El pacto entre PP y Vox para formar una coalición que gobierne Castilla y León es noticia en medios de todo el globo. Se subraya que se trata de la primera vez desde el fin de la dictadura que un partido de extrema derecha -porque así se califica unánimemente a la formación de Abascal- alcanza poder y entra en un gobierno en España. Y se detalla que en la Junta de CyL, Vox ostentará la vicepresidencia, tres consejerías y la presidencia de las Cortes. Pero además se recuerda que la formación de extrema derecha hace campaña por deportar inmigrantes, construir un muro en torno a Ceuta y Melilla y derogar las leyes de memoria y violencia de género, por lo que su entrada en un gobierno regional abre un nuevo capítulo en la política española. Y se recogen los temores y críticas como la de los socialistas que hablan de «pacto de la vergüenza» y «muy mala noticia para la democracia»
Spain’s far-right Vox breaks through into regional government on what Socialists call «a bad day for Spanish democracy» https://t.co/BKPJ8QX9A7
— Sam Jones (@swajones) March 10, 2022
The Guardian apunta que la extrema derecha de Vox «logra penetrar» en un gobierno regional y el PSOE lo señala como un mal día para la democracia. El diario británico en un artículo de su corresponsal Sam Jones explica que el Partido Popular ha alcanzado un acuerdo con sus «rivales extremistas» en Castilla y León que va provocar que por primera vez un partido de extrema derecha forme parte de un gobierno regional en España. Detalla que el pacto se ha producido un mes después de que la decisión del PP de adelantar las elecciones en Castilla y León para lograr una mayoría absoluta fracasarás y tras semanas de disputas por el liderazgo del partido y la salida de Pablo Casado. Enfatiza que Vox ostentará la vicepresidencia del gobierno de CyL, tres carteras y la presidencia de las cortes. Pero subraya que el acuerdo PP y Vox ha sido rápidamente criticado por el PSOE que lo ha bautizado el «pacto de la vergüenza» y recuerda que la formación de extrema derecha pide la «reconquista» de España, construir un muro infranqueable en torno a Ceuta y melilla o derogar las leyes de violencia de género.
ABC News resalta que en España la primera coalición regional con la extrema derecha desata temores. La TV estadounidense explica que el PP, partido conservador en la oposición, se ha unido a políticos «populistas y con una influencia creciente» en Castilla y León para gobernar en lo que supone la primera toma de poder de la extrema derecha de Vox. Recoge que el «acuerdo de legislatura» ha sido anunciado por Alfonso Fernández Mañueco. Recuerda que Vox tiene propuestas que van desde deportar a inmigrantes ilegales, suspender las leyes contra la violencia de género o prohibir los programas sobre diversidad y sexualidad en los colegios. Añade que en los últimos años la formación de extrema derecha ha ido ganando popularidad y apoyaba algunos gobiernos regionales del PP, pero hasta ahora nunca había sido admitida dentro de un ejecutivo. Y se hace eco de las críticas y temores de que esto le dé a Vox un plataforma para amplificar su «discurso de odio» e influenciar las políticas.
Reuters pone de relieve que la extrema derecha obtiene su primera cuota de poder en España desde Franco. La agencia británica apunta que Vox se ha asegurado un sitio en la coalición para el gobierno regional de Castilla y León en lo que supone la primera vez desde la dictadura de Francisco Franco que un partido de extrema derecha alcanza cuota de poder en España. Detalla que el acuerdo fue anunciado por Fernández Mañueco justo antes de la constitución de las cortes regionales y que el líder de Vox en CyL, Juan García Gallardo, ha asegurado que «no ha habido vencedores, ni vencidos en la negociación». Se recuerda que Vox se creó en 2014 y ahora se ha convertido en la tercera fuerza política en el Parlamento español. Y subraya que la formación hace campaña para derogarla Ley de Memoria Histórica y legislación inspirada por el feminismos, además de abogar por eliminar las autonomías y volver al centralismo.
Radio France advierte de que Vox abandona el rol secundario y por 1º vez desde el fin de la dictadura, la extrema derecha está en el poder. La emisora pública gala resalta que gracias a su alianza con los conservadores, Vox ha abandonado los papeles secundarios y el partido de extrema derecha va a formar parte del gobierno de Castilla y León. Detalla que han logrado tres ministerios, la presidencia del parlamento y la vicepresidencia regional en lo que su candidato ha calificado de «día histórico». Resalta que el pacto ha recibido el beneplácito de la dirección nacional del PP y de su candidato a la presidencia Alberto Núñez Feijoo aunque «son conscientes de que podría ser un problema si quieren formar alianzas con socios más moderados en otras regiones o a nivel nacional». Menciona también que Pedro Sánchez ha reaccionado al acuerdo hablando de «muy mala noticia para la democracia española».
