La fianza de 2,8 millones de euros que el Tribunal de Cuentas ha impuesto al ex ministro de Economía catalán por el 1-O ha provocado una reacción de apoyo internacional hacia Andreu Mas-Colell que resalta el influyente diario estadounidense. El artículo es de Xavier Fontdegloria y explica que ha habido también penalizaciones y fianzas para otros 34 altos funcionarios en un proceso que califica de «represión» de la justicia española. Aunque se centran sobre todo en la figura de Mal-Colell, recordando que fue profesor de Harvard y que es un economista de alto prestigio que podría «ver embargados sus bienes».

The Wall Street Journal resalta que en dos meses, Andreu Mas-Colell «un economista de fama internacional y ex profesor de Harvard» ha pasado de disfrutar de una tranquila jubilación a enfrentarse a una acusación del Estado español que puede supone el embargo de sus bienes. Explica que ocupó el cargó de ministro de Economía de Cataluña entre 2010 y 2016 y ahora el Tribunal de Cuenta le acusa de participar en la malversación de millones de euros públicos para ayudar a promover el intento de independencia de Cataluña en 2017 y le ha impuesto una fianza de 2,8 millones de euros como parte del procedimiento contra 34 altos funcionarios catalanes.

El artículo recuerda que Mas-Colell es el autor de libros sobre microeconomía que se utilizan habitualmente en universidades de EEUU y ha sido profesor en Harvard y en Berkeley, además de en España. Y enfatiza que las acusaciones en su contra han provocado un «clamor» entre destacados economistas de EEUU, Europa y Asia que han salido en su defensa, mencionando en concreto la carta de 54 personalidades, entre ellas varios premios Nobel, destacando su «integridad». Y el WSJ habla de «represión» de la justicia española hacia independentistas catalanes, señalando que deben pagar las fianzas antes de poder apelar contra los cargos.

Wall Street Journal es un diario estadounidense fundado en 1889 que publica Dow Jones & Company, una división de News Corporation que pertenece desde 2007 al magnate australiano Rupert Murdoch, que también controla Fox News y el británico The Times. Se le considera la biblia de la información financiera.  En 2020 tenía más de 3,2 millones de suscriptores y su tirada en papel en 2021 entre semana está en torno a los 800.000 ejemplares, lo que lo convierte el diario con mayor circulación de todo EEUU. Su línea editorial es conservadora y radicalmente a favor de la libertad y el libre mercado, aunque un estudio de 2004 aseguró que sus noticias eran más liberales o progresistas que las del NYT o NPR. El WSJ fue el primero en publicar información sobre los abusos financieros en Enron o el escándalo de las stock options.

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La ley del ‘solo sí es sí’, impulsada por el Ministerio de Igualdad, plantea la inclusión del delito de acoso callejero. La inclusión en el Código Penal de la figura de «acoso ocasional» supondrá para los agresores penas de localización permanente, trabajos comunitarios o multas. Sobre ello fue preguntado el magistrado Joaquim Bosch en La Cafetera de Radiocable.com: «En general, el tema del acoso callejero, si no reúne una gravedad importante, es más un problema de educación y rechazo social». Para Bosch, «hay dos niveles», «el de la prevención social, la educación y el rechazo social», y en «las formas de más intensidad de acoso callejero, la ley penal sí puede intervenir». Aunque, añadió: «Me parece peligroso esperar que el Código Penal solucione muchas cosas que forman más parte de la estructura social, la educación y el rechazo social a las formas de discriminación a las mujeres».

Además, Joaquim Bosch señaló que las agresiones de odio han aumentado un 45% en los últimos 6 años: «Cada vez me llegan más agresiones de odio de todo tipo, homófobas o racistas». Una impresión que, dijo, constatan los datos del Ministerio del Interior que «nos indican que la evolución claramente va en la línea de una consecuencia de unos discursos que hace tiempo habían desaparecido de la sociedad». Pero, «en los últimos tiempos ha habido una reacción social y política de vatios tipos que ha catalizado actuaciones que, en última instancia, cuando se generan climas determinados, pueden acabar desembocando en una agresión».

