Jorge Rodríguez-Chueca, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Durante las últimas décadas, la depuración de aguas residuales ha sido una de las grandes historias de éxito ambiental en España. La Directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas de 1991 supuso la construcción de miles de kilómetros de redes de saneamiento y cientos de estaciones depuradoras, lo que mejoró notablemente la calidad del agua en ríos, lagos y aguas costeras. Actualmente, alrededor del 95 % de la población española dispone de esos servicios.
Las depuradoras que transformaron la calidad de las aguas del continente europeo fueron diseñadas para resolver los problemas ambientales que preocupaban a finales del siglo XX. Entre ellos, la contaminación orgánica, los sólidos en suspensión o el exceso de nutrientes. Sin embargo, hoy el desafío es diferente.
Los avances científicos de las últimas décadas han permitido detectar sustancias presentes en el agua en concentraciones extremadamente bajas pero que pueden afectar a los ecosistemas acuáticos. Se conocen como microcontaminantes y entre ellos se encuentran restos de medicamentos, productos cosméticos, pesticidas y otros compuestos químicos de uso cotidiano.
Aunque su concentración suele medirse en microgramos (millonésimas partes de un gramo) o nanogramos (milmillonésimas partes de un gramo) por litro, estos compuestos han despertado una creciente preocupación científica. El motivo no es solo su toxicidad potencial. También preocupa su persistencia en el medio ambiente, así como su capacidad para acumularse. La exposición prolongada puede provocar efectos sobre los organismos acuáticos.
Las depuradoras actuales ya no son suficientes
La nueva Directiva europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas, aprobada en 2024, responde precisamente a este reto, incorporando por primera vez la eliminación de microcontaminantes entre sus objetivos regulatorios. Además, prevé la implantación progresiva de tratamientos avanzados en las depuradoras de mayor tamaño.
Pero estas tecnologías tienen un coste elevado. Adaptar las infraestructuras existentes requerirá inversiones millonarias y un incremento de los costes de explotación de las plantas. La pregunta, por tanto, ya no es si debemos eliminar estos contaminantes, sino quién debe pagar por hacerlo. En este punto entra en juego una de las medidas más novedosas y controvertidas de la nueva directiva: la responsabilidad ampliada del productor. Se trata de un mecanismo que trasladará una parte importante de estos costes a los fabricantes de medicamentos y productos cosméticos.
El problema invisible: los microcontaminantes
Muchos de los microcontaminantes que hoy preocupan a científicos y reguladores proceden de actividades cotidianas. Un ejemplo son los medicamentos. Cuando consumimos un fármaco, nuestro organismo solo metaboliza una parte. El resto es excretado y acaba llegando al sistema de saneamiento. Y lo mismo ocurre con numerosos compuestos presentes en productos de higiene personal o limpieza doméstica.
El problema es que estas sustancias presentan características muy distintas de las de los contaminantes para los que fueron diseñadas las depuradoras actuales. Son compuestos químicos muy estables y están presentes en concentraciones extremadamente bajas. Además, en muchos casos resisten los procesos biológicos convencionales.
Las estaciones depuradoras construidas durante las últimas décadas han sido muy eficaces para eliminar contaminantes convencionales. Sin embargo, no fueron concebidas para retener estas moléculas complejas.
Por este motivo, la eliminación de microcontaminantes exige nuevas etapas de tratamiento basadas en tecnologías avanzadas, como la ozonización o la adsorción con carbón activo, entre otras. La buena noticia es que estas soluciones ya existen y han demostrado su eficacia. El desafío no es tecnológico, sino económico: ¿cómo financiar la transformación de unas infraestructuras diseñadas para resolver los problemas ambientales del siglo XX y adaptarlas a las exigencias del siglo XXI?
La solución técnica tiene un precio
La eliminación de microcontaminantes en las aguas residuales es técnicamente posible. Durante los últimos años se han desarrollado tratamientos avanzados capaces de reducir significativamente la presencia de estas sustancias en las aguas residuales.
