España contrató a temporeros marroquíes durante el confinamiento para la recogida de la fresa. Pero a pesar de que se les consideró trabajadores esenciales, ni el Gobierno ni las empresas tomaron medidas para protegerlos del COVID-19 y a los que enfermaron no se les garantizó la atención médica. Es lo que ha asegurado el relator de la ONU de pobreza extrema y derechos humanos, Olivier De Schutter que ha criticado las «pésimas condiciones y desatención» hacia estos trabajadores inmigrantes en España y ha pedido que se mejoren.

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Cada año, alrededor de 3.000 inmigrantes de Marruecos, principalmente mujeres, viajan a Huelva durante la cosecha de fresas. El relator de Naciones Unidas ha recordado que a menudo trabajan por encima del límite legal de horas y se les paga por debajo del salario mínimo, o incluso no se les paga en absoluto, como ya han denunciado tanto su predecesor como varios medios internacionales. Pero además en este 2020 ha denunciado que la pandemia ha empeorado la situación ya que la mayoría han carecido de medidas de seguridad y protección en el trabajo y han vivido en asentamientos superpoblados con un acceso insuficiente a los servicios básicos, incluidos el agua, el jabón y los desinfectantes.

De Schutter ha señalado que las autoridades españolas son responsables de garantizar a los trabajadores migrantes unas condiciones laborales que cumplan con las normas internacionales, entre ellas el acceso a una atención sanitaria adecuada. Pero ha añadido: » Los Gobiernos tienden a culpar a las empresas por las violaciones de los derechos de los trabajadores, y las empresas, a su vez, tienden a ver la aplicación de los derechos laborales como un deber de las autoridades, no suyo». Y ha pedido que este «hábito de pasarse la pelota» acabe.

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