Intimidar y hostigar a las mujeres que van a interrumpir sus embarazos en clínicas y centros médicos que practican abortos podrá ser castigado con penas de prisión de uno a tres años y trabajos en beneficio de la comunidad. Es lo que propone una iniciativa legislativa presentadas por el PSOE que plantea, por primera vez, convertir en delito este tipo de acoso, que hasta ahora no estaba penalizado, y que ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, excepto PP y Vox. En el debate, uno de los parlamentarios de la formación de ultraderecha llamó «bruja» a la diputada socialista que explicaba la propuesta.

Llevar a grupos de personas a las puertas de las clínicas que realizan abortos para intentar «persuadir» a las mujeres para que no interrumpan sus embarazos, insultándolas o intimidándolas, es una práctica habitual de las organizaciones católicas y anti-abortos desde hace décadas. Y estos centros médicos, así como el movimiento feminista pedían que se tomaran medidas contra esta forma de coartar el ejercicio del derecho al aborto. Y ahora por primera vez, una proposición lleva al Congreso plantea incorporar este tipo de acoso como un nuevo delito en el Código Penal.

La iniciativa ha sido presentada por el PSOE y contempla penas de prisión desde tres meses hasta un año o de trabajos en beneficio de la comunidad que oscilan entre los 31 y 80 días para quienes lleven a cabo este tipo de acoso frente a clínicas abortivas. La proposición ha salido adelante con 199 votos a favor, 144 en contra y dos abstenciones, al recibir el apoyo de todo el arco parlamentario a excepción del Partido Popular y Vox.

El debate en el Congreso sobre esta medida ha estado marcado por el insulto machista del diputado de Vox Javier Sánchez García que ha llamado «bruja» a la socialista Laura Berja mientras esta defendía la propuesta. El parlamentario de la formación ultraderechista fue expulsado de la cámara por el presidente del Congreso aunque se negó durante varios minutos a salir, provocando la suspensión del pleno.

El insulto tuvo lugar mientras Berja aseguraba que el objetivo de los grupos que acuden a los centros abortivos es «someter a escarnio público a las mujeres» y que «Ofender, insultar y llamarlas asesinas no es libertad de expresión, es un delito y es coacción». Un informe de 2019 de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) mostraba que el 89% de las mujeres que acudieron a abortar se habían sentido acosadas y un 66% amenazadas.

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