Los asesinatos de líderes ambientales alcanzaron cifras históricas en 2020 con cuatro crímenes a la semana. Lo pone de relieve la organización internacional Global Witness que reporta 227 asesinatos de defensores de la Tierra, un récord desde que monitorizan estos crímenes, 2012. La inmensa mayoría de ellos han sido documentados en países del Sur, siendo Colombia el que más asesinatos de activistas medioambientales registró.

2020 ha sido el año con más ataques registrados a activistas ambientales. Hubo un promedio de cuatro crímenes a la semana en todo el planeta. «Nuestras cifras son casi con certeza una subestimación, y muchos ataques contra defensores no se denuncian», han advertido a los medios desde la ONG internacional.

Desde Global Witness señalaron además que a medida que se intensifica la crisis climática, «también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta». E insisten que no se podrá «defender a los defensores» mientras no se pase a la acción climática.

El grueso de los asesinatos se cometieron en países del Sur Global, pues sólo uno se produjo en un país desarrollado (en Canadá). El país con más crímenes contra defensores ambientales fue Colombia, con 65. Y más de la mitad de todas las matanzas denunciadas se dieron en solo tres naciones, Colombia, México y Filipinas. El cuarto país con más violencia contra indígenas y personas vinculadas a la protección de los ecosistemas fue Brasil, con 20 ataques.

Y precisamente en este gigante del cono latinoamericano, la ONU también ha alertado por los ataques contra pueblos indígenas en la Amazonía brasileña. En concreto , Michelle Bachelet, alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, se ha mostrado alarmada por los recientes ataques perpetrados por mineros ilegales contra los pueblos indígenas de Yanomami y Munduruku, en Brasil. Estos hecho estarían asociado a la explotación de recursos madereros y minerales en la Amazonía y en este sentido también se señalan los «intentos de legalizar negocios en territorios indígenas y limitar la demarcación de tierras” ante la inacción de las autoridades brasileñas.

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El fuego que durante una semana ha asolado la Sierra Bermeja andaluza y que sido descrito como uno de los más «complejos» e «intratables» sucedidos nunca en España ha llegado a la prensa de todo el globo. Se destaca que más de 1.000 efectivos de bomberos y emergencias han estado luchando contra el incendio que ha provocado la muerte de un bombero, la evacuación de más de 2.600 vecinos de la zona y la quema de 8.000 hectáreas hasta que ha podido ser controlado, en parte gracias a la lluvia. Pero sobre todo se enfatiza que se trata de un «incendio monstruo» que engrosa la lista de fuegos de sexta generación casi inextinguibles que se están extendiendo por el planeta agravados por la crisis climática.

ABC News resalta que la lluvia ayuda a los bomberos a controlar el «infierno» en el Sur de España. La TV de EEUU se hace eco de la afirmación de las autoridades andaluzas de que el enorme incendio que ha asolado unas 7.800 héctareas de terreno ha empesado a ser controlado, en parte gracias a la lluvia caída. Destaca que a pesar de seis días de intensa lucha contra las llamas por tierra y aire, el incendio en Sierra Bermeja se ha mantenido activo por su «complejidad». Aunque señala que las autoridades consideran que el fuego fue provocado, al empezar en varios puntos a la vez y en un área que los ecologistas resaltan que acoge un ecosistema único.

Le Figaro enfatiza que el incendio en Andalucía se prolonga por octavo día y quema más de 8.000 hectáreas. El rotativo francés resalta que los bomberos llevan una semana intentando controlar las llamas que han costado la vida a uno de sus efectivos y obligado a evacuar a 2.600 personas. Apuntan que la lluvia caída el lunes está ayudando a sofocar el fuego contra el que también combaten 260 militares de la UME desplegados el fin de semana ante un incendio que ha sido calificado de «monstruo hambriento».