8M 2018ser mujer factor riesgo

La nueva norma pone el consentimiento en el centro, por lo que las víctimas ya no tendrán que acreditar que han sufrido violencia o que se han resistido para demostrar que ha habido agresión sexual: «Solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona».

Además, acaba con la diferenciación entre agresión y abuso sexual, el abuso sexual será agresión. Los actos sexuales sin consentimiento serán agresión, y el delito de abuso sexual desaparecerá del Código Penal. Y, en su lugar, sólo existirá el delito de agresión sexual.

La ley pone el foco también en la atención y reparación de las víctimas de violencia sexual. Y van a incluir la protección de los niñas y los niños y la implantación de las llamadas ‘casas de infancia’, centros especiales de atención para niños y niñas que hayan sufrido este tipo de violencias.

En la página internacional, Trump volvió al foco de la prensa global después de que el fiscal haya presentado cargos contra su conglomerado empresarial por fraude fiscal.  Además, Rusia se ha visto envuelta en una gran polémica después de que un supermercado ruso pidiera disculpas y retirara un anuncio en el que aparecía una pareja lesbiana.

En la agenda cafetera, la que conforman los oyentes, se puso el foco en un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre el impacto social del mercado de alquiler en la ciudad condal. El informe subrayaba que la mitad de las mudanzas esconden un «desahucio invisible». Y, en la sobremesa, el espacio del programa de conversación con los oyentes, se debatió sobre cómo combatir los discursos homófobos.

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La paliza que le costó la vida al joven de A Coruña, las circunstancias en las que se produjo y la conmoción e ira que ha provocado, con masivas manifestaciones de protesta por toda España son recogidas por medios de todo el planeta. Se detalla como el asesinato de Samuel Luiz es investigado como sospechoso de ser un crimen de odio y homófobo, pero sobre todo ponen de relieve la indignación que ha levantado en las calles y la demanda de justicia para su caso. También se subraya que este crimen se ha producido en un momento en el que están aumentando las agresiones a personas LGYBI en toda España, según recogen los datos oficiales y denuncian los activistas.

El Washington Post apunta que la investigación policial sospecha de un crimen de odio contra un hombre gay en España. El diario estadounidense recoge que el asesinato de un joven de 24 años en el noroeste de España ha desatado una amplia reacción de condena tras la denuncia de sus amigos de que fue apaleado hasta la muerte por ser gay. Añade que las autoridades han pedido tiempo para investigar a fondo el caso de Samuel Luiz y la policía sospecha que pudo ser víctima de un crimen de odio. Destaca también que los activistas LGTBQ han convocado manifestaciones de condena por toda España y también se han manifestado en es este sentido miembros del gobierno español. Y pone asimismo de relieve que esta muerte se produce en un momento en el que los ataques a personas LGTBI en España han aumentado.

Deustche Welle resalta la ira en España por un crimen de odio y que miles de personas reclaman justicia para Samuel. La TV germana explica que un crimen que se sospecha de odio ha provocado ira en España. Añade que miles de manifestantes han tomado las calles demandando justicia para Samuel Luiz, el joven de 24 años atacado a la salida de un club nocturno en A Coruña y que falleció posteriormente en el hospital. Recoge que los amigos de la víctima ha contado que fue apaleado hasta la muerte por ser gay y la policía está investigando un posible crimen homófobo, aunque de momento no ha habido detenciones. Y enfatiza que el crimen de Samuel se ha producido cuando se ha registrado en España un aumento de ataques a personas LGTBI y los activistas denuncian que hay incluso más incidentes que no se conocen.

