Expertos en derechos humanos alertan sobre la privatización de la guerra y la seguridad

Un informe presentado en Naciones Unidas revela que el mundo se enfrenta a una “privatización encubierta” de la seguridad que erosiona los pilares del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Se detallan las amenazas concretas que suponen estos actores y se advierte que la comunidad internacional debe actuar con celeridad para cerrar los vacíos legales y enfrentar este desafío que, lejos de desaparecer, se está volviendo más complejo y arraigado en la geopolítica del siglo XXI.

Un informe de expertos vinculados a la ONU alerta sobre el papel cada vez más peligroso y desestabilizador que desempeñan los mercenarios y las empresas militares y de seguridad privadas (EMSP) en los conflictos modernos. En concreto se apunta que esta privatización está  amenazando la soberanía de los Estados y los derechos humanos a nivel global.

El documento, presentado por el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios, subraya cómo estos actores han evolucionado más allá de la figura tradicional del soldado de fortuna. Hoy, operan a menudo bajo estructuras corporativas complejas que les permiten evadir responsabilidades y aprovechar vacíos legales.

El informe analiza las diferentes amenazas que representan estos actores:

Desafío a la soberanía estatal: La contratación de estas fuerzas privadas por parte de gobiernos o actores no estatales puede socavar el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. En algunos casos, se utilizan para evitar el escrutinio público sobre las bajas en conflictos, debilitando la rendición de cuentas democrática.

Graves violaciones de derechos humanos: Mercenarios y empresas que los contratan comenten documentados y recurrentes abusos como ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y trata de personas. Su naturaleza transnacional y la opacidad de sus operaciones dificultan enormemente llevar a los perpetradores ante la justicia.

Impunidad generalizada: La arquitectura legal internacional es insuficiente para regular y controlar eficazmente sus actividades. Jurisdicciones ambiguas, contratos secretos y complejas cadenas de subcontratación crean un «vacío de responsabilidad» que la mayoría de los autores explotan

Nuevos modelos de negocio preocupantes: Aparen modelos híbridos, donde las empresas ofrecen no solo seguridad, sino también inteligencia, ciberguerra e incluso influencia política, a veces aliándose con élites corruptas o corporaciones para influir en los resultados de los conflictos

Llamada a la acción internacional

Frente a este panorama, el Grupo de Trabajo de la ONU hace un llamado urgente a los Estados miembros para fortalecer el marco legal internacional, incluyendo la consideración de un nuevo instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las EMSP.

Además, piden garantizar la jurisdicción universal para investigar y enjuiciar los delitos cometidos por mercenarios y realizar una análisis estricto antes de autorizar o contratar los servicios de estas compañías. Y, por supuesto, investigar todas las denuncias de violaciones y asegurar que las víctimas tengan acceso a la justicia y a una reparación.

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