The Guardian apunta que casi 1.000 trabajadores de emergencias luchan contra un fuego «intratable» en Andalucía durante más de seis días. El periódico británico detalla como unos 1.000 efectivos de los cuerpos de bomberos y emergencias españoles han estado haciendo frente a un incendio que ha arrasado al menos 7.400 hectáreas de tierra en el sur del país y obligando a evacuar a miles de personas de sus hogares. Añade que el incendio forestal ha sido descrito como uno de los más «intratables» de los últimos años, a causa de su complejidad y escala, y que además se ha visto agravado por el abandono de las zonas rurales y el cambio climático.

Channel News Asia resalta que la lluvia ayuda en la lucha contra el «incendio monstruo» en España. La cadena asiática apunta que los servicios que pelean contra el gran incendio forestal en la provincia de Málaga recibieron un «balón de oxígeno» con la caída de lluvia el 13 de spetiembre. Enfatiza que unos 500 bomberos y 51 aviones llevan intentando sofocar las llamas de un «fuego monstruo» que empezó el pasado 8 de septiembre de manera intencionada y que ha obligado a evucar a 2.600 personas de sus hogares en Sierra Bermeja. Pese a ello, los servicios de extinción han explicado que la lluvia ayudará, pero no será suficiente por si sola para acabar con un incendio que ha sido calificado de «complejo y excepcional».

La Repubblica enfatiza que un «super incendio» devasta la Sierra Bermeja andaluza. El periódico italiano explica que el fuego ha sido clasificado como uno de los «más complicados» que jamás azotó España y en seis días arrasó más de 7.000 hectáreas además de matar a un bombero. Explica que tanto las dificultades para acceder a la cadena montañosa en la que estallaron las llamas junto con las condiciones meteorológicas adversas han dificultado la extinción y provocado que ingresara en la «alarmante lista de super-incendios» de WWF -o fuegos de sexta generación- que cada vez están más extendidos debido al calentamiento global.

BBC resalta que más de 2.000 personas han sido evacuadas por el fuego en la Costa del Sol. La TV británica recoge que un incendio en las montañas de Estepona que se inicio el 8 de septiembre ha provocado la muerte de un bombero y ha obligado a evacuar a unas 2.000 personas de varios localidades de la zona ante la fuerza de las llamas que han quemados más de 7.400 hectáreas. Añade que los bomberos andaluces han calificado el incendio como «el más complejo» de lo que ha visto en tiempos recientes.

El incendio de Sierra Bermeja también es noticia en medios globales como Newsweek, AP, Deustche Welle, Sudouest, La Voce de Italia, Bloomberg, I PaperTV5, Guardian Nigeria o Phys,  entre otros.

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El PP hace pública la batalla interna que ha desatado la candidatura de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia del PP de Madrid. Desde que Ayuso anunció su paso al frente se han abierto las costuras del partido. Una división que se ha evidenciado aún más con la contestación que ha hecho el secretario general del PP, Teodoro García Egea, a las palabras de Esperanza Aguirre. Si el lunes Aguirre decía en una entrevista en El Mundo «que no digan tonterías los niñatos que están en Génova intoxicando», horas más tarde contestaba Egea señalando que «lo que destrozó al PP de Madrid fue la corrupción». Unas palabras que contradicen el «mito» de que las divisiones internas afectan solo a la izquierda y que revelan la batalla soterrada del PP, como ha analizado La Cafetera de Radiocable.com

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Otro de los asuntos del día han sido las medidas para enfrentar las subida del precio de la luz. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en TVE, anunció que se rebajará el impuesto eléctrico y topará el precio del gas. Sobre esta decisión, el exvicepresidente Pablo Iglesias destacó en la cadena SER la postura del ala socialista sobre que «antes no se podía» y «esta semana sí se puede».

Pedro Sánchez también se comprometió a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), después de que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, defendiera la subida pero apuntara: «La decisión no está en esta parte de la coalición». A pesar del desacuerdo de la patronal, tanto Sánchez como Díaz, respaldaron la subida del SMI.

