España ha dado pasos relevantes en los últimos años para abordar la violencia sexual, pero casi la mitad de las mujeres en el país siguen sin contar con asistencia integral en caso de sufrir algún tipo de agresión sexual. Amnistía Internacional denuncia especialmente la falta de centros y la desigual atención a nivel autonómico -con nueve CCAA que aún no han impulsado medidas de protección integral-. Y pide que se aproveche la nueva ley de Libertad Sexual y que haya un presupuesto específico en los PGE 2021, para proteger más a las mujeres de estas agresiones.

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El 48% de las mujeres, según AI, sigue sin contar en España con asistencia integral en caso de sufrir algún tipo de agresión sexual. No tienen, por ejemplo, acceso a centros a los que dirigirse para solicitar ayuda, y en los que se les pueda dar atención médica, psicológica y asesoramiento legal si quisieran presentar una denuncia. Y en este campo, existe además una gran desigualdad en cuanto a la atención por comunidades autónomas que ya denunció Amnistía en su informe «Ya es hora de que me creas» hace dos años.

Desde entonces algunas, como Asturias y el Ayuntamiento de Madrid, han creado centros de crisis que atienden de manera integral a las mujeres víctimas de violencia sexual 24 h del día. Otras siete comunidades (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla León, Comunidad Valenciana, y Murcia) también ofrecen asistencia coordinada y permanente para víctimas de violencia de género y violencia sexual. Mientras que en Castilla La Mancha y en Euskadi existe un programa de atención psicológica para mujeres víctimas de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja y en Cataluña se ha creado una unidad contra las agresiones sexuales.

Pero se apunta que aún hay nueve comunidades que no han impulsado medidas que protejan de manera integral a las mujeres. Y AI considera que tanto la nueva ley de Libertad Sexual, que está preparando el Ejecutivo, como los Presupuestos Generales del Estado, son oportunidades para avanzar en la prevención de la violencia sexual. Pide en concreto presupuestos específicos para ello. Detalla que en los PGE 2021 hay una partida de 180 millones de euros para el cumplimiento del Pacto de Estado de Violencia de Género, un 15% más que el año anterior. Pero advierte de que preocupa que solo cinco millones están expresamente dirigidos a programas de apoyo a víctimas de violencia sexual.

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