Un investigación «manipulada» sobre la gestión de la pandemia ha provocado cambios en la cúpula de la Guardia Civil y ha hecho estallar una guerra con el gobierno que hace temer por la situación en España, especialmente dado que la oposición conservadora hace «invitaciones cada vez menos veladas» a la fuerzas del orden a la desobediencia. Es el panorama que describe el diario italiano en una crónica de su corresponsal Francesco Olivo que detalla la polémica por el informe del Guardia Civil sobre el 8M. Señala que en el documento hay «errores obvios» y también «acusaciones falsas» que han provocado el cese del máximo responsable de la Benemérita y dimisiones «clamorosas». Pero en general advierte de que «soplan malos vientos» y las cosas «pintan mal» en España porque esta crisis coincide con declaraciones como las de Teodoro García Egea defendiendo el «derecho a desobedecer órdenes injustas».


La Stampa señala que en Madrid «soplan malos vientos» y las cosas «pintan mal» por la guerra «cada vez menos soterrada» entre el gobierno y la Guardia Civil «bajo la mirada a menudo no benevolente para el ejecutivo progresista del poder judicial». Explica que la polémnica actual ha «explotado» con la publicación del informe de una investigación policial sobre la gestión de la pandemia y la autorización de la manifestación del 8M. Pero resalta que en el documento la Guardia Civil ha cometido «una serie de errores demasiado obvios como para no notarlos» y menciona en concreto «noticias infundadas, testimonios manipuladas, reconstrucciones arbitrarias e incluso fake news que circulan por la red» para acusar al gobierno.

El artículo destaca que este informe «envenenado» ha derivado en el cese del comandante de la Guardia Civil por parte del ministro Marlaska y en dimisiones «clamorosas», como la del nº2 del Instituto armado. Pero enfatiza que la polémica ha provocado duras críticas de la oposición, hablando de interferencia del gobierno y sobre todo -en referencia a las palabras del secretario del PP, Teodoro García Egea- de una invitación a la Guardia Civil a «desobedecer órdenes injustas». Señala que estas «invitaciones cada vez menos veladas a las fuerzas del orden público a la insubordinación» se unen a la batalla judicial para establecer las responsabilidades políticas para la propagación del coronavirus y han provocado un clima preocupante en España.

La Stampa es un diario nacional italiano nacido en 1895 y que se edita en Turín. Pertenece al grupo Fiat y a la familia Agnelli, que controla el 100% de su capital. Su línea ideológica es de centro. Es el cuarto de los grandes periódicos nacionales por difusión y en 2018 superaba los 155.000 ejemplares.

Francesco Olivo es periodista de La Stampa y escribe sobre España desde 2015. Es también colaborador de L´Espresso. Anteriormente trabajó en Italia para Il Messaggero y Leggo. Fue el autor de la entrevista a Zapatero en 2015 en la que el ex presidente español aseguraba que Podemos “era socialdemócrata y cambiaría con la democracia”.

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Desde Naciones Unidas señalan que los efectos del confinamiento en el medio ambiente «han demostrado que sí es posible vivir en un mundo con aire más limpio, así como trabajar y transportarnos de manera más saludable». Ponen de ejemplo a países como España, Italia, Corea del Sur y Nueva Zelanda, que «han puesto el desarrollo verde junto con la salud en el corazón de sus estrategias de recuperación». Y defienden que «una rápida transición global hacia la energía limpia no solo cumpliría con el objetivo del acuerdo climático de París de mantener el calentamiento por debajo de los 2 ° C». Sino que también «mejoraría la calidad del aire hasta el punto de que las ganancias de salud resultantes compensarían el costo de la inversión hasta dos veces».

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La agencia de salud de la ONU, «con el apoyo de millones de trabajadores sanitarios» ha publicado un manifiesto con los pasos a seguir para «una recuperación verde y saludable de la pandemia».

En primer lugar, proteger y preservar la fuente de la salud humana, la naturaleza. Recuerdan que las presiones humanas aumentan el riesgo de enfermedades infecciosas emergentes en humanos. Más del 60% de ellas se originan en animales, principalmente en la vida silvestre.