El desafío es que estas tecnologías son considerablemente más complejas y costosas que los tratamientos convencionales utilizados en las depuradoras. Su implantación exige nuevas infraestructuras, un mayor consumo energético y personal especializado. También requiere programas analíticos capaces de detectar compuestos presentes en concentraciones extremadamente bajas.
Además, la eliminación de microcontaminantes rara vez depende de una única tecnología. Con frecuencia es necesario combinar varios procesos para alcanzar los niveles exigidos por la nueva normativa. Todo ello incrementa los costes de inversión, operación y mantenimiento.
La nueva apuesta europea: la responsabilidad ampliada del productor
Para financiar esta nueva generación de tratamientos, la Unión Europea ha recurrido a un instrumento que ya se aplica en otros ámbitos ambientales. Se trata de la responsabilidad ampliada de productor (RAP).
Este principio parte de una idea sencilla. Si un producto genera impactos ambientales a lo largo de su ciclo de vida, quienes lo fabrican o comercializan deben asumir parte de los costes de su gestión. Este modelo no es nuevo. Desde hace años se aplica a ámbitos como los envases, las baterías o los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
La novedad es que, por primera vez, este enfoque se traslada al ámbito de las aguas residuales urbanas. La directiva impone nuevas obligaciones a los productores de medicamentos de uso humano y productos cosméticos. En concreto, deberán financiar hasta el 80 % de los costes asociados a la eliminación de microcontaminantes en las estaciones depuradoras.
La lógica de la medida es doble. Por un lado, aplica el principio de “quien contamina paga”, evitando que la totalidad de los costes recaiga sobre los municipios, los operadores del agua y, en última instancia, los ciudadanos. Por otro, pretende generar incentivos para que la industria desarrolle productos más sostenibles y reduzca, cuando sea posible, la presencia de sustancias problemáticas para el medio ambiente.
Sin embargo, trasladar este principio al ciclo urbano del agua también abre un debate complejo sobre cómo repartir de forma justa y eficiente los costes de la protección ambiental.
¿Es la responsabilidad ampliada del productor la mejor solución?
La incorporación de la responsabilidad ampliada del productor al ciclo urbano del agua representa un cambio de paradigma en la gestión de la contaminación. Por primera vez, se trasladan, al menos en parte, a quienes ponen en el mercado los productos que contribuyen a su presencia en el medio ambiente.
A pesar de las ventajas de este modelo, su aplicación práctica plantea algunos interrogantes. La contaminación por microcontaminantes es un fenómeno complejo y difuso, en el que intervienen múltiples fuentes y millones de usuarios. Determinar qué sectores deben asumir los costes, en qué proporción y con qué criterios resulta especialmente complejo. Además, parte de estos costes podría trasladarse al precio final de los productos y repercutir indirectamente sobre los consumidores.
También existe el debate sobre si la financiación de los tratamientos avanzados debe recaer únicamente sobre determinados sectores productivos. Al fin y al cabo, toda la sociedad se beneficia de una mejor calidad de las aguas. Por ello, algunos sostienen que una parte de los costes debería seguir siendo asumida de forma colectiva.
Más allá de estas cuestiones, la nueva directiva evidencia que proteger los ecosistemas acuáticos frente a los microcontaminantes tiene un coste. La verdadera discusión ya no gira en torno a la necesidad de actuar, sino sobre cómo repartir de forma justa y eficiente la responsabilidad de hacerlo.
Una nueva etapa para la depuración del agua
Durante las últimas décadas, Europa ha realizado un enorme esfuerzo para reducir la contaminación visible de ríos, lagos y zonas costeras. La nueva directiva de aguas residuales urbanas abre una nueva etapa. Pone el foco en los microcontaminantes, uno de los grandes desafíos ambientales del siglo XXI.
La responsabilidad ampliada del productor no resolverá por sí sola este problema. Sin embargo, ha abierto un debate necesario sobre quién debe financiar la protección de nuestros recursos hídricos en un contexto de crecientes exigencias ambientales. Y esa discusión, probablemente, será tan importante como las propias tecnologías que permitirán eliminar estos contaminantes.
Jorge Rodríguez-Chueca, Profesor Titular de Universidad, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