Il Giornale dice que «España gira a la derecha» al entrar Vox en el gobierno en Castilla con el PP. El rotativo italiano apunta que justo antes de las constitución de las nuevas cortes, llegó el acuerdo para gobernar Castilla y León y señala que es «histórico» por que por primera vez el movimiento de extrema derecha liderado por Santiago Abascal pasa a formar parte del gobierno de una institución pública. Sostiene que esto abre un nuevo «capítulo» en la política española y ya ha generado polémica. Recoge en particular la reacción de Donald Tusk, líder del PP europeo, que considera que ha sido una capitulación ante Vox y también menciona que la izquierda lo ha recibido «con furia» y Pedro Sánchez ha advertido que el PP pagará caro en términos políticos esta decisión.
El pacto de gobierno de PP y Vox en Castilla y León y el hecho de que la extrema derecha entre en un gobierno también es noticia en otros muchos medios internacionales como Euronews, MSN, La Croix, Il Manifesto, RTBF, BFMTV o Al Arabiya, entre otros
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Casi coincidiendo con su 18º aniversario se ha estrenado en Netflix, «11M», un documental de un realizador mexicano que explora las claves del ataque, los frenéticos días que lo sucedieron y las consecuencias que tuvo en la sociedad española el «mayor atentado yihadista cometido en Europa». La BBC lo destaca y repasa en un reportaje algunas de las revelaciones y hechos que se ponen de relieve en el film. Empezando por la identificación del «autor intelectual» -señalan a Amer Azizi, mano derecha del jefe de operaciones externas de Al Qaeda-, el motivo del ataque, la conexión con el 11S y la manipulación política y mediática que provocó en España.
11M: quién fue el autor intelectual y otras claves que plantea el documental de Netflix sobre el mayor atentado yihadista de las historia en Europa https://t.co/jWfqJ3kvIP
— BBC News Mundo (@bbcmundo) March 11, 2022
La BBC recuerda que el 11 de marzo de 2004, diez bombas en cuatro trenes mataron a 192 personas y dejaron más de 2000 heridos, en lo que fue el mayor atentado yihadista cometido en Europa. Y enfatiza que 18 años después el documental de Netflix «11M» desentraña algunas claves y las consecuencias que tuvo. Explica que su realizador, el mexicano José Gómez se planteo hacerlo al ver la división política y social que generó el 11M y además de en los testimonios de las víctimas se basa en buena parte en el libro «!!-M. La venganza de AlQaeda» de Fernando Reinares y cuenta con la colaboración de varios periodistas de la BBC.
Y el primer punto que se pone de relieve es la cuestión del «autor intelectual» del antentado, una cuestión que copó titulares y controversia en España y no fue dilucidada en el juicio. Pero se destaca que el documental señala claramente a una persona, Amer Azizi, de origen marroquí y que según la CIA, llegó a ser mano derecha de Abu Hamza Raia, jefe de operaciones externas de al Qaeda. Se explica que Azizi también había formado parte de la célula de AlQaeda en España liderada por Abu Dahdah y desarticulada en 2001. Y enfatiza que, según el documental, fue precisamente esta operación policial española, unida a la participación de España en la Guerra de Irak como motivo secundario, lo que provocó el 11M como «venganza».
La TV británica también destaca que en el documental se señala la conexión entre el 11S y el 11M, ya que la celicla de Abu Dahdah colaboró con Mohamed Atta, y sobre todo con la manipulación mediática y política que provocó en atentado en España. En este sentido se cita a la corresponsal de la BBC Katya Adler que detalla la llamada que recibió del entonces presidente del gobierno, José María Aznar, presionando para que la prensa extranjera dijera que había sido ETA «antes de que la policía aportara pruebas» y en contra de lo que se iba conociendo. Se menciona también cómo, especialmente tras el triunfo electoral de Zapatero, parte de la prensa español entró en la «teoría de la conspiración» y en una «guerra tóxica» intentando mezclar a ETA y el yihadismo. Aunque se resalta que el documental empieza y finaliza con las víctimas -entre las que se incluye a la mujer del inspector que se suicidó por la campaña mediática contra su marido- y el enorme impacto y sufrimiento que han padecido.