Le Monde resalta que el asesinato de un joven homosexual apaleado hasta la muerte sacude a España. El diario francés pone de relieve que numerosas e «importantes» manifestaciones han tenido lugar en toda España para denunciar el crímen «homófobo» de Samuel Luiz en La Coruña. Detalla que el joven de 24 años murió el fin de semana tras recibir una paliza a la salida de un club nocturno en la ciudad gallega que su círculo vincula con su condición de homosexual. Y enfatiza que bajo el eslogan «Justicia para Samuel» lanzado por el colectivo LGTBI, varios miles de personas han salido a la calle para denunciar el crimen y pedir el fin de la homofobia.

Reuters pone de relieve las protestas en España contra un crimen que se sospecha de odio LGTB. La agencia británica se hace eco de que una gran muchedumbre tomó las calles de las principales ciudades españolas para expresar su indignación por la muerte de un hombre en un ataque presumiblemente homófobo. Detalla que la víctima, Samuel Luiz, falleció tras ser apaleado en A Coruña por varios asaltantes uno de los cuales gritó un término peyorativo hacia los homosexuales. Y destaca la reacción de Podemos a las manifestaciones hablando de la «respuesta abrumadora a la ola de odio y fobia LGTBI que acabó con la vida de Samuel».

La indignación por el crimen de odio contra Samuel Luis también es noticia en The GuardianFoxNews, Der Spiegel, Le Figaro, Corriere del Ticino, San Francisco Chronicle, ARD, Le Parisien o ORF, entre otros.

Y aunque en las crónicas no se mencionan, algunos corresponsales sí se están haciendo eco de las cargas policiales contra los manifestantes. Guy Hedgecoe de The Irish Times y BBC, por ejemplo asegura en twiter tras recoger un video de agentes golpeando con porras a los asistentes: «he perdido la cuenta de las veces que he visto a la policía española comportarse así».

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Un tribunal de Honduras ha declarado culpable a David Castillo como autor intelectual del asesinato de la histórica activista ambiental e indígena en 2016. Castillo era directivo de la compañía DESA S.A. responsable del proyecto de represa hidroeléctrica contra el que luchaba Berta Cáceres y en el juicio se presentaron más de 60 pruebas que lo vinculan con los autores materiales del crimen ya condenados. Juan López de Uralde, diputado de Unidas Podemos y ex presidente de Greenpeace, ha celebrado, en el programa La Cafetera de Radiocable.com, la condena y ha señalado que se trata de un «paso muy importante para la justicia ambiental».

Berta Cáceres

El Tribunal de Sentencia de Honduras ha fallado este 5 de julio contra Víctor David Castillo y lo ha declarado culpable de ser el autor intelectual del asesinato, en 2016, de la activista ambiental y líder indígena, Berta Cáceres. La jueza ha dictado prisión preventiva para el acusado y ha fijado el 3 de agosto para anunciar la pena que cumplirá.

David Castillo era directivo de la compañía Desarrollo Energéticos DESA S.A. responsable del proyecto de represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, contra el que luchaban Cáceres y el pueblo lenca, por tratarse de un lugar sagrado para las comunidades nativas de esta zona de Honduras. Su condena como autor intelectual del asesinato se ha producido tras un juicio de 45 días en los que tanto el fiscal como la acusación que representa a la familia de la activista presentaron hasta 62 pruebas para acreditar los vínculos de Castillo con los autores materiales del asesinato que ya fueron condenadas en 2018.

Juan López de Uralde señala en La Cafetera que esta sentencia «es un paso adelante muy importante en el caso de Berta Cáceres y en general en el de la justicia ambiental». Ha recordado que Honduras es el país del mundo que tiene el récord per cápita en asesinatos de ambientalistas, puntualizando: «en Brasil o Colombia muerte más gente en estos ataques, pero Honduras es el país con más crímenes por numero de habitantes». Y enfatiza que en este tipo de crímenes contra activistas del medio ambiente en muchos casos no hay apenas investigación y cuando la hay se llega hasta los autores del crimen, «pero no se va más allá».

