España se ha llevado una doble «reprimenda» desde organismo europeos que vigilan libertades y derechos. Por un lado la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, ha asegurado que España debería reformar la Ley de Seguridad Ciudadana «dado su potencial represivo» y evaluar en profundidad su funcionamiento práctico y su impacto en los derechos humanos. Y por otro lado, el mismo organismo ha mostrado su preocupación por las «crecientes condenas de prisión a artistas» y ha pedido una reforma del Código Penal -y en concreto de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la Corona- para proteger más la libertad de expresión.

España debería reformar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Es lo que recomienda el dictamen de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa formado por expertos independientes en el campo del derecho constitucional. Según explica un artículo de Andrés Gil en ElDiario.es, han repasado aspectos polémicos como la normativa sobre controles y registros de personas en lugares públicos; la vigilancia de manifestaciones espontáneas y la responsabilidad de los organizadores de éstas; las severas sanciones administrativas previstas por la Ley y las devoluciones de extranjeros en la frontera española en Ceuta y Melilla.

Y aunque, se reconoce y respalda las conclusiones de la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 2020, se advierte de que «si una norma conduce a abusos en la práctica, esta norma debe ser modificada, circunscrita o acompañada de salvaguardas adicionales, aunque en teoría sea constitucionalmente aceptable». Añade que «dado el potencial represivo de esta ley», debería revisarse con regularidad. Asimismo se señala que  hay «una serie de disposiciones abiertas que confían a la policía amplios poderes, pero no indican en qué situaciones se pueden utilizar estos poderes» y habla de que están formuladas de manera «excesivamente amplia».

Pero además, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha mostrado su preocupación por las «crecientes condenas de prisión a artistas por sus letras». Lo ha hecho en una carta enviada al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, poco después de la polémica por el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel, aunque se menciona también actuaciones contra otros artistas por canciones controvertidas o contra activistas en redes sociales por «declaraciones consideradas ofensivas, incluidas declaraciones concebidas como humor».

Mijatovic señala «disfunciones entre la legislación española y las normas internacionales de derechos humanos» y por ello pide una reforma del Código Penal -y en concreto de los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la Corona- para proteger más la libertad de expresión.

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