Recomiendan invertir en servicios esenciales, desde agua y saneamiento hasta energía limpia en instalaciones sanitarias. Advirtiendo de que miles de millones de personas carecen de acceso a los servicios básicos para proteger su salud. Piden invertir en entornos más saludables para la protección de la salud, la regulación ambiental.

Señalan la necesidad de asegurar una transición energética rápida y saludable. Actualmente, más de siete millones de personas al año mueren por exposición a la contaminación del aire. Lo que supone una de cada ocho muertes en el mundo.

Más del 90% de las personas respiran aire exterior con niveles de contaminación que exceden los valores de referencia de calidad de aire. Dos tercios de esta exposición a la contaminación exterior son resultado de la quema de combustibles fósiles. Los mismos que impulsan el cambio climático. Mientras que las fuentes de energía renovable y su almacenamiento continúan bajando de precio, aumentando la confiabilidad y proporcionando trabajos más numerosos, más seguros y mejor pagados.

Consideran necesario promover sistemas alimentarios saludables y sostenibles. Abogando por una «transición rápida hacia dietas saludables, nutritivas y sostenibles». Porque, «si el mundo pudiera cumplir con las pautas dietéticas marcadas por la Organización Mundial de la Salud, esto salvaría millones de vidas, reduciría el riesgo de enfermedades y reduciría en gran medida las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero».

Teniendo en cuenta que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, que son responsables de más del 60% de la actividad económica y las emisiones de gases de efecto invernadero, defienden la necesidad de construir ciudades saludables y habitables. Así como realizar viajes «de manera más eficiente en transporte público, a pie y en bicicleta, que en automóviles privados». Lo que traería «importantes beneficios para la salud al reducir la contaminación del aire, las lesiones causadas por el tránsito y las más de tres millones de muertes anuales por inactividad física».

Además, la reforma financiera será inevitable para recuperarse de COVID-19, y un buen lugar para comenzar es con los subsidios a los combustibles fósiles. De ahí que pidan «dejar de usar el dinero público para financiar la contaminación«.

A nivel mundial, se gastan aproximadamente 400.000 millones de dólares cada año del dinero de los contribuyentes para subsidiar directamente los combustibles fósiles que están impulsando el cambio climático y causando contaminación del aire- advierten.

Proponen «poner un precio a los combustibles contaminantes en línea con el daño que causan». Lo que, informan, reduciría aproximadamente a la mitad las muertes por contaminación del aire exterior, disminuiría las emisiones de gases de efecto invernadero en más de un cuarto y aumentaría aproximadamente el 4% del PIB mundial en ingresos. «Deberíamos dejar de pagar la factura de la contaminación, tanto a través de nuestros bolsillos como de nuestros pulmones»- afirman.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció que el 21 de mayo, «autoridades españolas devolvieron a Marruecos a un joven que manifestó ser menor tras sobrepasar la valla de Ceuta». En consecuencia, once entidades han denunciado este hecho ante la Fiscalía.

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Piden que se «inicie una investigación de forma urgente», considerando los hechos de contrarios a la normativa de extranjería y al derecho internacional de los derechos humanos, «especialmente en lo que respecta a los derechos de los niños y las niñas». Y exigen al Ministerio de Interior «el cese inmediato de este tipo de prácticas».  No sólo por su «potencial carácter ilegal», sino también por su «carácter inmoral, al priorizar la expulsión frente a la protección de un potencial menor de edad».

Según la información a la que estas entidades han tenido acceso, el menor, tras sobrepasar las dos vallas fronterizas, fue detenido por la Guardia Civil, que avisó a Cruz Roja. El joven aseguró, tanto a la Guardia Civil como la Cruz Roja, tener 16 años y llevar unos tres años de ruta migratoria. A pesar de ello, explican, los agentes de la Guardia Civil procedieron a la apertura de las puertas del entre vallado y a su entrega a las autoridades marroquíes.

