pero Emilio Silva se muestra muy critico con el timing de la creación del banco de ADN: «Hacerlo con las elecciones convocadas es una vergüenza. Este banco está para ayudar a gente muy mayor, muy mayor, que vive con angustia. La misma angustia que tenía Marie Carmen de salir de su casa, yo la he conocido en gente que ve que se le pasa el tiempo y no va a poder dejar enterrados dignamente a sus padres o a sus abuelos o a sus tíos o a otros seres queridos». Recuerda que la Ley de Memoria Democrática se aprobó el 19 de octubre del 2022 y lleva 4 años en vigor: «Esa ley crea el banco de ADN. Y desde la ARMH hemos estado peleando con el gobierno desde entonces pidiéndole que aplicara un programa informático que ha comprado que se llama Bonaparte para ponerlo en marcha».
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica asegura haber sentido «mucha rabia» al conocer que el banco de ADN se regulaba cuando ya está la campaña electoral convocada: «Esto es, voy a decir, una especie de chantaje electoral, que si tú quieres que ese banco sobreviva, ya sabes lo que tienes que votar y luego puede que no haya ni posibilidad de salvarlo. Quienes han estado 4 años se deberían morir de vergüenza. de no haber hecho lo que tenían que hacer… Meter este tema en el año 2026 en un cálculo electoral es totalmente vergonzoso». Y explica porque han pedido la dimisión del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez: «Después de 50 años de abandono de estas familias, no ha tenido la decencia de ponerse manos a la obra cuando tenía un instrumento en la mano que puede ayudarlas. Fernando Martínez lo que ha hecho es viajar poniendo unas placas que no dicen nada en vez de atender a estas familias».
Silva también critica otro aspecto del banco de ADN: «Se utiliza una herramienta para crímenes que es de la CIA. Es un buen programa para gestión de información genética, pero la CIA impuso una serie de condiciones y una de ellas es que solo se aplique para casos judicializados. Y ¿quién se queda fuera? Las víctimas de la dictadura y los inmigrantes que aparecen muertos en nuestras playas, a los que no, se les toma una muestra de ADN y se manda a sus países. Y eso está ocurriendo hoy. Sacar una muestra y la secuencia de ADN de un cuerpo, al Estado le puede costar 30€ y no se está haciendo. Hay países en África que están haciendo enormes esfuerzos económicos para hacer pequeños bancos de ADN para que una señora de Senegal sepa lo que le pasó a su hijo, que salió hace 4 meses hacia el norte. Pero España no está respondiendo devolviéndoles las secuencias de ADN de quienes aparecen en nuestras playas.»
[Intervención completa de Emilio Silva)]
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