Además, el presidente confirmó su asistencia a la mesa de diálogo con el Govern, prevista para el próximo miércoles, dijo. Y advirtió que cualquier acuerdo deberá ser «refrendado» y estar dentro de los márgenes de la Constitución.

Como cada martes, el programa también conversó con Juan López Uralde, exdirector de Greenpeace y diputado de Unidas Podemos, sobre el incendio de Sierra Bermeja y la proliferación de incendios «cada vez más graves, de más intensidad y cada vez más difíciles de combatir con los medios convencionales». Una tendencia que «es consecuencia del cambio climático».

En la página internacional, se ha puesto el foco en la conferencia de donantes de la ONU en la que se recaudaron más de 1.000 millones de dólares para combatir el hambre en Afganistán. Además, han llamado especialmente la atención las medidas contra el problema de la vivienda tanto en Berlín como en Canadá. En la capital alemana han convocado un referendum para expropiar a una gran inmobiliaria. Y, en Canadá, Justin Trudeau también ha anunciado una medida contundente sobre vivienda para evitar la especulación internacional: prohibir durante dos años que los extranjeros adquieran viviendas en el país.

También, sobre vivienda, la audiencia ha destacado una información de El Salto Diario sobre el «nuevo boom inmobiliario» en España. Señalan que el precio de la vivienda experimentó en el último trimestre el mayor aumento en cuatro años, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística). Por otro lado, Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que reconozca un medioambiente seguro, limpio, saludable y sostenible como derecho humano universal. En un contexto de especial riesgo para activistas ambientales, teniendo en cuenta que 2020 fue el año con más asesinatos a ambientalistas, según los datos recopilados por la organización Global Witness.

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Aunque su «método» contra la Covid ha sido muy discutido en España y Madrid fue una de las regiones más afectadas, le ha valido a la presidenta madrileña, la concesión del premio Bruno Leoni en Italia y también convertirse en estrella del PP, ganar el 4M, gobernar en solitario y ser candidata a la dirección regional del partido.  Es lo que pone de relieve el diario italiano en un artículo-entrevista que firma Elisabetta Rosaspina, lleva por título «Mi método, cierres localizados, test y cero obligaciones» y se publica coincidiendo con la pugna abierta en el PP madrileño.

Pero además de su gestión de la pandemia, Isabel Díaz Ayuso toca otros temas de política nacional y partidista. Se define como una Margaret Thatcher «pero más generosa, a lo Don Quijote». Y asegura que no se ve en Moncloa porque «para mi Madrid ya es España», añadiendo que que si hay una primera mujer presidenta «es más probable que sea socialista».

El Corriere della Sera señala que «nadie es profeta en su tierra» y que el «método Ayuso» contra el coronavirus (limitar los cierres a barrios altamente contaminados dejando circular y trabajar al resto de los 6 millones de habitantes de la CAM) ha sido muy discutido en España, pero le ha valido para recibir el Premio Bruno Leoni -también otorgado a Mario Vargas-Llosa-. Recuerda que la gestión de la pandemia de la presidenta madrileña dejó en la Comunidad 883.000 casos de Covid, de los 4,9 millones de toda España y 16.000 muertes del total de 85.000. Apunta que «es difícil demostrar que mayores restricciones hubieran salvado vidas», pero enfatiza que la estrategia de Isabel Díaz Ayuso se vio «reconfortada» por el crecimiento del 31,7% de la economía, el triunfo electoral del 4M que le permite gobernar en solitario y ser también candidata a dirigir el PP madrileño. Algo que la propia Ayuso sostiene que es posible porque «soy mujer y puede hacer dos cosas a la vez».