BBC, British Broadcast Corporation, es la radiotelevisión pública británica. Fundada en 1922 es el mayor consorcio de radiodifusión del planeta con unos 23.000 empleados y el paradigma de emisora pública. Es una empresa estatal pero independiente de controles comerciales y/o políticos y que ha hecho de la neutralidad su emblema. No tiene publicidad y se financia mediante un canon que paga cada propietario de televisor y la venta de algunos productos (programas, libros, revistas…) Cuenta con varios canales de TV y radio en Reino Unido y un Servicio Mundial que transmite en el resto del planeta en más de 30 idiomas, siendo BBC Mundo su canal para el mundo hispano. Se estima que tiene una audiencia global de 330 millones de hogares. Su website es uno de los más seguidos del mundo con 2 millones de páginas vistas cada día. Ha protagonizado numerosos enfrentamientos con el gobierno británico como en el transcurso de la guerra de Irak y recientemente la BBC se ha visto envuelta en un escándalo por los abusos sexuales de uno de sus presentadores estrella que ha obligado a alguno de sus directivos a dimitir.
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La coportavoz de Podemos y diputada en la Asamblea de Madrid Alejandra Jacinto subrayó en La Cafetera de Radiocable.com la necesidad de un frente amplio. Jacinto considera que «es más necesario que nunca tejer un frente amplio que no pase solo por la participación de los partidos políticos, sino que sea capaz de ensanchar y de incluir a todos los actores políticos y gentes progresistas de este país que quieren hacer ese proyecto de país del que tanto habla Yolanda (Díaz)». Y, añadió: «En particular en Madrid, tenemos una oportunidad histórica con la convocatoria electoral de 2023 para abrir camino a ese frente amplio que luego se pueda irradiar al resto del Estado». Porque, insistió: «Si compartimos objetivos, no tiene sentido no unificar fuerzas para desalojar nada más y nada menos que a la señora Ayuso de las instituciones».
Desde Chile, con motivo de la toma de posesión Gabriel Boric, la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz concedió una entrevista a CNN Chile donde se confesó «muy próxima a la mirada amplia (del gobierno de Boric) de concitar voces diferentes que caminan juntas, pero que pueden pensar diferente». Y anunció: «Voy a hacer un proceso de escucha de seis meses y cuando concluya tomaré una legítima decisión».
Alejandra Jacinto valoró el acuerdo de gobierno entre el Partido Popular y Vox en Castilla y León, señalando que «el matrimonio PP-VOX se consolida bajo la dirección de Feijóo, que demuestra que estamos ante el viejo PP de siempre, que considera que la corrupción es honorable y que es capaz de entregar el Gobierno a la extrema derecha en Castilla y León»(entrevista a partir del minuto 32:40).
Además, la abogada y activista de los Derechos de la vivienda Alejandra Jacinto subrayó que «es una obligación constitucional que la ley de vivienda salga adelante». Y resaltó: «Entramos en una fase clave para mejorarla, para paralizar los desahucios sin alternativa habitacional y para que se regulen los precios y podamos pinchar la burbuja de alquiler».
Este jueves el Tribunal Constitucional suspendió la ley catalana de control de los precios de alquiler, una decisión que, según Alejandra Jacinto, «es una autentica lástima porque era una ley que funcionaba de forma eficaz». «En los 61 municipios donde se estaba aplicando se estaban firmando más contratos de alquiler y se había reducido los precios del alquiler»- dijo. Además, subrayó que la decisión del TC «contradice bastante el argumento que hace pocas semanas daba el Consejo General del Poder Judicial, que decía que la regulación de precios no la puede hacer el Estado, sino que deben ser las comunidades autónomas». E insistió en que «el debate competencial no puede seguir siendo una excusa para no hacer nada».
Repercusión:
Además, La Cafetera, como cada viernes, ha repasado las informaciones de España destacadas en la prensa internacional, que esta semana ha enfatizado sobre la posición de España como alternativa al gas ruso. Con Ana Pastor el programa ha analizado las series ‘Los testigos de Putin’ y ‘Donbass’. Y, en videojuegos, Andrés Belaza ha contado el caso de la pandemia virtual que ocurrió en un juego años antes de la real y cómo el comportamiento de usuarios ha sido estudiado por epidemiólogos.