Pero resalta que precisamente en el caso de Berta Cáceres sí se está consiguiendo ir más allá: «Y esto es fundamental. Ir no solamente contra los autores materiales, sino también contra quienes han instigado, pagado o planificado el crimen. Y esto es una buena noticia para romper, aunque sea tímidamente, la impunidad en la que se mueven hasta ahora este tipo de delincuentes corporativos o quienes desde un puesto directivo empresarial deciden que hay que eliminar a la oposición y contratan a unos ejecutores. Y en el caso de Berta Cáceres, por primera vez, está pasando y es un paso adelante importante», asegura. (audio: minuto 43:10)

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Desde Amnistía Internacional han denunciado el «hecho sumamente preocupante» que supone la retirada de Turquía del Convenio de Estambul, «en el contexto de la actual erosión de los derechos en el país», donde la violencia de género en el ámbito familiar «es generalizada» y donde «al menos 300 mujeres fueron asesinadas sólo el último año».

violencia machista ni una menos Foto: ONU Mujeres / Dzilam Méndez

Recuerdan que el Convenio de Estambul es «un instrumento de derechos humanos ampliamente aceptado para abordar los altísimos niveles de violencia contra las mujeres en Europa».

Señalan que su retirada ha reactivado la lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo, y tildan de «vergonzosa» la decisión concretada este 1 julio, que «supondrá una situación de mayor peligro para millones de mujeres y niñas».

Además, subrayan el rechazo y la condena «en términos categóricos por gobiernos, organismos internacionales y líderes y lideresas mundiales, como Joe Biden y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen».

 

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Este lunes España vivió con gran indignación social la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de avalar el cartel electoral de Vox que criminalizaba a menores no acompañados señalando que «son un evidente problema social y político». A esto se sumó la indignación por las cargas policiales contra manifestantes de la concentración que pedía justicia para Samuel, el joven asesinado en A Coruña. La Cafetera de Radiocable.com puso el foco con el analista José Romero en la respuesta ciudadana frente al retroceso de derechos humanos y la permisibilidad del discurso de odio en España.

caerolada-protesta

A pesar de las palabras de la Audiencia Provincial de Madrid asegurando que los menores no acompañados suponen «un evidente problema social y político», los datos no lo sostienen. Como publicó ElDiario.es, en la Comunidad de Madrid, según los últimos datos oficiales, hay 269 menores extranjeros no acompañados acogidos, la inmigración no está entre las principales preocupaciones de los ciudadanos y no se da una correlación entre llegadas de menores migrantes y el aumento de la delincuencia. Además, subrayan que ningún menor migrante recibe una ayuda directa de 4.700 euros en la Comunidad de Madrid, como dio a entender el partido de ultraderecha en su cartel electoral de las pasadas elecciones del 4 de mayo.

El aval de la justicia al cartel racista de Vox generó una gran indignación social, y planteó el debate de si la justicia se tiene que limitar a la reinterpretación de las leyes, o tiene que hacer una lectura contextual de lo que ocurre en la sociedad. Una sociedad que este lunes se movilizó en diferentes ciudades del país en solidaridad con Samuel, el joven asesinado en A Coruña, y por la defensa de las personas LGBTI. A pesar del contexto solidario y de apoyo al joven, en Madrid la concentración terminó con cargas policiales que han generado una respuesta generalizada de repulsa e indignación social.

Lo que subyace de lo ocurrido este lunes es que «hay quienes confunden a las víctimas con el problema», como escribió la periodista Olga Rodríguez en ElDiario.es, cuando «el ‘problema social y político’ no son los menores extranjeros, ni la gente LGTBI, ni los activistas; es el racismo, la homofobia, la desprotección de las personas vulnerables».

Sobre el retroceso en derechos humanos también pusieron especial atención los oyentes del programa. En la agenda cafetera, la que conforma la audiencia, destacaron la retirada de Turquía del Convenio de Estambul contra la violencia de género. Sobre España, pusieron el foco en las claves de la Ley del «solo sí es sí’.