En la entrevista, la presidenta madrileña defiende su método frente a la Covid que antepone «la vida, la salud y la libertad» y niega que la CAM tuviera una de las tasas de mortalidad más altas -«hubo regiones con mayores restricciones más afectadas que Madrid» asegura- o que los cierres selectivos penalizaran más a los barrios menos favorecidos -«La Moraleja tuvo uno de los cierres más largos»-. Pero Diaz Ayuso también apunta que pese a su auge en el PP no se ve en Moncloa: «Nunca. Para mí, Madrid ya es España. Si el PP llega al gobierno, el presidente será Pablo Casado». Y añade: «Y si es por mujer, es más probable que la primera sea socialista». Finalmente se define cercana a Margaret Thatcher «aunque su liberalismo y el mío no son iguales. El mío es de espíritu liberal generoso, a lo Don Quijote», sentencia.

Corriere della Sera, fundado en Milan en 1876, está considerado el primer periódico italiano y portavoz de la burguesía industrial del Norte. Inicialmente era vespertino de ahi el “della sera” (“de la tarde”) de su cabecera, pero se convirtió en matutino hace más de un siglo. Pertenece al grupo RCS, que edita también la famosa Gazetta dello Sport y que posee 45% del capital del periódico español El Mundo. Está también vinculado a la familia Agnelli, los patrones de Fiat.  Su difusión combinada en papel y digital a finales de 2020 ronda los 258.000 ejemplares.

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Las disputas internas en el Partido Popular han dejado de serlo después de que Isabel Díaz Ayuso haya decidido dar la batalla por la presidencia del PP madrileño. Esta decisión ha evidenciado las divisiones del PP, hasta el punto que la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre haya llegado a criticar públicamente a compañeros de partido. En entrevista en el diario El Mundo llegó a decir: «Que no digan tonterías los niñatos que están en Génova intoxicando». Y criticaba que se pusieran «trabas internas a Ayuso», lo que para Aguirre supondría «ayudar a Sánchez». A raíz de declaraciones públicas como esta, La Cafetera de Radiocable.com ha debatido sobre las distintas corrientes en el PP y  el futuro del partido.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también quiere ser presidenta regional del partido. «Cuento con el apoyo necesario», dijo. Una postura que le enfrenta con el alcalde José Luis Martínez-Almeida y marca dos corrientes dentro del Partido Popular. Una polarización que se intentaría paliar con la lista única Ayuso-Almeida, de la que informa La Razón. Sin embargo, como indica el periódico, si no hubiera acuerdo para esa lista, Ayuso «tendría que competir» con Almeida u otros candidatos. En este contexto de división, el Partido Popular también se encuentra con la pregunta de cuál es el camino que debe seguir a nivel nacional: si debe acercarse a las posiciones de Ciudadanos o a las de Vox. Decidiendo, así, si endurece o modera su discurso.

El programa, además, entrevistó a Araceli Domínguez, una de las ciudadanas españolas residente en Australia que relató la situación en la que se encuentran desde el cierre de fronteras que impuso el país desde el comienzo de la pandemia.

En la página internacional, Afganistán continúa en el foco de la prensa global. En esta ocasión por una manifestación de mujeres a favor del régimen talibán que, para varios medios, ha sido una puesta en escena de cara a la opinión pública internacional. Además, en Francia Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, ha anunciado la decisión de presentarse a la candidatura a la presidencia de 2022.

En la agenda cafetera, la que conforma la audiencia, han destacado la petición de cientos de jóvenes migrantes extutelados al Gobierno para que reforme el Reglamento de Extranjería. Como dijo la activista y periodista Helena Maleno, al leer el manifiesto, la situación de estos jóvenes es «de indefensión, en la que se encuentran miles de jóvenes sin apoyo familiar y social que, al cumplir mayoría de edad, no han podido regular su situación administrativa por las trabas que impone el actual reglamento». Impidiendo así «su integración, social, educativa y laboral». La audiencia también puso el foco en el estudio sobre teletrabajo que advierte de sus efectos más  negativos: «más horas de trabajo y peor comunicación».

