“Mientras que una reciente resolución de la ONU, insta a los gobiernos a acelerar el progreso hacia el acceso universal y asequible a servicios de salud de calidad, el Gobierno español, pasando por alto el procedimiento parlamentario, promulgó un Real Decreto para limitar el acceso a los servicios gratuitos de salud, socavando así el principio de cobertura universal”.

 


(Foto: flickr/ Adolfo Luján)

 

“En los últimos años, los presupuestos de servicios sociales y salud han sido objeto de importantes recortes (13,7% en 2012 y 16, 2% en 2013) y eso sin contar que en algunas regiones se han impuesto recortes presupuestarios adicionales. En septiembre de 2012, un Real Decreto provocó que unos 873 000 residentes (probablemente incluyendo a inmigrantes ya no viven en España) perdieran el derecho a una atención especializada. El gobierno justifica la política de austeridad, a pesar de que los gastos públicos dedicados a la salud en España ya estaban entre los más bajos de Europa“.

“Con la nueva ley, las personas pierden su derecho a la atención integral a menos que sean menores de 18 años; también serán atendidos durante el embarazo, el parto y el puerperio, y en caso de emergencia después de un grave enfermedad o lesión. Sin embargo, hay muchos obstáculos. Médicos del Mundo ha documentado 1192 casos en que las personas eran incapaces de obtener atención debido a la falta de documentación adecuada, interpretaciones contradictorias del Decreto y, en algunos casos, por culpa de la discriminación y el racismo“.

“Estos cambios podrían tener consecuencias graves para la salud de la población, especialmente en lo que respecta a la tuberculosis y el VIH, y podría amenazar el acceso a la salud mental, la lucha contra las adicciones, y la atención de enfermedades crónicas a poblaciones vulnerables, como las personas sin hogar”.

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