 

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El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, se refirió a las palabras de la diputada Cayetana Álvarez de Toledo en la sesión de control de este miércoles, que acusó al vicepresidente de Pablo Iglesias de ser «hijo de un terrorista». Sobre ello, dijo  Silva: «Mientras muchos generales golpistas y sus descendientes tienen títulos nobiliarios, quienes luchaban contra la dictadura son calificados de terroristas». Lo que, para Emilio Silva, «explica muy bien la normalidad que estableció la Transición española, que tiene, de algún modo, contaminado a este país».

emilio silva la cafetera 13-2-2020«Quienes lucharon contra la dictadura y a quienes la democracia debería reconocer públicamente no es que no tengan ningún título nobiliario, es que su historia ni siquiera está contada en tres renglones de un libro de texto»- señaló.

En España «ha habido 40 años de anormalidad», dijo. Además, afirmó, «los títulos nobiliarios a menudo son resultado de esclavismo, violencia, y victorias militares hipersangrientas».

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En España, hay una élite y sectores a los que la presencia de Podemos en el gobierno les produce una «reacción alérgica» y una ultraderecha «política pero sobre todo mediática dispuesta a romper todos los consensos e incluso asumir formas de golpismo”. Es lo que denuncia el vicepresidente español en sendas entrevistas concedidas al diario italiano La Stampa y el semanario portugués Expresso. Ante ambos medios, Pablo Iglesias defiende la gestión de la crisis de la pandemia realizada por el gobierno de coalición español y resalta los esfuerzos para proteger a los ciudadanos y por adoptar un escudo social para que. a diferencia de 2008, la crisis «la paguen los ricos».

Pero además, el vicepresidente español ha recalcado la idea de que algunas de las críticas y acciones que se están viendo en España intentan desestabilizar al gobierno porque a algunos sectores «les cuesta mucho aceptar resultados electorales que no les gustan» y les produce «urticaria» ver a Podemos en el Consejo de ministros. Aunque ha advertido de que para ello hay «pomadas» e insistido en que «ya no son tan poderosos como antaño».

La Stampa destaca que Iglesias asegura que «la crisis la pagarán los ricos» y señala la «reacción alérgica» de algunos sectores en España a la presencia de Podemos en el gobierno. La entrevista en el diario italiano la firma su corresponsal Francesco Olivo y en ella el vicepresidente asume que con la información que tiene hoy «el gobierno habría hecho cosas diferentes y más rápidas», pero reivindica que España se movió ante un menor número de casos con respecto a otros. E insiste en la idea de que ante el destrozo y la crisis que ha provocado la pandemia «menos mal que estábamos nosotros y no la derecha» y resaltando el «modo de respuesta opuesto» al de 2008 para que la costes no los paguen los más débiles: «Todos tienen que arremangarse, por eso proponemos un impuesto de reconstrucción para los ricos… El patriotismo no se exhibe solo enarbolando banderas, sino pagando los impuestos.»

 

En referencia a las críticas de la oposición y las manifestaciones de la ultraderecha de Vox, Iglesias afirma: «Han decidido desestabilizar utilizando las calles. Tienen derecho a hacerlo». Pero ha advertido de que con ello ponen en riesgo el esfuerzo que han hecho los españoles durante el estado de alarma. Y añade: !»Hay sectores que tienen una reacción alérgica cuando nos ven sentados en el Consejo de ministros. Pero la democracia no vale solo cuando ganan ellos y para la alergia hay remedios».

En Expresso, el líder de Podemos habla de una «ultraderecha dispuesta a romper todos los consensos e incluso asumir formas de golpismo”. El semanario portugués destaca en el texto de Gorka Castillo que Pablo Iglesias asegura sentir «envidia» de la relación que existe en Portugal entre gobierno y oposición que expresa en frases como: «Por desgracia el PP está más preocupado de competir con Vox en decir barbaridades que de hacer como la derecha portuguesa que entiende que apoyar a su gobierno es apoyar a Portugal y apoyar a su país». Y subraya además la advertencia de Iglesias sobre la existencia en España de una » ultraderecha política pero sobre todo mediática que está dispuesta a romper todos los consensos e incluso asumir formas de golpismo. Pero nosotros tenemos que cumplir nuestro deber y ya llegará el momento de que los ciudadanos valoren en las urnas lo que hemos hecho cada uno para afrontar esta crisis social, económica y sanitaria».

