Todo empezó el 17 de junio de 1972. El teletipo indicó: “Cinco detenidos por entrar clandestinamente en una oficina del complejo Watergate”. Parecía una historia de delincuentes comunes. Pero unos tipos se fijaron en que en el complejo Watergate estaba la sede del Comité Nacional Democrata y uno de los detenidos era James McCord el jefe de seguridad del comité para la reelección del presidente Nixon. Esos tipos fueron Bob Woodward y Carl Bernstein, periodistas del Washington Post a los que asignaron la historia. Terminó siendo el caso más encandaloso de abuso de poder en Estados Unidos y provocó la caída de Richard Nixon.

Woodward y Bernstein, con la editora Katherine Graham
(Foto: Flickr/Jlnewland)

Primero se descubrió que los detenidos estaban poniendo en funcionamiento una serie de micrófonos que ya estaban en la oficina y copiando archivos. Y los periodistas supieron que el grupo había llegado de Miami, llevaban guantes y… miles de dólares en efectivo. “Parecía un trabajo profesional”, aseguró una fuente policial.

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Poco después otros dos hombres fueron acusados de guiar a los intrusos en el Edificio Watergate con walkie talkies desde un hotel enfrente. Eran Howard Hunt y Gordon Liddy. Uno era ex agente de la CIA y el otro del FBI y ambos habían trabajado en la Casa Blanca de Nixon. Liddy incluso era responsable financiero del comité para la reelección.

Mark Felt, el confidente anónimo de los periodista apodado Garganta Profunda, fue quien sugirió a Woodward que siguiera el rastro del dinero pagado a los detenidos por instalar micrófonos. El 1 de agosto de 1972, el Washington Post publicó que un cheque de 25.000 dólares proveniente de los fondos de la campaña de Nixon fue ingresado en una cuenta de uno de los cinco detenidos por entrar en el Watergate.

Fue el primer indicio que relacionaba directamente al presidente, y en concreto sus finanzas para la reelección, con la trama de espionaje. Sobre todo cuando los periodistas lograron vincular el cheque con Maurice Stans, el ex Secretario de Comercio y responsable de la recaudación de fondos de Nixon.

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Cuando empezaron las revelaciones periodísticas, la reacción del presidente fue quitar hierro a los hechos. Confiaba en que no se supiera mucho más y el asunto quedara en el olvido. Era año de elecciones y de hecho en noviembre, Nixon salió reelegido con un 60% de apoyo. Y eso a pesar de que Woodward y Bernstein lograron estrechar el cerco entorno a él y vincular al caso a gente muy cercana. Probaron que el fiscal general controlaba un fondo secreto con el que se pagó una operación para recabar información sobre los demócratas y que ayudantes de Nixon estaban involucrados en una trama de espionaje político a gran escala para sabotear a sus rivales.

En febrero de 1973, se creó un Comité de Investigación en el Senado y un Jurado para profundizar en el caso. En marzo, Nixon invocó la doctrina del “Privilegio del Ejecutivo” para tratar de evitar los ataques y justificar las negativas de sus colaboradores a declarar ante los investigadores.

Una portada del Washington Post sobre el caso

En abril, sin embargo empiezan las dimisiones de integrantes de la Administración de Nixon salpicados por el caso. Entre ellos el jefe de gabinete H.R. Haldeman y el asesor John Ehrlichman. A finales de junio, en un testimonio público ante el Comité del Senado, Alexander Butterfield reveló que Nixon había grabado la mayor parte de sus conversaciones y llamadas en la Casa Blanca desde 1971.

Las cintas se convierten entonces en el siguiente motivo de batalla. Nixon se resistió a entregarlas. Incluso despide al fiscal que investiga el caso. Hasta que la amenaza de un Impeachment, le convence de hacerlo en octubre de 1973. Aunque posteriormente se descubrió que algunos fragmentos de las grabaciones entregadas habían sido borrados.

Fue entonces cuando asegura: “Nunca he interferido con la justicia y no soy un tramposo“. Acusó al Washignton Post de estar engañando al público. Pero Woodward y Bernstein obtuvieron toda clase de documentos que demostraron que Nixon había mentido y que entorpeció la investigación del caso, alegando razones de seguridad nacional. Todavía aguantó en su cargo hasta el 8 de agosto de 1974. Es el día en que dimite.

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