El pasado 26 de septiembre -coincidiendo, intencionadamente o no, con la semana de huelga mundial por el clima-, Endesa anunciaba su decisión de cerrar todas las centrales térmicas de carbón que tiene en la península, en particular las dos más contaminantes, As Pontes en Coruña y Litoral en Almería, que en principio iba a mantener en funcionamiento hasta 2030. Esta decisión supone un paso más hacia la «decarbonización» energética y mejorar significativamente los registros de emisiones de CO2 españoles. Pero para el gobierno, que además se encuentra en funciones y con la política energética sin definir, deja también un dilema ante el problema laboral que se avecina poco antes del 10N.
Desde que en 2017, Iberdrola anunciaba que iba a cerrar sus centrales térmicas de carbón y Naturgy lo hiciera el pasado enero, la muerte de estas plantas estaba anunciada. La propia Endesa ya había decidido cerrar las centrales que tenía en Compostilla (León) y en Andorra (Teruel), pero en sus planes eran mantener las de As Pontes y Litoral. Sin embargo la constatación de la pérdida de competitividad de estas plantas por el aumento del coste del CO2 que emite, ha convencido a Endesa para acelerar su cierre y apostar por la energía renovable.
La decisión también va en consonancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que publicó el gobierno en febrero de este año y que prevé que para el 2030, el 70% de la generación eléctrica en España sea libre de emisiones. Existe asimismo una presión de la UE para avanzar hacia una decarbonización general. Una central de carbón emite en torno a mil gramos de CO2 por kilovatio/hora, por lo que los cierres van a contribuir significativamente a mejorar los registros en este terreno.
Endesa ha anunciado asimismo que aumentará “de manera significativa” en su próximo plan estratégico las inversiones destinadas a capacidad de generación renovable. Pero la decisión de cerrar As Pontes y Litoral ha provocado un terremoto en las dos localidades ya que conllevaría más de 300 despidos directos y más de un millar de indirectos. Los trabajadores ya han salido a la calle, sobre todo en la localidad gallega donde incluso planean una huelga general, para protestar por el cierre.
Aún no hay fecha cerrada para la clausura de las plantas ya que depende del permiso que debe otorgar el Ministerio para la Transición Ecológica. Pero la decisión ha dejado a Teresa Ribera y al gobierno ante cierto dilema. La compañía, aunque ha asegurado a los sindicatos que intentará recolocar al personal y dará «formación en renovables«, no tiene previsto clarificar hasta después de la campaña electoral las inversiones que va a hacer, ni sus planes en la zona. Por ello, existe el temor a que el descontento en estas localidades tenga impacto electoral.
Pero además el cierre adelantado de las centrales térmicas de carbón puede afectar a la capacidad de generación de energía de España. El Ministerio de Transición Ecológica contemplaba en principio que siguiera habiendo megavatios de carbón hasta 2030. Con el cierre de As Pontes y Litoral, solo quedarían tres plantas en España la gaditana de Los Barrios de Viesgo y las asturianas Aboño y Soto de Ribera de EDP España. Aunque todas ellas con serios problemas de rentabilidad por la coyuntura. Y todo esto con la reestructuración del sistema eléctrico español pendiente por la ausencia de un plan sólido, agravada por la falta de gobierno.
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