Unos de los magistrados más serios de Madrid, Ricardo Bodas, acaba de dictar una sentencia que era de justicia. No solamente de justicia legal, si no sobre todo moral.

En la primera aplicación directa de la Ley de Igualdad el juzgado dicta la nulidad del despido de una mujer empleada del hogar por estar embarazada, a pesar de que había firmado un «finiquito» y de que hasta ahora, en aplicación de un Decreto de los años 80, la relación al ser considerada de «especial confianza» entre empleadora y empleada permitía el despido sin más explicaciones.

Las implicaciones que se me ocurren, sin pensarlas mucho son, por ejemplo, tremendas para todos aquellos sátrapas que no dudan en rasgarse la vestiduras por la inmigración, por la chusma, por el ateísmo rampante, o por la falta de seriedad de la sociedad (que caracteriza a este país de rojos…), o para para todos aquellos que las consideraciones políticas se la traen al pairo, o para aquellos que defienden en público los derechos sociales pero en privado los olvidan (patronal y sindicatos apenas discutieron de este asunto en su última mesa de negociación). Finalmente, unos y otros obran de igual manera, no dudando en disfrutar de sus estatus sociales (de los que seguramente se jactan y presumen constantemente, siempre ligado a sus esfuerzos, sus méritos y sus «derechos de sangre») pero luego no responsabilizándose de nada seriamente.

Estos, a los que la «chica» les dura seis meses, y protestan y hablan de lo mal que está el servicio (¡señorito!) porque las tratan como ciudadanas de segunda, prácticamente como esclavas, y a pesar de ello las encargan el cuidado de sus hijos, de sus casas y de sus bienes, para realizar un trabajo que el el noventa y cinco por ciento de la población se realiza a sí mismo. Se calcula que hay unas 750.000 mil personas que trabajan en esta actividad según la última EPA, y aunque muchas de estas no lo hacen a tiempo completo, daría a unas 600.000 familias en España contratando este servicio. Aun con ello la apreciación social haría parer que son muchos más (y quizás lo sean).

Desde luego, entre los empleadores de empleadas del hogar hay gente seria, que necesitan que se les preste este servicio, tal y como cualquier empresario necesita empleados, a los que trata dignamente, no solamente en el ámbito emocional o humano, sino el formal, pecuniario y por los que tributa decentemente. Estas personas tendrán un problema cuando se les presente, indudablemente la vida es complicada, pero se tomarán sus privilegios como lo que son en un Estado de Derecho, como responsabilidades para con los demás. Pero son los menos, otro cálculo estima que dos tercios de estas trabajadoras no cotizan porque no están de alta en la Seguridad Social.

La decencia no es un crucifijo, ni una hoz y un martillo, ni un discurso fatalista, la decencia es otra cosa. Gracias Señoría.