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En la negociación para un pacto de gobierno entre el PP y Vox en Castilla y León uno de los puntos que con más insistencia se pidió desde la formación de extrema derecha fue la derogación de la Ley de Memoria Histórica. Emilio Silva, presidente de la ARMH, lo analiza en el programa La Cafetera de Radiocable.com y señala que aunque Vox quiera poder presentar esta «cabellera» a sus votantes, la realidad es que la Ley de Memoria Histórica es CyL era ya prácticamente «irrelevante» y las subvenciones que concedía la Junta «una miseria» para una CCAA en la que hay más de 800 fosas comunes. Pero denuncia que es triste que este tema haya sido objeto de negociación entre dos partidos para un gobierno autonómico y señala la responsabilidad del Estado: «Como el derecho de los desaparecidos y sus familias no es tratado como un derecho, entonces puede estar en la mesa de negociaciones».
Emilio Silva explica que Vox pedía la «cabeza» de la Ley de Memoria Histórica en su negociación con el PP en Castilla y León desde el inicio, pero revela que hasta ahora era «prácticamente irrelevante» en esta comunidad. «Nosotros como asociación, aunque surgimos en CyL y es donde más exhumaciones hemos hecho, en ninguna hemos tenido ayuda de la Junta. Nosotros no notaríamos la derogación de esa ley. Lo triste es que haya que defender algo que es totalmente insuficiente». Denuncia que en el tema de las exhumaciones se ha seguido la política «del caciquismo y clientelismo» y las ayudas se daban según quien gobernaba y por simpatías.
Y señala: «El verdadero responsable de todo esto es el Estado. Como el derecho de los desaparecidos y sus familias no es tratado como un derecho, entonces puede estar en la mesa de negociaciones. Como ha pasado en Castilla y León. Y eso es lo triste». El presidente de la ARMH revela que hasta ahora, la Junta castellano-leonesa venía dando unas subvenciones de 100.000 euros al año, pero ellos no las piden y denuncia que son «una miseria literalmente. Porque habiendo 800 fosas comunes en esa CCAA es una miseria moral que se ponga ese dinero que no lo resolvería en 200 años. Es casi un insulto». (Audio a partir de min 76:00)
Silva subraya que quizá a Vox el conseguir acabar con ella en CyL le «venga bien para enseñar la cabellera de la Ley de Memoria Histórica a su electorado. Pero es triste que esto se haya dejado en manos de administraciones locales y forme parte de la negociación de partidos políticos». Y pone como símil que en Euskadi una formación pusiera como condición dejar de apoyar a las víctimas de ETA: «Nadie entendería que eso se dejara en manos de dos partidos que están negociando un gobierno», asegura.
En La Cafetera, vuelve denuncia que la responsabilidad de esta situación recae en el Estado: «Su inactividad ha dejado que estas políticas, por mínimas que sean, caigan en manos de una negociación como esta». Y denuncia «se ha dejado que se convierta en un debate sobre migajas y los derechos de los desaparecidos y sus familias deberían ser mucho más serios para el Estado. Y deberían ser derechos».
Emilio Silva también analiza la paradoja de que la fiscal general, Dolores Delgado, haya anunciando que está estudiando el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para ver si puede investigar en la invasión de Ucrania. ·Hay doble moral porque ese artículo podría haber permitido la intervención de España en el tema del Sahara, de Israel contra Palestina, en los atentado en muchos países donde han muerto ciudadanos españoles,. Es llamativo cómo ese artículo está ahí, aparcado y dormido mientas hay conflictos en el mundo con cientos de miles de refugiados». Y apunta: «Esto permite ver cuales son los intereses y cuando se activa la justicia universal. Y como el poder recurre a esas herramientas, que las tiene en la mano todos los días y accesibles, para unos casos y otros no».
