Es lo que asegura el diario El País, que acusa a agentes del Seprona de la Guardia Civil de desobedecer a un juez de guardia y ocultar información a otros dos en su empeño para construir las acusaciones contra la clínica de abortos Isadora. El Ministerio de Interior esta investigando estas irregularidades. Hoy viernes los médicos imputados declaran ante el juez y han denunciado una «instrucción inquisitorial«.

En una inspección en febrero de 2007, dos guardias civiles  concluyeron que los residuos se estaban gestionando mal. Los contenedores con restos humanos se trataban  como biosanitarios  y no como funerarios, cuando la ley obliga a que sean incinerados. Sin embargo cuando el informe llegó hasta el juzgado se declaraba que había indicios de «abortos ilegales» en vez de irregularidades en la gestión de residuos.

Pese a todo el juez rechazó estas acusaciones y denegó por improcedente la autorización para investigar los contenedores con restos humanos. Incluso censuró al sargento de la Guerdia Civil que firma el informe diciéndole que deje de «elucubrar» sobre abortos ilegales.

Sin embargo, siempre según la información de El Pais, los agentes no informaron a la clínica de esta orden judicial y llamaron a la Comunidad de Madrid para conseguir que la Consejería de Sanidad se hiciera cargo y autorizara la inspección los contenedores.

Esa inspección de los restos humanos en busca de fetos de más de 22 semanas, -la edad máxima permitida legalmente para abortar- se hizo sin autorización judicial. Se encontraron 9 fetos que fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense para determinar su edad gestacional.

Empieza entonces el acoso en los medios y lo que algunas han llamado «la caza de brujas». Ana Botella, por ejemplo, llegó a decir que «hemos visto fetos de siete meses en trituradoras para bebés»… aunque no se haya encontrado ni la más mínima prueba de esas supuestas trituradoras. [ESCUCHAR]

Después de recurrir a tres jueces, el Seprona logra que el caso se judicialice. El 9 de marzo les dan autorización para identificar a las pacientes que aparecían en las etiquetas de los botes de formol. Pero antes, desde el día 2, los agentes ya estaban llamando a estas mujeres y las interrogaron como testigos.

El Anatómico Forense ha determinado que no puede determinar con total exactitud la edad gestacional de los fetos. De los nueve, en siete casos se afirma que están por debajo de las 22 semanas. Hay dos que no están claros, pero según la longitud del fémur estarían también por debajo.

Todo esto se conoce cuando en las últimas semanas, los sectores más conservadores han augurado que volverán a dar la batallar por el tema del aborto. De hecho la primera nota de la Conferencia Episcopal, tras la elección como presidente de Rouco Varela, fue para pedir abolición de la ley que permite la interrupción del embarazo.

Bruselas estudia elaborar un nuevo informe sobre los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana después de un debate en el que se han presentado hasta 40 quejas por este tema. La noticia llega el mismo día en que ha sido detenido el alcalde de Torre Pacheco en Murcia por un delito de corrupcion urbanística, que también podría afectar al presidente de Polaris World. Aunque toda esta crisis no afecta a los bancos que operan en España obtuvieron un beneficio de 18.877,4 millones de euros en 2007, un 19,82% más que en 2006.

Curiosamente, en lo que se refiere al Parlamento Europeo, las denuncias han venido de eurodiputados austriacos y británicos. Uno de ellos incluso ha pedido que se bloqueen las ayudas europeas a la Comunidad y que no se invierta alli de ninguna forma. Están preocupados por la falta de garantías para los propietarios que puede hacer que pierdan la casa y sus ahorros.

Entre las 40 quejas que se abordaron en Bruselas están los planes de la futura ciudad deportiva del Valencia y otros en Catral, Parcent, Rojales, Monòver o el parque natural de L´Albufera. Si el Parlamento vuelve a pronunciarse sobre esta cuestión sería la quinta vez que lo hace. En junio de 2007, Bruselas ya mostró su «más enérgica condena» contra los «macroproyectos de urbanización» especialmente «en la Comunitat y otras regiones de la franja costera». Además, el Ejecutivo comunitario ya ha presentado una denuncia contra la Ley Urbanística Valenciana. 

En cuanto al caso de Torre Pacheco, la Justicia ha encontrado indicios de fraude, tráfico de influencias, cohecho, malversación, negociaciones prohibidas, prevaricación y revelación de secretos. El alcalde de la localidad Daniel García Madrid, del PP, ha pasado a disposición judicial. El presidente de Polaris World, José Luis Hernandez de Arce también ha sido llamado a declarar como imputado.