«Mientras que una reciente resolución de la ONU, insta a los gobiernos a acelerar el progreso hacia el acceso universal y asequible a servicios de salud de calidad, el Gobierno español, pasando por alto el procedimiento parlamentario, promulgó un Real Decreto para limitar el acceso a los servicios gratuitos de salud, socavando así el principio de cobertura universal».

(Foto: flickr/ Adolfo Luján)

«En los últimos años, los presupuestos de servicios sociales y salud han sido objeto de importantes recortes (13,7% en 2012 y 16, 2% en 2013) y eso sin contar que en algunas regiones se han impuesto recortes presupuestarios adicionales. En septiembre de 2012, un Real Decreto provocó que unos 873 000 residentes (probablemente incluyendo a inmigrantes ya no viven en España) perdieran el derecho a una atención especializada. El gobierno justifica la política de austeridad, a pesar de que los gastos públicos dedicados a la salud en España ya estaban entre los más bajos de Europa«.

«Con la nueva ley, las personas pierden su derecho a la atención integral a menos que sean menores de 18 años; también serán atendidos durante el embarazo, el parto y el puerperio, y en caso de emergencia después de un grave enfermedad o lesión. Sin embargo, hay muchos obstáculos. Médicos del Mundo ha documentado 1192 casos en que las personas eran incapaces de obtener atención debido a la falta de documentación adecuada, interpretaciones contradictorias del Decreto y, en algunos casos, por culpa de la discriminación y el racismo«.

«Estos cambios podrían tener consecuencias graves para la salud de la población, especialmente en lo que respecta a la tuberculosis y el VIH, y podría amenazar el acceso a la salud mental, la lucha contra las adicciones, y la atención de enfermedades crónicas a poblaciones vulnerables, como las personas sin hogar».

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El prestigioso diario económico ha dedicado un editorial a lo que considera «La próxima crisis de España» en el que asegura que «No es demasiado tarde para que Madrid acomode a los catalanes» y también que el gobierno tiene que encontrar la manera de «idear una casa plurinacional lo suficientemente cómoda para sus diversas realidades culturales».

(Foto: flickr/Barcelona.cat)

El importante diario también destaca que «casi dos tercios del parlamento de Cataluña han pedido un referéndum de independencia que conduce a España hacia un importante conflicto constitucional». Además, reclama altura de miras a los responsables de las instituciones en España: «los políticos de ambos bandos de este creciente abismo deben convertirse en hombres de Estado para evitar que lo que es un problema de raíz política se convierta en un problema que amenace el propio Estado».

El texto defiende que Cataluña ha sorprendido al gobierno estatal «al formar una alianza con los separatistas y con elementos de la izquierda catalana». «Han marcado una fecha para un plebiscito el próximo noviembre que preguntará a los catalanes dos preguntas: quieren que Catalunya sea un Estado, y si lo desean, quieren que este Estado sea independiente?», un plebiscito que el diario considera que, pese a todo, contiene «los ingredientes para la solución».

Según el diario británico, «Más que liderar a su gente, Mas está siendo liderado por el pueblo, y Rajoy lo ha arrinconado entre la espada y la pared al insistir en que la Constitución post-Franco, que consagra la indisoluble unidad de España, es inmutable«. Además asegura que la Constitución era un marco idóneo para buscar soluciones «hasta que el PP de Rajoy la saboteó el 2010, al persuadir a sus candidatos en el Tribunal Constitucional para que recortaran partes del estatuto de autonomía de Cataluña».

Para Financial Times, el asunto es «un problema político que requiere una solución negociada»

«En Madrid, la vigilancia va a pasar a ser un asunto privado. La Comisión de Interior del Congreso ha dado vía libre a la nueva ley de seguridad, que permitirá a los agentes de seguridad privados no sólo patrullar en espacios abiertos, -como centros comerciales peatonales, zonas industriales o en cualquier acontecimiento deportivo, cultural o social realizado en vías o espacios públicos-, sino también practicar detenciones y registros».

(Foto: flickr/Mº del Interior)

«La nueva legislación -explica Silvia Ragusa- fue aprobada con los votos del Partido Popular, de los nacionalistas catalanes de Convergència i Unió y del Partido Nacionalista Vasco. La ley, que ha suscitado la fuerte oposición de los socialistas y del Grupo de Izquierda plural, pasa ahora examen en el Senado para su aprobación definitiva. Según estos grupos de la oposición, se está dando en definitiva un claro primer paso hacia la privatización de un sector tan sensible como el de la seguridad».

«En otros ámbitos, como por ejemplo el de los representantes del comercio de Madrid y Barcelona también existe preocupación: aseguran que es bueno tener más controles, pero no que estén en manos privadas. Aumentar los controles, sobre todo en zonas peatonales, me parece positivo, ha explicado Hilario Alfaro, presidente de la Confederación de comerciantes de Madrid, pero siempre y cuando este control sea coordinado y dependiente de las fuerzas de seguridad del Estado».

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Desde luego España ha brillado con luz propia en la prensa internacional esta semana: La noticia de la consulta catalana ha tenido un gran impacto en el mundo entero. Pero no ha sido la única: Ana Botella, Mariano Rajoy hablando de Mandela…

Problemas territoriales, inseguridad jurídica, problemas de marca país, y unos líderes a la altura de las circunstancias…

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«Las Vegas Sands Corp. compañía operadora de casinos controlada por el multimillonario Sheldon Adelson, ha dejado de lado los planes para construir un mega-complejo de 35.000 millones de dólares en España, según fuentes cercanaa a la empresa. Las Vegas Sands dijo en febrero que había elegido Alcorcón, un suburbio de Madrid, como sede de lo que hubiera sido el complejo más grande de Europa».

(Foto: flickr/Salvador Victoria)

«El proyecto se iba a llevar a cabo en varias fases a lo largo de 10 a 12 años, e iba a incluir 12 casino-resorts, con 36.000 habitaciones».

«La fuente, que pidió no ser identificada debido a que la decisión no es pública aún, no aportó ninguna razón para la postura tomada por la compañía. Lo que sí es seguro es que termina aquí la posibilidad de un gran proyecto a largo plazo que los propulsores dijeron ayudaría a España mejorar su economía . Adelson, quien visitó Madrid el mes pasado, pidió al gobierno español una normativa a medida sobre impuestos y el compromiso de que las nuevas leyes no podrían cambiar con futuros gobiernos».

«Además exigió que no se aplicara la prohibición de fumar en sitios públicos que rige en el país y que se levantaran las restricciones en el negocio de las apuestas online».

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