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La guerra en Ucrania ha dado un vuelco al debate energético en Europa y el objetivo de reducir la dependencia del gas ruso se ha vuelto prioritario para la UE. En este contexto, España ha emergido en la prensa de todo el globo, como posible «punta de lanza» y » alternativa» por su capacidad para suministrar gas de otras fuentes -Argelia o vía las terminales de GNL-. Se pone de relieve que en Bruselas se mira a España como «parte de la solución», aunque se resalta que la falta de mejores interconexiones energéticas con Francia y el resto del continente dificulta esta opción. Pero numerosos medios apuntan que ante esto se está relanzando el proyecto de gasoducto a través de los Pirineos MidCat, que Francia bloqueó por su coste y dudas sobre su utilidad, y que ahora desde España se vuelve a defender ante la necesidad de la UE mejorar y diversificar sus fuentes de abastecimiento. Y se apunta también que este proyecto podría ser una solución de futuro para gases como el hidrógeno verde.
En Espagne, le projet de gazoduc MidCat relancé par la guerre en Ukraine https://t.co/D7uj5MkUMo via @franceinfo
— Henry de Laguérie (@henrydelaguerie) March 8, 2022
TV5 plantea «¿Puede ser España la punta de lanza alternativa para el suministro de gas en la UE?». La TV francesa recoge las palabras de la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen que defiende que España «puede y debe tener un rol importante» para reducir la dependencia de Rusia en el gas. Se recuerda que España cuenta con la red más importante de terminales de regasificación y almacenamiento de GNL que se transporta por barco y además dispone de un gasoducto de 750km de largo, el MedGaz, que la conecta con Argelia y que tiene capacidad para llevar 10.000 metros cúbicos por año. Resalta que esta diversificación ha hecho que la UE vea a España como «parte de la solución» para reducir la importación de gas ruso. Pero advierte de que para ello, será necesario mejorar las infraestructuras de conexión con el resto de la UE. Y subraya que en particular se habla de resucitar el proyecto de MidCat, gasoducto que uniría Cataluña y el sudeste de Francia, desestimado en 2019 por falta de acuerdo en la financiación y dudas sobre su utilidad. Menciona que ahora hasta Nadia Calviño pide que se retome señalando que también podría servir para el suministro de hidrógeno.
Radio France enfatiza que la guerra en Ucrania relanza el proyecto de gasoducto MidCat en España. La emisora gala explica que frente a la dependencia europea del gas ruso, numerosas voces se están alzando para recuperar el gasoducto Midi-Cataluña que permitiría asegurar la interconexión entre España y Francia. Recuerda que el proyecto, pensado para llevar a Europa el gas desde Argelia, se abandonó en 2019 porque Francia lo consideró demasiado caro y no sentía su necesidad y utilidad. Apunta que los ecologistas de ambos países también se opusieron decididamente al proyecto. Pero enfatiza que la guerra en Ucrania ha relanzado el debate y ha evidenciado que España, gracias al gasoducto que la conecta con Argelia y las terminales de GNL tiene capacidad para 80.000 m3 de gas, tres veces más de lo que necesita, y podría exportarlo. Pero advierte «sin interconexión con Francia no le sirve de mucho».
International Business Times resalta que España emerge como opción cuando la UE trata de recortar su dependencia del gas ruso. El digital anglosajón pone de relieve que con su gasoducto submarino que conecta con Argelia y su amplia red de terminales de gas natural licuado, España está bien colocada para ayudar a Europa a recortar su dependencia de Rusia para el suministro de gas. Subraya que como consecuencia de la invasión de Ucrania, la UE se ha puesto como objetivo reducir en dos tercios sus importaciones de gas ruso para finales de año. Enfatiza que ante esto, España puede jugar un importante papel gracias al gaseoducto Medgaz que la une con Argelia y a las seis plantas de regasificación de GNL que tiene. Pero advierte de que para que esto pueda beneficiar a sus vecinos europeos serán necesarias importantes inversiones para crear conexiones gasísticas con el resto del continente.
Les Echos señala que la posibilidad de que España aprovisione a Europa de gas «tropieza» en los Pirineos pero hace resucitar el MidCat. El diario francés apunta que la alternativa europea al gas ruso podría pasar por España, que tiene otras fuentes de aprovisionamiento y una importante capacidad de almacenamiento de la que podrían aprovecharse los países vecinos. Pero señala que la falta de interconexiones gasísticas suficientes con Francia impide que de momento esto pueda suceder. Aunque enfatiza que la crisis en Ucrania y el objetivo de reducir la dependencia de la UE del gas de Rusia ha hecho que proyecto de gasoducto MidCat que uniría España y Francia, «vuelva a salir del cajón».
