Internet opina: «Desde la red ya se han mandado 25.000 emails a los europarlamentarios contra la jornada de 65h»
Cesar Calderón, responsable del blog Netoratón 2.0, considera que la directiva aprobada por la Comisión Europea que permite jornadas laborales de hasta 65 horas semanales es un grave retroceso para los derechos de los trabajadores. Por ello encabeza la campaña de protesta y presión en la red para conseguir que el Parlamento de Bruselas no de el visto bueno a la norma. Explica que en pocos días, los 54 eurodiputados españoles han recibido ya 25.000 correos electrónicos pidiéndoles que voten en contra y más de 6.000 personas la están secundando también en las redes sociales. La campaña incluso está traspasando las fronteras españolas.
Cesar Calderón piensa que la larga historia de la reivindicación de los derechos laborales se ha centrado siempre en mejorar las condiciones de trabajo y acortar la jornadas. Pero para ello, un pilar fundamental ha sido la negociación colectiva que ha permitido lograr muchos de los derechos que existen actualmente. La nueva directiva que quiere impulsar la UE lo que pretende es individualizar esa negociación, que cada empresario pueda negociar con cada trabajador. Para el blogger eso sería abrir la puerta de nuevo a la explotación.
Para tratar de evitar que la directiva sea aprobada por el Parlamento, Calderón y otros bloggers han lanzado la campaña «65 horas. Ni de coña«, cuya primera fase ha sido enviar emails a los eurodiputados españoles para advertirles que se están jugando su voto. De momento más de 25.000 internautas ya les han escrito y la campaña se sigue extendiendo como la pólvora gracias a los cientos de blogs en toda Europa que la están secundando y a las redes sociales como Facebook y Tuenti, donde ya se han inscrito 2.000 y 4.000 personas respectivamente.
Cesar Calderón señala además que pese a las críticas al gobierno español por no haber votado en contra, esto en realidad ha evitado que la norma quedara bloqueada en la Comisión y que esta institución la pudiera aplicar de facto. La abstención permitió que la directiva fuera enviada al Parlamento Europeo donde es posible influir para «tumbarla». Y España es quien está encabezando la oposición a la normativa.