 

 

En la entrevista el líder de Podemos también defiende que el gobierno español está haciendo frente a la crisis sanitaria, pero también económica, construyendo un escudo social y de forma diferente a lo que se hizo en 2008 y a lo que habría hecho un gobierno de derechas. Y sobre la animadversión que suscita la presencia de su formación en el poder, asegura: «Es verdad que en España hay algunos sectores que les cuesta mucho aceptar resultados electorales que no les gustan. Y que les gustaría que las elecciones se repitieran hasta que saliera el resultado que les guste. Pero eso en España lo determina la ley». Y en este sentido Pablo Iglesias añade: «Los grupos de poder ya no son tan poderosos como antaño. Creo que es más un quiero y no puedo. Aunque evidentemente a quien siempre ha mandado en este país le produce urticaria que gente como nosotros esté en el Consejo de ministros. Pues pomadita.»

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Crecen las advertencias sobre el abandono de mascarillas y guantes que ya están contaminando los fondos marinos. En Francia, desde el fin de la cuarentena, se han multiplicado las imágenes de mascarillas y guantes tirados en el suelo. Para desalentar este comportamiento, un diputado ha llegado a proponer multas de 300 euros, como recoge Radio France Internationale (RFI).

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Además, la preocupación crece entre los grupos ecologistas porque en los últimos días se han encontrado mascarillas quirúrgicas y guantes de látex en las aguas de la Costa Azul. Las informaciones de RFI recuerdan que el 80% de los residuos que se encuentran en el mar provienen de la tierra y que una mascarilla quirúrgica tarda más de 400 años en desintegrarse.

Pero Francia no es el único caso. En Italia, concretamente en la ciudad de Roma, el Ayuntamiento ha aprobado una ordenanza con multas de hasta 500 euros para quienes abandonen mascarillas y guantes.

«En estos meses de emergencia sanitaria del coronavirus nuestros operadores ecologistas han denunciado en numerosas ocasiones la recogida de guantes y mascarillas usadas, arrojadas al suelo por personas maleducadas»- dijo la alcaldesa.  Un comportamiento que «constituye no solo un potencial riesgo sanitario», sino también medioambiental.

A España también ha llegado esta problemática. La organización cántabra ‘Centinelas’ alertó de los «primeros avistamientos de mascarillas y guantes» en sus costas. «Ahora que estábamos dando un respiro a la naturaleza parece que volvemos a la carga y no en el buen sentido»- dijeron en un comunicado.

En la legislación española sobre violencia de género existe una laguna que impide que un condenado por malos tratos que se salta un orden judicial de alejamiento pueda ser condenado de nuevo a no acercarse a su víctima. Y una sentencia del Tribunal Supremo lo ha vuelto a resaltar instando al gobierno y al Congreso de los Diputados a que inicien una reforma para endurecer la ley y permitir a los jueces volver a imponer el alejamiento a quienes lo quebrantan para aumentar la protección a las maltratadas.

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La Sala Segunda del Supremo se ha visto obligada, según recoge un artículo de Eduardo Bayona en Público, a anular una orden de alejamiento impuesta por la Audiencia de Castellón a un condenado por quebrantar una orden previa ya que esta infracción no constituye un delito contra la maltratada sino contra la administración de justicia. El quebrantamiento de condena tampoco está además en la lista de crímenes a cuyos autores puede imponérseles el alejamiento para aumentar la protección de la víctima.

El caso en cuestión afecta a un maltratador que se saltó una orden judicial de no acercarse a su víctima para amenazarla. Fue condenado a prisión por amenazas y por el quebrantamiento y se le impuso una nueva orden de alejamiento. Pero la defensa recurrió esta nueva prohibición y el Supremo se ha visto obligado a suprimirla en aplicación del «principio de legalidad».