En la página internacional, se destacó el aval del Supremo a las leyes electorales de Arizona que restringen el derecho al voto de minorías. Y, en Honduras, la condena al autor intelectual del asesinato de la activista medioambiental Berta Cáceres, «un paso muy importante en su caso y de la justicia medioambiental»- señaló Juan L. Uralde. Además Uralde puso el foco en el incendio provocado por una fuga en un gasoducto submarino en las aguas del Golfo de México. Unas imágenes que «muestran nuestra espeluznante capacidad de destrucción y de impacto sobre el entorno en el que estamos». Afortunadamente, dijo, «en España esas imágenes no las veremos porque la nueva Ley de Cambio Climático cierra la posibilidad de extracción  de combustibles fósiles del subsuelo, tanto en la tierra como en nuestros mares».

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La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de rechazar el recurso que pedía declarar ilegal el poster electoral del partido de ultraderecha para el 4M es noticia en el principal periódico de Irlanda. En la crónica que firma su corresponsal Guy Hedgecoe recuerdan que el «controvertido» cartel de Vox desató grandes críticas comparaba lo que percibía una jubilada española de pensión con lo que cuesta todo el sistema de acogida de menores de la CAM y había sido recurrido por «engañoso» y por promover el delito de odio. Pero enfatiza que la justicia lo ha validado, al rechazar el recurso, y lo ha hecho además asegurando en el fallo, que los MENA son un «evidente problema social y político».

NOTICIA ACTUALIZADA: The Guardian también se hace eco de que un tribunal de Madrid «legitima» el «incendiario» poster anti-inmigración de Vox

The Irish Times detalla que la justicia española ha rechazado el recurso contra un cartel electoral usado por la ultraderecha que presentaba a los menores inmigrantes como una amenaza y un coste que vacia las finanzas públicas. Explica que el «controvertido» poster fue usado por Vox en las elecciones autonómicas de Madrid del pasado 4M y mostraba la imagen de una anciana junto a un joven de piel oscura enmascarado, comparando lo que se gastaba la CAM en pensiones (426 euros por pensión/mes) y en la gestión de los menores extrenajeros no acompañados (4.700 euros al mes). Destaca que el cartel desató críticas inmediatas denunciando su «naturaleza engañosa» al comparar lo que percibe una jubilada con lo que cuesta todo el sistema de acogida de menores en centros especializados y con el personal necesario. Y añade que además, según las cifras oficiales en Madrid hay 3.700 niños en centros de acogida, pero sólo 269 son MENA.

El artículo subraya que un fiscal presentó una demanda contra el cartel electoral por considerar por considerar que promovía un delito de odio y el rechazo a una comunidad específica. Y enfatiza que tras una primera decisión judicial que autorizó su mantenimiento durante la campaña electoral, la Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado la apelación del fiscal. Y pone de relieve que en el «controvertido» fallo de este tribunal se asegura sobre los menores inmigrantes: «Independientemente de su los datos ofrecidos sobre verdad, representan un evidente problema político y social». Recuerda asimismo que Vox «frecuentemente» intenta presentar a los menores inmigrantes no acompañados como una «gran amenaza» para España.

ACTUALIZACIÓN:

The Guardian se hace eco de que un tribunal de Madrid «legitima» el «incendiario» poster anti-inmigración» de Vox. El rotativo británico en un texto de Sam Jones resalta que los defensores de los derechos humanos y numerosos políticos han reaccionado a la noticia de que una corte ha dictaminado que un «controvertido y falso cartel electoral» del  partido español de extrema derecha no debe ser retirado porque es una «expresión política legítima». Enfatiza que el poster «sugiere de forma incorrecta» que los refugiados y los menores inmigrantes reciben diez veces más beneficios mensuales que una abuela en su pensión. Y pone especialmente de relieve el argumento del tribunal de que los menores extranjeros no acompañados -que son «descritos de forma implacablemente negativa» en el cartel- son un «evidente problema social y político».

