Solo en 2023, el comercio de estos minerales superó los 2,5 billones de dólares —el 10% del comercio global— y su demanda podría cuadruplicarse para 2040. Su extracción puede ayudar a una transición energética y el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero también guerras y corrupción. La ONU propone un «pacto global» por una minería justa y beneficiosa para todos.

El litio de nuestros teléfonos, el cobalto de nuestros coches eléctricos y el níquel de nuestras baterías no solo impulsan la economía global, sino que están redefiniendo el mapa geopolítico y, en algunos casos, financiado conflictos sangrientos. Así lo advirtió recientemente Rosemary DiCarlo, subsecretaria general de la ONU para Asuntos Políticos, en una sesión urgente del Consejo de Seguridad dedicada a un tema que, según ella, «determinará el futuro de cientos de millones de personas»: la carrera por los minerales críticos y sus riesgos ocultos.

Una riqueza con dos caras: desarrollo y destrucción

El comercio de estos minerales —que en 2023 movió 2,5 billones de dólares (el 10% del comercio global)— podría triplicarse para 2030 y cuadruplicarse para 2040, impulsado por la demanda de tecnologías verdes. Pero esta bonanza esconde una paradoja: «Mientras estos recursos pueden sacar a países de la pobreza, su extracción irresponsable está alimentando guerras, abusos contra derechos humanos y destrucción ambiental», alertó DiCarlo.

El ejemplo más crudo es la República Democrática del Congo (RDC), donde se extrae el 70% del cobalto mundial, clave para baterías de teléfonos y coches eléctricos. Allí, grupos armados como el M23 obtienen más de un millón de dólares al mes mediante minería ilícita, según informes de la ONU. «El control de las zonas ricas en minerales no solo financia la violencia, sino que debilita la gobernanza y perpetúa ciclos de conflicto», explicó DiCarlo, quien recordó que el Consejo de Seguridad ya ha impuesto sanciones a actores que comercian con estos recursos en la RDC, Libia y Somalia.

Pero el problema no es exclusivo de África: Myanmar, rico en tierras raras (esenciales para imanes de alta tecnología), vive un conflicto donde la minería ilegal alimenta a grupos armados mientras Ucrania, con reservas clave de titanio y litio, ve cómo la guerra ha paralizado su potencial minero, crucial para la reconstrucción. Y América Latina, con sus vastos yacimientos de litio en el «triángulo del litio» (Argentina, Bolivia, Chile), enfrenta tensiones por su explotación, donde comunidades indígenas denuncian desplazamientos y contaminación de acuíferos.

La ONU propone un «pacto global» por una minería justa

Ante este escenario, la ONU lanzó tres prioridades urgentes para evitar que la fiebre por los minerales críticos profundice las desigualdades y los conflictos. Primero extracción con justicia social: fortalecer las instituciones locales para que las comunidades (especialmente indígenas y rurales) participen en las decisiones y reciban beneficios reales. Y también evitar que la minería reproduzca patrones de explotación laboral y daño ambiental, como ha ocurrido en el Congo o la Amazonía.

En segundo lugar, trazabilidad y transparencia: crear sistemas globales para rastrear el origen de los minerales y cortar el flujo de recursos que financian guerras. DiCarlo mencionó avances como el Proceso de Kimberley (que certifica diamantes «libres de conflicto») y pidió extenderlo a otros minerales. Asimismo dialogar entre países productores (como Chile o la RDC) y consumidores (EE.UU., UE, China) para equilibrar la cadena de suministro.

Y finalmente diplomacia preventiva: incluir la gestión de recursos naturales en los acuerdos de paz. En Colombia o la RDC, se ha visto cómo los conflictos por tierras y minerales pueden reavivarse si no se abordan en las negociaciones. Usar los Paneles de Expertos de la ONU para investigar y sancionar el comercio ilícito, como ya se hace con el carbón de Corea del Norte o el oro de Sudán.

¿Una oportunidad para la paz?

Pese a los riesgos, DiCarlo subrayó que estos minerales también ofrecen una oportunidad histórica: «Si se gestionan bien, pueden ser un motor de desarrollo sostenible, crear empleos dignos y hasta ayudar a construir paz».

Y hay algunos ejemplos esperanzadores: Chile, que ha logrado acuerdos con comunidades indígenas para explotar litio con estándares ambientales y participación local. Noruega, que usa sus ingresos del petróleo para financiar energías renovables y fondos sociales o Ruanda, que ha reducido el contrabando de minerales mediante certificaciones digitales y cooperación regional

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