Sin embargo en la sentencia, los magistrados ponentes apuntan textualmente «Se suprimirá la referida pena anudada al delito de quebrantamiento de condena, sin perjuicio de que el legislador pueda replantearse una futura modificación legislativa en este sentido». Esta «sugerencia» al gobierno y al Congreso de los Diputados para reformar la ley es apoyada por organizaciones como la Asociación de Mujeres Juristas Themis que llevan tiempo reclamándolo.

En 2019, los tribunales españoles dictaron más de 120.000 órdenes de alejamiento, prohibiciones de comunicarse y destierros en procesos judiciales de violencia machista, según los datos del INE.

El debate sobre la propiedad intelectual de la vacuna de la covid-19 es ya una realidad. Como explicó José Romero en La Cafetera de radiocable.com y un artículo de la revista científica Nature, está creciendo la preocupación sobre que la investigación alrededor de la vacuna no sea pública. Hay «una preocupación muy seria alrededor de esto», afirmó. Por el hecho de que no se puedan compartir con todos los países los conocimientos sobre esta.

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Romero mencionó el hecho de que, recientemente, representantes de gobiernos de Ghana, Pakistán, Senegal y Sudáfrica, junto con investigadores de todo el mundo, firmaron una carta «apoyando que la propiedad intelectual relacionada con la vacunas del coronavirus se compartiera libremente».

Uno de los argumentos es que «si todos los esfuerzos colectivos han hecho que se acelere la investigación básica, lo que no tiene sentido es que la vacuna se bloquee la compartición del conocimiento alrededor de la vacuna, no se pueda compartir libremente y algunos países se lucren por ello». Señaló el caso de Estados Unidos y Reino Unido, que «no están dispuestos a que la propiedad intelectual relacionada con la vacuna se comparta».

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El diario suizo que reveló que el ex monarca español escondía 100 millones en una cuenta en Ginebra en marzo, detalla ahora en otro artículo el «misterioso regalo» de dos millones de dólares que Juan Carlos I llevó en efectivo en un maletín a Suiza que ha destapado la investigación.de la fiscalía helvética. Y en un editorial, que firma Caroline Zumbach, también autora de los reportajes de investigación, reclama a España que investigue la fortuna del Rey Emérito y «levante el velo» sobre los asuntos financieros de su reinado.

Señala en concreto que la últimas revelaciones plantean interrogantes sobre la cantidad de «regalos» que Juan Carlos pudo recibir y sobre los motivos por los que era obsequiado. Asegura que «Europa se interroga» al respecto, mientras en España no parece haber voluntad de obtener respuestas, pero advierte «su credibilidad ya no puede esperar».

La Tribune de Geneve señala que las revelaciones sobre el dinero escondido en Ginebra por Juan Carlos I no dejan de alimentar las crónicas y recuerda que ellos mismo sacaron a la luz el regalo de 100 millones de dólares del Rey de Arabia Saudí que obligó a Felipe Vi a sacar un comunicado renunciando a su herencia para intentar salvar la credibilidad de la monarquía. Pero resalta que ahora un segundo «obsequio controvertido» -el de 1,9 millones del Rey de Bahrein que Juan Carlos llevó en especies a Ginebra y que LTG detalla en un reportaje-, ha manchado aún más su reputación. Y asegura «la imagen de este monarca paseándose con un maletín lleno de dólares levanta preguntas que ya no pueden ser ignoradas».

El texto plantea en este sentido la incógnita de cuántos regalos de este tipo pudo recibir el ex rey de España y también la de porqué recibía estas cantidades. Pero advierte de que «mientras Europa se interroga, en España no se empuja para encontrar respuestas». Enfatiza que la Casa Real se mantiene muda y los intentos de investigación parlamentaria son «sistemáticamente descartados por PSOE y PP». Considera que solo queda la justicia española que podría reabrir el caso y levantar el velo sobre los asuntos financieros de los 39 años de reinado de Juan Carlos. Pero aunque señala que no hay seguridad de que lo haga, advierte: «la credibilidad de España no puede esperar».