The Irish Times fue fundado en Irlanda en 1859 y está considerado el diario de referencia del país. Aunque creado por nacionalistas protestantes, hoy su línea editorial es liberal y de centro derecha en economía, más progresista en política y temas sociales, y se muestra en general pro-europeo. Es propiedad de The Irish Times Trust, un grupo de varios fideicomisarios sin animo de lucro encargados de garantizar su independencia política y religiosa. Su circulación actual ronda los 90.000 ejemplares.

Guy Hedgecoe lleva en España desde 2003. Es corresponsal de The Irish Times y colaborador habitual de la BBC, Deutsche Welle y ahora también de la edición europea de The Politico. Anteriormente fundó Iberosphere, un medio digital de análisis de noticias sobre la Península Ibérica y fue director de la edición en inglés de El País. Entre los artículos que ha escrito destacan un perfil sobre Rodrigo Rato, “de Dios del FMI a paria“ y otro sobre Otegi, el político más divisivo de España, además de un análisis de la conflictiva relación de España con su Constitución, de por qué es un “país de ladrones” que lucha con la corrupción y otros sobre el posible “fiasco” del contrato del AVE a la Meca por los problemas en el consorcio o la constatación de que España sigue siendo refugio de fugitivos y un polo para el crimen global.

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En plena campaña por incorporar a la Corte Penal Internacional el delito de ecocidio como nuevo crimen contra la humanidad y el planeta, se ha sabido que la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) tiene previsto denunciar ante el tribunal de La Haya al presidente brasileño precisamente por genocidio y ecocidio. Consideran que en los actos practicados por Jair Bolsonaro en la Amazonía y contra los pueblos originarios hay elementos concretos suficientes para que la CPI inicie una investigación.

“Ecocidio es cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente”. Esta es la definición legal recogida por doce expertos ambientales y penales, a propuesta de la Fundación Stop Ecocide y registrada en el Parlamento de Suecia que se está enarbolando para incluirlo en la lista de delitos universales contemplada por la Corte Penal Internacional, junto con el genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión.

Hay una gran campaña internacional lanzada para ello a la que se han sumado, además de numerosas organizaciones ecologistas, la ONU o el Parlamento Europeo. El objetivo es prevenir los desastres medioambientales, pero también que el daño deliberado que humanos, industrias o gobiernos causan a la naturaleza no quede impune.

Y en este contexto se ha conocido la intención de los pueblos indígenas brasileños de denunciar a Jair Bolsonaro por ecocidio, además de genocidio. Esto se sumaría a la querella presentada en 2019 por el Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos (CADHu) y la Comisión Arns, integrada por exministros brasileños e intelectuales del país, en la que se acusaba al presidente de Brasil de crímenes de lesa humanidad e incitación al genocidio de los pueblos indígenas.

Luiz Eloy Terena, abogado y coordinador jurídico de la APIB, en declaraciones a El País, ha confirmado que en los actos practicados por Bolsonaro contra los pueblos originarios, «hay elementos concretos para que la Corte Penal Internacional inicie una investigación». Y enfatiza que el presidente brasileño hace además caso omiso de la Constitución de 1988, por la cual debería quedar garantizada la protección de las comunidades de indígenas, así como el derecho que estos tienen sobre su territorio. Según el abogado, desde el Gobierno no se salvaguardan dichas tierras, sino que se incentiva la presencia de los llamados grileiros [cuatreros de tierras públicas], madereros y mineros ilegales.

Si el proceso avanza Jair Bolsonaro podría convertirse en uno de los primeros líderes mundiales juzgado por ecocidio. Aunque si llega a ser condenado, es improbable que sea durante su mandato, ya que normalmente, la CPI suele tardar hasta una década en exigir responsabilidades a los jefes o ex jefes de Estado y de gobierno. no se haga efectiva hasta al menos una década después de su mandato. Pero las penas de prisión por estos delitos podrían alcanzar los 30 años.

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