Varias organizaciones se han dirigido por carta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para pedir la adopción urgente de una Ley de Vivienda en España. Reclaman un mecanimo de control de precios del alquiler, un parque social de viviendas que asegure el acceso a la vivienda, asegurar que las personas que han sido desalojadas de su vivienda tengan acceso a una vivienda alternativa adecuada y que se cumplan las recomendaciones de Naciones Unidas.

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Desde Amnistía Internacional recuerdan que el precio del alquiler en España ha subido un 50% en solo 5 años y hay 3,4 millones de viviendas vacías, según el último censo de 2011.

Los siete elementos indispensables que debe contener la Ley de Vivienda, según dichas organizaciones consisten, por un lado, en definir la vivienda como un derecho humano subjetivo, establecer la obligación de disponer de un parque social de viviendas que asegure el acceso a la vivienda e incluir la obligación de asegurar que las personas que han sido desalojadas de su vivienda tengan acceso a una vivienda alternativa adecuada.

También, insisten en la necesidad de recopilar estadísticas sobre las personas que han perdido su hogar de manera desagregada por edad, sexo, entre otros aspectos, y la obligación de que los jueces y juezas puedan considerar la situación de una persona en riesgo de pérdida de su hogar antes de dictar la orden de desahucio.

Además, abogan por introducir un mecanismo de control de precios en las viviendas de alquiler que garanticen la asequibilidad de la vivienda, y contemplar las reformas legales necesarias para que se cumplan las recomendaciones de Naciones Unidas. Recordando que España ha sido objeto de seis dictámenes desde el año 2015 al 2021 en los que el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas ha concluido que España estaba vulnerando el derecho a la vivienda.

Señalan el alto número de desalojos, destacando que desde el año 2013 hasta el 2021, se han producido en España 469.513 desalojos, 274.618 por impago del alquiler, 172.693 por impago de la hipoteca y 22.202 por otras cuestiones. Y, en 2020 hubo un total de 29.406 desalojos. También ponen el foco en la ausencia de estadísticas sobre personas que han perdido su vivienda. Apuntan que casi una década después de que Naciones Unidas pidiera desglosar las cifras de personas sin vivienda, las estadísticas sobre desalojos no muestran el número de personas que han perdido su vivienda como consecuencia de un desalojo, ni por tanto existen datos desagregados que permitan obtener un diagnóstico sobre el acceso y disfrute del derecho a la vivienda en España y diseñar estrategias ajustadas a la realidad.

El escaso parque de vivienda social es otro de los problemas sobre la vivienda en España, que, afirman, cuenta con un parque de viviendas que representa el 2,5% del total de viviendas. Situándose a más de 6,5 puntos porcentuales por debajo de la media de los países de la Unión Europea, que se sitúa en el 9% aproximadamente. De modo que España sólo supera a Eslovaquia, Bulgaria, Portugal, Estonia, Croacia, Rumanía, Grecia o Chipre y está muy alejada de países como Holanda (30%), Austria (24%) Dinamarca (20%) Suecia (19%), Reino Unido (17,6%) y Francia (16%).

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