La Tribune de Geneve es un diario suizo fundado en 1879 y considerado el medio de referencia en Ginebra, con influencia en toda la Suiza francófona. Hasta 2001 pertencía al grupo Edipresse, pero en ese año fue adquirido por la compañía de Zurich Tamedia. Su línea editorial es de centro izquierda. Y su difusión en 2017 rondaba los 35.000 ejemplares en papel y el millón de visitas en su web.

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Con el levantamiento de la cuarentena, España, un país «conocido por su litigiosidad» y donde los tribunales ya estaban «sobrecargados», está retomando con cautela los procedimientos legales, pero abogados y jueces se están preparando para un «caos» ante la perspectiva de un aluvión de casos. Es el panorama que pinta el influyente diario estadounidense en un reportaje de Raphael Minder en el que advierte de que a las crisis sanitaria y económica como consecuencia del coronavirus, se puede tener que añadir otra que arrolle a la Justicia española.

The New York Times explica que se espera que una «riada de nuevos casos, algunos con pocos precedentes» arrollen al sistema legal en España que ya tenía dificultades para sobrevivir, bloqueado por los retrasos y rezagado tecnológicamente. Señala que España es u país conocido por su litigiosidad y en este sentido apunta que tanto jueces como abogados se preparan para un periodo de «crisis y desorden» a consecuencia de la pandemia. Explica que los procesos se están reanudando con cautela, pero los expertos temen que los intentos de reforma del sistema judicial se vean entorpecidos por la consecuencias del coronavirus. Resalta en concreto que un magistrado calcula que pueden recibir hasta 150.000 declaraciones de quiebra, frente al millar del año pasado y menciona también las querellas presentadas por los familiares de fallecidos acusando al gobierno de negligencia.

El reportaje recuerda que ya el año pasado la Comisión Europea señaló a España como uno de los países en los que los procedimientos llevaban más tiempo, con 200 días de media para casos civiles y detalla que además los españoles acostumbran a resolver diferencias en los tribunales, con el doble de querellas civiles que Alemania y Reino Unido en proporción. Añade que en España, el estado de alarma paralizó la actividad en los juzgados y aunque ha habido algunos experimentos por vías telemáticas, han sido excepciones y se ha avanzado poco en el terreno tecnológico. Por todo ello y ante el previsible aluvión de demandas, algunas de ellas con argumentos casi inéditos, apunta que abogados y jueces se preparan para un «caos» y advierten de una situación «desastrosa» si los españoles corren en masa a los juzgados en cuando acabe la pandemia.

El New York Times se publica desde 1851 y está considerado como el diario más influyente de EEUU y el mundo. Es propiedad de la familia Ochs Sulzsberger y el magnate mexicano Carlos Slim también tiene acciones del diario. Desde 2016 tiene una versión en español. En 2017, su edición diaria en papel tenía una tirada de 598.000 ejemplares, mientras que la del domingos superaba el millón. Y en agosto de 2018, contaba con 2,9 millones de suscripciones digitales, lo que deja su distribución total cerca de los 3,8 millones de lectores. Su línea editorial está considerada como liberal/progresistaEn 2012, publicó un reportaje documentando sobre cómo la crisis económica estaba causando miseria y hambre en España, que provocó un gran impacto.

Raphael Minder es corresponsal del New York Times para España y Portugal desde 2010. Nacido en Suiza empezó su carrera en Bloomberg para luego incorporarse al Financial Times, para el que trabajó como corresponsal durante 10 años en París, Bruselas, Sydney y Hong Kong. Ha sido el autor de algunos reportajes que han dado mucho que hablar en España cómo el que evidenciaba lo divisivo que es el Valle de los Caídos en España -donde se afirmaba «no hay monumentos a Hitler en Alemania»- o el servilismo de la prensa española con el poder político e incluía las críticas a El País de Miguel Ángel Aguilar. También es autor de una información sobre el “Pequeño Nicolás” y la importancia de las conexiones personales en España o un artículo sobre Emilio Botín en 2011, resaltando su influencia y siendo de los primeros en hablar abiertamente de su cuenta en Suiza. Y en 2017 ha publicado el libro “The Struggle for Catalonia” sobre el conflicto y la sociedad catalana.

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