Gonzalo Delacámara, IE University
Durante mucho tiempo, en las economías avanzadas, el agua ha sido víctima de un éxito social: la universalidad de los servicios de agua. Se da, de hecho, una disonancia cognitiva: advertimos de su escasez, al tiempo que garantizamos un suministro estable.
Se abre el grifo y se instala la ilusión de que el problema ha quedado resuelto y, con ella, la sospecha de que hablar de agua e igualdad de oportunidades pertenece a un repertorio retórico importado. Como si la cuestión hídrica fuera, en el mejor de los casos, parte de la agenda humanitaria y, en el peor, una sofisticación conceptual sin arraigo material.
Esa tranquilidad es engañosa. El agua no ha dejado de ser una condición necesaria para la igualdad. Simplemente, en algunos lugares, se ha invisibilizado.
2 100 millones de personas sin acceso a agua potable segura
Este año, el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos de la UNESCO, presentado por el Día Mundial del Agua, lleva un título revelador: “Agua para todas las personas: igualdad de derechos y oportunidades”. No es una elección estética. Se subraya que el acceso al agua limpia, segura y asequible, junto con la participación equitativa y significativa de las mujeres en la gestión del agua, es esencial para reducir la pobreza y construir sociedades más sanas y justas.
Los datos más recientes del programa conjunto Organización Mundial de la Salud/UNICEF son difíciles de relativizar: en 2024, 2 100 millones de personas seguían sin acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura; 3 400 millones carecían de saneamiento gestionado de forma segura y 1 700 millones no disponían siquiera de servicios básicos de higiene en el hogar.
Entre 2015 y 2024 ha habido avances inequívocos, pero Naciones Unidas advierte que el ritmo actual debería multiplicarse por ocho para alcanzar el acceso universal al agua potable segura en 2030.
Y el sesgo de género es nítido: globalmente, el 26 % de las mujeres y niñas (1 100 millones) carece de acceso a agua potable gestionada de forma segura. En 53 países con datos disponibles, las mujeres y niñas dedican 250 millones de horas al día a recoger agua, más de tres veces el tiempo que dedican los hombres y los niños.
Porcentaje de la población con acceso a servicios de agua potable.
OMS, CC BY
Un recurso que determina oportunidades
En una coyuntura marcada por la fractura del orden mundial, el encarecimiento de las infraestructuras críticas, la presión sobre las finanzas públicas y la creciente competencia por recursos estratégicos, el agua ya no distribuye sólo bienestar: distribuye riesgo, tiempo, productividad y horizonte vital.
El agua desborda los márgenes sectoriales y emerge en el centro de las discusiones sobre seguridad alimentaria, resiliencia climática, competitividad industrial y cohesión social. Lo que está en juego no es únicamente la disponibilidad física del recurso, sino su traducción en oportunidades reales.
Y sin embargo, incluso ahora deberíamos formular mejor la pregunta. No se trata sólo de cuánta agua hay, ni siquiera de quién accede a ella. La pregunta políticamente relevante es otra: cómo distribuye el agua las oportunidades en una sociedad. A quién libera tiempo, impone cargas, protege, expone; a quién permite estudiar, trabajar, descansar, cuidar o emprender.
En ese punto, conviene desconfiar de una expresión demasiado celebrada: la igualdad de oportunidades. El sociólogo César Rendueles ha explicado que, formulada de cierto modo, puede convertirse en una coartada elegante para aceptar desigualdades de partida cada vez más profundas.
El profesor de Derecho y filósofo político Michael Sandel, desde otra tradición, ha mostrado cómo la meritocracia, cuando se convierte en un axioma, termina por legitimar el éxito como si fuera una obra puramente individual, olvidando hasta qué punto depende de ventajas heredadas, bienes públicos, contextos institucionales y trabajos invisibles. Dicho de otro modo: una sociedad puede dar el pistoletazo de salida y seguir siendo profundamente injusta si algunos parten descansados y otros exhaustos.
El agua obliga a aterrizar esa crítica. No es posible la meritocracia cuando las condiciones materiales de partida son tan desiguales. No la hay cuando millones de niñas y mujeres siguen perdiendo horas de educación, de empleo o de descanso en la recogida de agua. Tampoco cuando la ausencia de saneamiento compromete la salud, la seguridad, la privacidad y la continuidad escolar. No la hay cuando la infraestructura doméstica del bienestar (beber, limpiar, cocinar, cuidar) descansa desproporcionadamente sobre quienes ya parten con menos tiempo, renta o reconocimiento. Los datos no invitan a la metáfora: invitan a revisar la gramática moral del mérito.
Desigualdad hídrica en países ricos y en desarrollo
Aquí es donde las investigaciones de los economistas Esther Duflo, Abhijit Banerjee y Michael Kremer, ganadores del Premio Nobel de Economía en 2019, resultan especialmente valiosas. La desigualdad no se expresa sólo en grandes agregados macroeconómicos, sino también en pequeñas fricciones acumulativas, en costes aparentemente menores que acaban deformando trayectorias vitales. El agua está en el centro de este desafío. No como un detalle sectorial, sino como un factor esencial para que la educación, la salud o el trabajo dejen de ser promesas abstractas.
Quienes viven en países con prestación universal de los servicios de agua, podrían objetar que ese vínculo entre agua y género sólo tiene sentido en países de renta baja. Pero eso sería confundir la desaparición del problema con su transformación.
En las economías avanzadas, la desigualdad hídrica ya no siempre adopta la forma extrema de caminar para acarrear agua. Se presenta, más bien, como desigualdad en la capacidad de pago, en la resiliencia frente a sequías e inundaciones, en la exposición a viviendas precarias, en la capacidad de absorber interrupciones del servicio, en la carga cotidiana de los cuidados y también en la representación ante los órganos de decisión.
En los países de renta media y baja, en cambio, esa realidad sólida sigue siendo abrumadora. Allí, el agua no solo condiciona el bienestar, sino también el itinerario vital. Cuando el suministro no está en la vivienda, son sobre todo mujeres y niñas quienes asumen la recogida en siete de cada diez hogares. Cuando no hay saneamiento digno, aumentan los riesgos para la salud, la seguridad y la continuidad educativa.
El agua, en esos contextos, no es un servicio más. Es el lugar donde convergen la desigualdad social, la fragilidad institucional y la división sexual del trabajo.
El agua no resuelve por sí sola la desigualdad, pero sí funciona como una prueba moral y política de primer orden. Una sociedad puede repetir hasta el cansancio la letanía del mérito; pero no puede llamarse justa mientras siga distribuyendo de manera tan desigual lo indispensable.
Y ésa es, en el fondo, la lección más incómoda del informe de la UNESCO. El agua no es sólo una cuestión de infraestructura crítica, tarifas o tecnología. Es una pregunta sobre el tipo de sociedad que deseamos. Sobre si la igualdad será una ficción ilusoria o una realidad material capaz de liberar, de manera general, tiempo, salud, seguridad y dignidad. En un mundo atravesado por la incertidumbre geoeconómica y por una creciente competencia por recursos esenciales, la respuesta ya no puede ser retórica. El agua, como casi todo lo importante, desenmascara.
Gonzalo Delacámara, Director académico y profesor especializado en gestión económica de los recursos naturales, IE University
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