 

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Aunque en un primer momento, el trabajo a distancia se percibía como una salvación y reclamación casi global, el gigantesco experimento social con él que ha supuesto la pandemia ha desvelado que tiene también significativas consecuencias negativas. Un estudio que ha analizado datos de más de 61.000 empleados de Microsoft revela que con el teletrabajo se comunican peor y dedican horas de más a las labores profesionales. Hasta el punto que está haciendo mella en las relaciones laborales.

Tras llevar a cabo un análisis anónimo de correos, calendarios, videollamadas e interacciones de más de 61.182 trabajadores de Microsoft en EEUU, un estudio publicado en Nature Humans Behaviour y que recoge Business Insider, ha determinado que los empleados están invirtiendo más horas en sacar adelante su trabajo en comparación a la realidad previa a la pandemia y la presencialidad en la oficina. Pero además la comunicación entre las personas está fallando, bien porque es inexistente o bien porque existe una saturación tecnológica.

Los autores del estudio, la propia Microsoft y la Universidad de Bekeley, han subrayado que no es una situación extrapolable a compañías de otros sectores, pero que, en su caso, existe una creciente preocupación por la falta de comunicación, que puede llegar a afectar a la productividad y la innovación dentro de las compañías.

En concreto apuntan que el teletrabajo se están reduciendo las conversaciones informales, más genuinas y espontáneas. Y el abandono de los canales de comunicación que facilitan la interacción interpersonal, más adecuados para comunicar información e ideas complejas, puede dejar en situación de desventaja especialmente a empresas de tecnologías de la información.

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En los últimos 30 años España ha construido la mayor red de trenes de alta velocidad de Europa y la 2ª del mundo que han transformado el país. Ahora la entrada de nuevos operadores low cost, que competirán con Renfe, pueden revolucionar el sector. Es lo que pone de relieve la TV estadounidense en un reportaje de Ben Jones. Repasa la historia y logros de alta velocidad española y señala que ampliar su base de pasajeros, con los nuevos operadores, puede también ayudar a «descarbonizar» el transporte y la economía española para luchar contra el cambio climático.

CNN resalta que aunque cuando se piensa en trenes de alta-velocidad europeos se suele destacar el TGV francés, el ICE alemán o el Trenitalia’s Frecciarossa, en realidad la mayor de red ferroviaria de alta velocidad no están en ninguno de esos países, sino en España. Detalla como en los últimos 30 años, miles de millones de euros se han invertido en nuevas conexiones por tren desde Madrid y los 3.567 kilómetros españoles constituyen la 2ª mayor red de alta velocidad de todo el planeta, después de la de China. Pero apunta que la construcción de nuevas vías en España ha sido «rehén de la volátil política nacional y regiones, con metas salvajemente ambiciosas y con decisiones inconsistentes, sobre todo desde la crisis financiera de 2008″.

El reportaje apunta que pese a todo se siguen inaugurando líneas, especialmente gracias al apoyo de la UE, y se mantiene el «sueño» de tener conexiones rápidas desde Madrid con las capitales regionales. Menciona como desde la apertura del AVE a Sevilla en 1992 se han ido sumando nuevas ciudades y hasta ahora las líneas han sido operadas siempre por la empresa pública, Renfe, y los billetes eran caros. Pero apunta que eso parece que va a cambiar ahora con el lanzamiento de AVLO, el operador low cost de Renfe en el trayecto Madrid-Barcelona y del francés, Ouigo, inicialmente solo en la ruta desde la capital a Valencia y Alicante. Esto puede ayudar a atraer a más pasajeros y ayudar a España en el objetivo de «descarbonizar» el sector del transporte y la economía española, algo que desde el gobierno se señala como «crucial» para luchar contra el cambio climático.