Reuters recoge que España pide a la UE que ayude a financiar su interconexión energética con Francia. La agencia británica se hace eco de la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica español que señala que la amplia capacidad gasística de España podría ser usada para ayudar a las necesidades europeas y reducir la dependencia del gas ruso si se comparte el coste de las infraestructuras de interconexión. Se pone de relieve que en la actualidad solo hay un gasoducto que conecta España y Francia y que una nueva interconexión llevaría varios años, por lo que no sería una solución inmediata. Pero se enfatiza que desde España se pide a la UE que afronte su financiación porque permitiría garantizar y diversificar el suministro y además se podría también usar para el transporte futuro de gases de bajas emisiones como el biometano o el hidrógeno verde.
The Politico y la TV belga RTBF también han puesto el foco en la capacidad de España para ser alternativa en el suministro de gas a Europa en el actual contexto de guerra en Ucrania, la falta de interconexiones y la recuperación del proyecto del MidCat que uniría España y Francia.
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Las imágenes del bombardeo ruso de una maternidad de Mariupol ocupan las portadas de los periódicos en medio planeta. La Cafetera de Radiocable.com subraya el golpe para la conciencia de estas imágenes que revelan, un día más, la inmoralidad de la acción de Putin. Según Médicos del Mundo en Mariupol viviendas y hospitales han sido dañados durante los combates de los últimos días con fuego de mortero, tiroteos y bombardeos aéreos. El acceso a la atención médica se ha vuelto cada vez más difícil, especialmente para las mujeres embarazadas y los ancianos. En este contexto, cabe reivindicar que las autoridades globales, que se dicen sensibilizadas por lo que está ocurriendo, refuercen las capacidades y las competencias sobre justicia universal, tanto locales en nuestros gobiernos como de impulso a las instituciones de Naciones Unidas.
El Gobierno español ya valora una denuncia, coordinada con otros países, ante la CPI contra la Federación de Rusia por la invasión de Ucrania. Así lo anunció la ministra de Justicia este jueves, que también explicó que esta acción iría en paralelo y por la vía internacional a las diligencias de investigación que se han abierto en la Fiscalía General del Estado.
Mientras, las organizaciones están publicando informes sobre los ataques contra la población civil. Según Amnistía Internacional, tras una investigación de los hechos, «el ataque aéreo ruso que mató a 47 civiles en la ciudad ucraniana de Chernigov puede constituir un crimen de guerra». Basándose en entrevistas y en el análisis de las imágenes de vídeo, el equipo de respuesta a la crisis de Amnistía Internacional concluye que ese ataque fue, con toda probabilidad, un ataque aéreo ruso en el que se utilizaron al menos ocho bombas aéreas no guiadas. Fue, según Amnistía, «un ataque despiadado e indiscriminado contra la población que estaba dedicada a sus quehaceres diarios en viviendas calles y tiendas». La organización asegura que «no pudo identificar un solo objetivo militar legítimo en el lugar del ataque ni en sus inmediaciones».

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La Corte Penal Internacional (CPI) ha iniciado una investigación sobre la guerra en Ucrania a petición de 39 países y se examinarán las acciones de todas las partes implicadas. Algunas voces defienden incluso acusar a Vladimir Putin de crímenes de guerra. La CPI tiene la capacidad de hacerlo si encuentra pruebas. Pero ¿hay posibilidades reales de que esto suceda? Un artículo de The Conversation analiza la cuestión. Advierte de que es «extremadamente difícil» demostrar la intención de cometer crímenes de guerra y hasta ahora sólo seis persona han sido condenadas por ello en este tribunal. Pero señala algunas de las claves del caso y los posibles escenarios y precedentes de órdenes de arresto.
Catherine Gegout, University of Nottingham
La Corte Penal Internacional (CPI) ha iniciado una investigación sobre las acciones en Ucrania a petición de 39 países. Este es un paso importante en la condena mundial de la invasión rusa.
Varios Estados, la Unión Europea y la Unión Africana se han alineado para condenar al presidente ruso Vladimir Putin. Algunos líderes, como el primer ministro británico Boris Johnson, ya han acusado a Putin de crímenes de guerra, al tiempo que han respaldado la investigación de la CPI.
Algunos expertos han destacado las dificultades de utilizar el derecho internacional para condenar a Rusia, y la investigación examinará las acciones de todas las partes implicadas en el conflicto. Pero la CPI tiene la capacidad de acusar a Putin de crímenes de guerra si encuentra pruebas de que los ha cometido. Sin embargo, es extremadamente difícil demostrar la intención de cometer crímenes de guerra. Tan difícil, que sólo seis personas han sido condenadas por la CPI y han cumplido condena.
