Aurelia García Cruceño ha sido liberada en México este pasado 20 de diciembre tras pasar tres años entre rejas acusada injustamente de homicidio tras sufrir un aborto involuntario. La joven indígena había sido violada con 19 años por un policía y se quedó embarazada, perdiendo posteriormente de manera fortuita el bebé. Pero fue detenida y encarcelada en 2020, tras un proceso en el que se documentaron numerosas irregularidades, hasta que una jueza ha reconocido su inocencia y ordenado su liberación.

Numerosas organizaciones feministas, de DDHH e indígenas en México, tras años de defender la inocencia de Aurelia y hacer campaña por su causa, han celebrado la noticia. Tras pasar tres años en la cárcel, la joven de 23 años era finalmente declarada inocente y liberada por la jueza Mariela Alfaro Zapata.

La joven indígena tenía 18 años cuando comenzó a sufrir de abuso sexual constante por parte de un policía en el pueblo Xochicalco, en el estado de Guerrero. Tras quedarse embarazada huyó de su comunidad por miedo a las represalias que podría haber recibido por tener un hijo fuera del matrimonio. Pero con 8 meses sufrió un aborto involuntario. Perdió tanta sangre que tuvo que ser atendida en un hospital y allí fue detenida por presuntamente atentar contra la vida de su hijo.

Y en 2020, Aurelia García fue sentenciada a 13 años y cuatro meses de prisión, tras haber sido forzada a aceptar su responsabilidad por el delito de homicidio en razón de parentesco. La joven firmó documentos sin que las autoridades le explicaran en qué consistía y no contó con un intérprete pues ella no habla español, solo náhuatl.

Su condena había sido revertida por la Magistrada Indalecia Pacheco que ordenó repetir el juicio por «violaciones a derechos humanos, cometidas durante el proceso, en perjuicio de Aurelia como mujer indígena». Pero la joven ha pasado tres años entre rejas hasta que la justicia mexicana ha examinado en profundidad su caso y la ha declarado inocente. Desde IMDHD se destaca que importancia de la sentencia emitida por la jueza  Mariela Alfaro Zapata «con perspectiva de género y enfoque intercultural» que sienta un precedente fundamental para las mujeres víctimas de violencia en el estado de Guerrero.

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