Ultima vuelta de tuerca a la medidas y mensajes anti-inmigración y disuasorias de Dinamarca. Pese a que fue en 1951 el primera país en firmar en 1951 la Convención de la ONU que protegía a los refugiados, este 3 de junio de 2021 el Parlamento Danés ha aprobado con 70 votos a favor y 24 en contra una ley que permite enviar fuera de los países de la Unión Europea a las personas que soliciten asilo la nación nórdica y externaliza este derecho.

La iniciativa ha suscitado una oleada de críticas de ONGs y organismos internacionales como ACNUR que han condenado que esto implica transmitir responsabilidades a países más pobres y evadir obligaciones internacionales.

La ley que ha impulsado el gobierno socialdemócrata de la primera ministra Mette Frederiksen y que ha contado con el apoyo de las formaciones de derecha y extrema derecha, permite que los solicitantes de asilo sean enviados a otros países. Incluso aunque se les de finalmente el estatus de refugiado, no permanecerían en Dinamarca. Para ello se crearán centros fuera del territorio europeo, y aunque el gobierno danés asegura que no hay aún ningún acuerdo cerrado, la prensa habla de que los candidatos son países como Ruanda, Eritrea o Egipto.

Esta «externalización del asilo» tiene un objetivo claro: disuadir a los solicitantes. El propio portavoz de inmigración del gobierno danés lo reconocía sin tapujos: «Si una persona solicita asilo en Dinamarca ha de saber que será enviado a un país fuera de Europa. Esperamos que de esta manera la gente deje de buscar asilo en nuestro país». De hecho el país nórdico tiene como objetivo oficial llegar a «cero refugiados». En 2019 y 2020 sólo 761 y 600 personas respectivamente obtuvieron asilo en Dinamarca frente a las más de 10.000 en 2015.

Pero la decisión danesa ha desatado una ola de indignación y preocupación. «La idea de externalizar el proceso de asilo es irresponsable y carente de solidaridad», han dicho desde el Danish Refugee Council, mientras otra ONG danesa, ActionAid señalaba que el proyecto seguía «el estilo de Donald Trump y su muro». Por su parte Amnistía Internacional ha señalado que los planes daneses de enviar a solicitantes de asilo a países como Ruanda son «inadmisibles y potencialmente ilegales«.

Por su parte ACNUR, que ya había pedido hace un mes a Dinamarca que no aprobara la ley porque medidas como externalizar el asilo «socavan los derechos de quienes buscan seguridad y protección, los demonizan y castigan y pueden poner en riesgo sus vidas»- ha alertado de un posible efecto dominó. De hecho se ha extendido el temor de que la iniciativa danesa y su enfoque restrictivo de la legislación sobre refugiados arrastre a otros países europeos que ya habían barajado opción similares, como Reino Unido, Hungría o Italia.

También se señala que si un país rico como Dinamarca no está dispuesto a asumir su responsabilidad con los solicitantes de asilo, existe el riesgo de que países más pobres que ya acogen a un gran número de refugiados hagan lo mismo. Y algunos analistas como Sergio Maydeu-Olivares, recuerdan algunos precedentes de externalización de acogida de refugiados. En concreto el de Australia que paga desde hace años a la isla de Nauru para que acojan a todo inmigrante irregular que llega a suelo australiano. Y esta práctica ha dado lugar a incontables abusos y vulneraciones de derechos humanos.

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