El derecho internacional humanitario se basa en los principios de humanidad, necesidad, distinción y proporcionalidad. Es un crimen de guerra cuando no se distingue a los civiles de las tropas militares, cuando no se minimiza el daño a los civiles y cuando hay destrucción, sufrimiento y bajas innecesarias.
Para acusar a alguien, el fiscal de la CPI debe demostrar que los presuntos delitos son crímenes atroces: genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. El fiscal determina la gravedad teniendo en cuenta la escala, la naturaleza, la forma y el impacto de los supuestos crímenes.
Las investigaciones de la CPI pueden durar años, pero los fiscales tienen varias ventajas en este caso que podrían agilizar el proceso. En primer lugar, la CPI lleva investigando los presuntos crímenes de guerra en Ucrania desde 2014, cuando la entonces fiscal Fatou Bensouda inició una investigación preliminar. En 2015, amplió el alcance para incluir cualquier presunto delito cometido a partir del 20 de febrero de 2014.
En 2020, dijo que había una base razonable para creer que se habían cometido tres tipos de crímenes: los cometidos en el contexto de las hostilidades, los cometidos durante las detenciones y los cometidos en Crimea. Ahora el actual fiscal de la CPI, Karim Khan, está abriendo la investigación propuesta por su predecesor, y ampliándola para incluir la reciente invasión en Ucrania.
En segundo lugar, las nuevas tecnologías facilitan la recopilación de pruebas, como imágenes y grabaciones de los hechos, junto con testimonios de víctimas y testigos. La CPI recibirá las numerosas pruebas reunidas por organizaciones como la agencia de periodismo de investigación Bellingcat. También se dispondrá de las pruebas de los teléfonos móviles de los ciudadanos ucranianos.
Una vez que se encuentren pruebas suficientes para establecer de manera razonable que se han cometido crímenes atroces, el fiscal puede solicitar a una sala de la CPI que emita una orden de detención contra la persona presuntamente responsable. Esto podría obligar a la persona a comparecer en el juicio, garantizar que no obstruya la investigación e impedir que siga cometiendo atrocidades.
Si la CPI emitiera una orden de detención contra Putin, este no podría viajar a los 123 Estados que forman parte de la CPI por el temor a ser detenido; otros Estados también podrían decidir entregarlo.
Pero una orden de detención no es una garantía de condena. Y es difícil vincular directamente a un jefe de Estado en funciones con delitos cometidos por las fuerzas armadas sobre el terreno. En 2011, la CPI emitió una orden de detención contra Laurent Gbagbo, expresidente de Costa de Marfil, por cuatro cargos de crímenes contra la humanidad cometidos en 2010 y 2011. Ese mismo año fue trasladado a La Haya. Su juicio comenzó en 2016 y fue absuelto tres años después.
La CPI consideró que las pruebas presentadas en el caso de Gbagbo “no eran suficientes para apoyar una condena”. La fiscalía no demostró que Gbagbo tuviera una “política” para atacar a la población civil, ni un “plan común” para mantenerse en el poder cometiendo crímenes contra civiles. No demostró que los discursos de Gbagbo contribuyeran a los crímenes cometidos en la violencia postelectoral.
Además de Gbagbo, la CPI solo ha lanzado órdenes de detención contra otros dos jefes de Estado en ejercicio o recientemente destituidos, y ninguno de ellos ha sido juzgado. El presidente sudanés Omar al-Bashir fue el primer jefe de Estado en activo sobre el que recayó una orden de detención de la CPI. Desde 2009 se le busca por crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio en Darfur (Sudán).
En 2020, el consejo militar gobernante de Sudán acordó entregarlo a la CPI. Sin embargo, el Gobierno sudanés ha acordado ahora crear un tribunal especial sobre crímenes de guerra en Sudán, y el alcance de la investigación del tribunal incluiría a Bashir.
En 2011, la CPI emitió una orden de detención contra el líder de Libia, Muamar Gadafi, por crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Fue asesinado antes de que pudiera ser juzgado.
Si se produjese un cambio de régimen en Rusia, Putin podría seguir siendo entregado a la CPI, o, como ocurrió con Bashir en Sudán, Rusia podría crear su propio tribunal para investigar los presuntos crímenes de guerra en Ucrania.