CNN, Cable News Network es una TV estadounidense fundada en Atlanta en 1980. Fue la primera cadena en emitir sólo noticias 24h al día. Su fundador fue el magnate Ted Turner pero actualmente es propiedad de la multinacional Time Warner. Se considera que su línea editorial es liberal (en el sentido estadounidense) aunque también ha sido acusada de favorecer posiciones conservadoras y pro-americanas. Durante años fue el canal de noticias más visto de EEUU, donde llega a 100 millones de hogares, y en el extranjero su señal se capta en 212 países y territorios. Cuenta además con el canal CNN en español. Pero en 2012 sufrió los peores datos de audiencia de su historia, perdiendo el liderazgo. Su website se mantiene como un lider de referencia con 62 millones de visitantes únicos al mes.

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El miedo y la ansiedad que provocaron los ataques del 11S permitieron a EEUU y otros estados navegar con el viento a favor al diseñar su respuesta más allá del derecho penal nacional e internacional. Se normalizaron ataques preventivos, detenciones arbitrarias, políticas discriminatorias de migración, restricciones a la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. La profesora de derecho internacional Carmen Rocío García Ruiz repasa en este artículo de The Conversation la situación creada tras el 11S y asegura que existían herramientas jurídicas para responder a la amenaza desde el respeto a los derechos, «pero no existió la voluntad». Y advierte de que deberían extraerse las lecciones también para la actualidad.



Imagen de torturas en la prisión de Abu Ghraib (Irak, 2003).
Wikimedia Commons / U.S. Government

Carmen Rocío García Ruiz, Universidad Loyola Andalucía

El 11 de septiembre de 2001, el presidente de los Estados Unidos de América George Bush Jr. tenía ante sí una apacible mañana en una escuela de Florida. Tal y como narra en sus memorias, tuvo que estrellarse el segundo avión para asimilar que estaban siendo atacados:

“Mis pensamientos se aclararon. El primer avión podía haber sido un accidente. El segundo era claramente un ataque. El tercero era una declaración de guerra. Me hervía la sangre. Íbamos a encontrar a los que lo habían hecho y les íbamos a machacar (…) Habíamos sufrido el atentado por sorpresa más devastador desde Pearl Harbor. Un enemigo había atacado nuestra capital por primera vez desde la guerra de 1812”.

Si, como señala Meschoulam, “la magnitud de un acto terrorista no está determinada por el tamaño del ataque, el monto de las víctimas o el daño material causado, sino por su impacto psicológico”, no cabe duda de que este fue devastador.

La tardanza en reaccionar del propio presidente evidencia lo impensable de esta amenaza para el imaginario colectivo. Súbitamente, la sociedad occidental tomó conciencia de su vulnerabilidad, al comprender que el enemigo ya no actuaba en conflictos lejanos a los que permanecía ajena e indiferente, sino que se movía con facilidad en sus propias estructuras, dispuesto a atacar aleatoriamente y atentar contra sus pilares.

Y ese miedo, esa ansiedad permitió a los Estados navegar con el viento a favor al diseñar su respuesta más allá del derecho penal nacional e internacional. Desde los primeros discursos de Bush, este cambio de retórica es evidente. Al hablar de guerra contra el terrorismo, al simplificar la realidad dividiéndola entre el eje del bien y el del mal, al apelar únicamente a la fortaleza del Estado para responder al ataque, sin mencionar la comunidad internacional, se optó por una estrategia al margen del Derecho Internacional, y por tanto, de los estándares de protección establecidos por las normas de derechos humanos, llamados a proteger a las personas de los abusos cometidos por los Estados. Se afirmó sin pudor: “Se hará justicia, ya sea trayendo a nuestros enemigos ante la justicia, o llevando la justicia a nuestros enemigos”.

Libertad o seguridad

Las reglas del juego habían cambiado. Y los Estados eran muy conscientes de que sus ciudadanos estaban dispuestos a hacer concesiones antes impensables. Cuanto mayor su miedo, mayor la parcela de derechos a la que estaban dispuestos a renunciar. Se diseñó un dilema en términos absolutos: libertad o seguridad.

