La polémica que sigue rodeando el caso del agente que se infiltró durante más de dos años en movimientos anarquistas, libertarios e independentistas de Barcelona ha traspasado fronteras. Y la demanda que seis de las ocho mujeres que tuvieron relaciones íntimas con el policía y que ahora piden justa es analizada en el diario británico.

The Guardian detalla como el agente infiltrado que se hacía llamar Dani apareció por primera vez en la Cinetika, el centro social de los anticapitalistas en Barcelona a mediados de 2020 y durante dos años y medio se convirtió en habitual de la escena anarquista, protestas contra la policía o contra los desahucios y las cervezas posteriores, manteniendo relaciones íntimas con al menos ocho mujeres…hasta que se supo que era un espía. Y destaca que ahora seis de esas mujeres le han demandado a él y a sus superiores en la Policía por abusos sexual continuado y trato inhumano, además de violación de privacidad y derechos fundamentales. Y enfatiza que el recurso apunta también al Ministerio del Interior español por su responsabilidad en la conducta de las fuerzas policiales. Recoge el testimonio de una de las afectadas que mantuvo una relación de más de un año con el agente infiltrado y que asegura que siente que fue violada, que nunca hubiera estado con él de saber que era policía y que nada justifica que el Estado y la policía interfirieran en su vida.

El artículo pone de relieve que ni el Ministerio del Interior, ni la Policía han dado explicaciones sobre este caso y la demanda, limitándose a confirmar que el agente pertenece a una división de inteligencia. Se cita a una de las abogadas de la demanda que apunta que en el centro de esta polémica está el asunto del consentimiento cuando una de las partes miente sobre su identidad y también se pide que se clarifiquen los motivos que provocaron que una operación de infiltración como esta que viola derechos fundamentales fuera autorizada. Recuerda que esto es algo que la ley española solo permite para casos de terrorismo o narcotráfico, pero se ha llevado a cabo contra movimientos anarquistas, libertarios y de trabajadores, en un intento de criminalizarlos y de ejercer violencia institucional. Y subraya que on la demanda, los activistas buscan también provocar un debate público sobre los límites y control del trabajo policial en una democracia.

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