Este es un caso legal inusual porque ni Ucrania ni Rusia son signatarios de la CPI. Pero Ucrania ha hecho dos declaraciones a la CPI dando a la corte jurisdicción ad hoc para los crímenes de guerra cometidos en Ucrania.
En los Estados en los que la CPI ejerce su jurisdicción, lo hace sobre los crímenes independientemente de la nacionalidad de las personas que los hayan cometido, incluso si son ciudadanos de estados que no son parte de la CPI, por lo que pueden investigar a Putin.
Ucrania también está buscando otra vía para responsabilizar a Rusia del crimen de agresión a través de la Corte Internacional de Justicia, que ha programado audiencias públicas. Este tribunal de la ONU se ocupa de las disputas entre países, por lo que no daría lugar a ningún cargo penal contra Putin como individuo.
Dada la escalada de la situación en Ucrania, con muchas muertes de civiles y niños, los líderes de todo el mundo deben asegurarse de que la CPI tiene la financiación y la capacidad para llevar a cabo sus investigaciones. La postura generalizada de 141 Estados en la Asamblea General de la ONU contra la invasión de Ucrania es una clara señal para Putin de que podría incurrir en responsabilidad personal por esta invasión. La Corte Penal Internacional sólo ha dictado órdenes de detención contra tres jefes de Estado. ¿Podría ser Putin el siguiente?![]()
Catherine Gegout, Fellow at the Hanse-Wissenschaftskolleg, Delmenhorst, 2021. Jean Monnet Research Fellow, EUI, Firenze, 2019-20. Pierre Keller Visiting Professor at the Harvard Kennedy School in 2019. Associate Professor in International Relations, University of Nottingham
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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Cancelaciones de obras culturales, censura de medios, sanciones a «actores responsables de desinformación»,… La Cafetera reflexiona sobre las líneas rojas que se están traspasando en Europa en materia de libertad de expresión y el peligroso territorio por el que se desliza una sociedad cuándo abre las puertas a la caza de brujas. Subrayando que, así como Putin debe ser llevado ante la justicia internacional, también, paralelamente, no se deben olvidar las líneas en materia de derechos civiles que se están atravesando en Europa.

El director de orquesta ruso Valeri Guérguiev ha sido apartado de la escena cultural mundial. Varias orquestas y festivales han anulado sus compromisos y ha sido despedido de la Filarmónica de Munich, de La Scala de Milán y de la Filarmónica de París. También, el Metropolitan Opera de Nueva York ha cancelado las actuaciones de la soprano rusa Anna Netrebko, criticada por su supuesta complacencia con Vladimir Putin. No ha importado que Netrebko declararse en Instagram su oposición a esta guerra.
En España, la Filmoteca de Andalucía ha cancelado la proyección de Solaris, de Andréi Tarkovski. La institución se ha justificado diciendo que lo hace en el marco de las recomendaciones de la European Film Academy, y dicen en la Filmoteca que la delicada situación mundial les ha llevado a cancelar esta proyección. Y, el Festival de Cannes también ha anunciado que no aceptará delegaciones rusas en su próxima edición. Cannes ha dicho que une su voz a la de todos aquellos que se oponen a esta situación inaceptable. Y, de esta manera, han decidido que, a menos que se ponga fin a la guerra de agresión en condiciones que satisfagan al pueblo ucraniano, no se recibirán delegaciones oficiales procedentes de Rusia ni se aceptará la presencia de ningún organismo vinculado al gobierno ruso.
En Europa tanto Google, YouTube como Twitter han cancelado las emisiones de Russia Today y de la agencia rusa Sputnik en las redes sociales. El bloqueo y la cancelación de cuentas responde al reglamento especial que aprobó la Unión Europea el pasado 2 de marzo, supuestamente, para luchar contra la desinformacion y la propaganda ante la invasión rusa de Ucrania. Sin embargo, como se ha destacado en La Cafetera, el bloqueo de Russia Today y Sputnik sienta un grave precedente y de dudosa legalidad contra la libertad de expresión. Pero, las líneas rojas que se han atravesado no se quedan allí.
Este martes Josep Borrell anunció que la UE aprobará un nuevo marco para sancionar a «responsables de la desinformación», un concepto tan amplio como subjetivo, ahora periodistas y opinadores estarán también bajo la mira telescópica de la arbitrariedad.

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