El orden y la seguridad pasaron a ser la prioridad, no solo para los Estados, sino también para una población que, puntual e intencionadamente informada de los altos niveles de alerta antiterrorista en que vivía, presionaba y reclamaba a su Estado la adopción de medidas que le permitiera volver a sentirse segura, dispuesta a perdonar excesos y sacrificar derechos fundamentales propios y ajenos, en base a una doble creencia: nada tiene que temer quien nada tiene que ocultar y un Estado fuerte es aquel que responde con rotundidad a quienes amenazan su forma de vida.

Un Estado garantista y escrupuloso fue percibido como débil, por lo que se otorgó carta blanca para actuar sin remilgos. Todo ello en el contexto de un llamamiento a la unidad nacional que identificaba como traición cualquier atisbo de crítica a posibles desmanes al dejar claro que “quien no está con nosotros está contra nosotros”.

La respuesta a la amenaza desde o al margen del derecho

Así, se emprendió una guerra contra el terrorismo que estratégicamente se tornó en lucha contra el extremismo violento, sin que existiese ninguna norma internacional que definiese con precisión estos conceptos y estableciera límites a respetar.

Se normalizaron ataques preventivos, detenciones arbitrarias, políticas discriminatorias de migración, ataques contra la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. En definitiva, graves violaciones de derechos plasmados en instrumentos internacionales ratificados por los Estados que ahora los relativizaban con el beneplácito de sus ciudadanos. Nunca hubiese podido existir un Guantánamo sin esta complacencia.

A pesar de la tragedia y la complejidad de la situación, otra respuesta habría sido deseable. La definición del ataque como crimen contra la humanidad hubiese permitido situar la respuesta en el marco del Derecho Internacional y fortalecer una entonces incipiente y ahora denostada Corte Penal Internacional.

Existían herramientas jurídicas para responder a la amenaza desde el respeto a los derechos tan arduamente conquistados, para mitigar las declaraciones de guerra y odio, pero no existió la voluntad. Y cuando esta falla, el Derecho Internacional deviene en una quimera.

Aun así, las normas internacionales prevén mecanismos para la defensa de derechos humanos que posibilitan la crítica y la exigencia del cumplimiento de los compromisos adquiridos. Como señala Ignatieff, “el lenguaje de los derechos humanos está ahí para recordarnos que algunos abusos son realmente intolerables y que algunas excusas por dichos abusos son realmente insoportables”.

En el seno de Naciones Unidas, por ejemplo, cuando son los órganos de protección de derechos humanos quienes se pronuncian, el discurso de la organización escapa sutilmente al control de un grupo de Estados y deviene más crítico, poniendo sobre la mesa la propia responsabilidad de quienes intentan protegerse en las acciones que llaman a combatir, recordando una realidad: la lucha contra el terrorismo y la protección de derechos humanos deben caminar de la mano, pues de lo contrario las infracciones cometidas en la represión alimentarán la respuesta exacerbada de quienes la sufren.

Los derechos humanos como prevención contra el terrorismo

Como señaló Kofi Annan en 2002, “todos deberíamos tener claro que no hay ninguna contradicción entre una acción eficaz contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos. Por el contrario, creo que, a la larga, comprenderemos que los derechos humanos, junto con la democracia y la justicia social, constituyen la mejor profilaxis contra el terrorismo”.

Los discursos populistas, que simplifican ante la población una realidad compleja y cargada de matices, resultan tan inútiles como dañinos. Al igual que sucede con la pandemia actual, el mundo en que vivimos no nos permite protegernos aisladamente. Cuanta más pobreza, más desigualdad, cuanto mayor el abuso y la violación de derechos por el fin que sea, cuanta mayor nuestra permisividad e indiferencia, mayor será el sufrimiento que, cual perverso búmeran, nos terminará por golpear. Y si no, denle tiempo a Afganistán.The Conversation

Carmen Rocío García Ruiz, Profesora Contratada Doctora. Derecho Internacional Público. Vicedecana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Universidad Loyola Andalucía

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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