Con unos «abusivos» servicios mínimos de casi el 100%, este miércoles se llevó a cabo la primera jornada de huelga de educación en la Comunidad de Madrid convocada por los sindicatos CCOO, UGT, CGT y Stem. A pesar de que la Consejería de Educación cifra en un 4,5% la participación, CCOO asegura que los datos de seguimiento están «muy alejados» de los que presentó la administración. El objetivo de la huelga convocada durante el 22 y 23 de septiembre es reclamar un plan que garantice la seguridad, más profesores y la presencia de personal de enfermería en todos los centros.

Fuente: @frlorente / CC.OO.

Señalan «la falta de recursos humanos e infraestructuras».  Desde el sindicato CCOO denuncian que «siguen faltando 1.057 docentes de los 7.398 comprometidos por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso».

La huelga fue convocada para los días 22 y 23 de septiembre con el objetivo de protestar por la falta de medidas de seguridad, profesores contratados, sanitarios, protocolos y medidas que garanticen las necesidades educativas del alumnado.

Aseguran que del refuerzo covid de profesorado «falta el 50%», que desde el 2 de septiembre «no se ha cubierto ninguna baja», y que hay centros «con menos del 50% de plantilla».

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Hacinados en campamentos de chabolas, con duras condiciones laborales y desprotegidos frente al coronavirus y sin medidas básicas de higiene. Así viven, según denuncia un reportaje del diario británico, los inmigrantes que recolectan la verdura y la fruta en los campos e invernaderos de Almería, conocidos como el «Mar de plástico» y que constituyen la «huerta de Europa». Explican que las malas condiciones de vida y de explotación laboral en esta zona han sido ya a menudo denunciadas -la prensa internacional de hecho les ha dedicado ya un buen numero de artículos-, pero, con la pandemia y la segunda ola de coronavirus, la situación de desprotección y falta de acceso a mascarillas o desinfectante es un nuevo motivo de preocupación y denuncia. Y vuelve a poner bajo los focos al campo español.

The Guardian detalla el caso concreto de Hassan un marroquí que vive en El Barranquete, uno de los más pobres de los 92 campamentos informales que acogen a entre 7.000 y 10.000 inmigrantes que trabajan en el llamado Mar de plástico de Almería, las 31.000 hectáreas de invernaderos que son conocidos como «la huerta de Europa». Y enfatiza que muchos de estos trabajadores esenciales que recogen la fruta y verdura que luego llega a los supermercados británicos, viven en chabolas sin electricidad, agua corriente o sanitarios. Añade que a las malas condiciones de vida hay que sumarle las laborales «a menudo terribles» trabajando del amanecer al alba, bajo altas temperaturas y a cambio de un salario de 5 euros la hora. Y enfatiza que ahora además en plena segunda ola de la pandemia, los inmigrantes denuncian que les han dejado completamente desprotegidos.

El reportaje subraya que no son casos aislados y que han entrevistado a 45 inmigrantes empleados en cultivos de Almería y todos denunciaron las «condiciones de explotación sistemática» antes y durante la pandemia. Pero ahora además apuntan que no han tenido acceso a equipos de protección personal, a pesar de que la ley española lo estipula, ni han recibido suficientes mascarillas, guantes o desinfectante -cita el caso de un trabajador al que le dieron dos mascarillas en seis meses- ni han podido mantener la distancia social al trabajar.

Se resalta que tanto organizaciones de consumidores británicos como el relator de pobreza extrema de la ONU han denunciado y pedido a España que se investigue esta «tragedia humana» y las «inaceptables condiciones» de estos trabajadores. Pero aunque se menciona el plan de 1,1 millón de euros de la Junta de Andalucía para mejorar las condiciones sanitarias y de seguridad y los programas del Ministerio de Trabajo para proteger a los trabajadores de la Covid19, The Guardian apunta que los inmigrantes tienen pocas esperanzas de ver una mejoría. Y cita a uno de ellos señalando: «sólo importa que trabajemos para que haya verdura en Alemania o Reino Unido. Es como si hubieran olvidado que también somos seres humanos».

The Guardian es un diario británico fundado en 1821 y conocido hasta 1959 como The Manchester Guardian. Su línea editorial es de centro izquierda. Es propiedad del Guardian Media Group, que también edita The Observer, controlado hasta 2008 por The Scott Trust, una fundación sin ánimo de lucro centrada en mantener la independencia del diario. Ahora pertenece a The Scott Trust Limited, una compañía que ya no es una fundación, pero mantiene los mismos preceptos. Fue el diario que destapó el escándalo de las escuchas telefónicas en Reino Unido que provocó el cierre del tabloide News of the world. Y en 2014 obtuvo un premio Pulitzer por su cobertura del caso Snowden. En julio de 2015 su circulacion era de 171.318 ejemplares, la 4ª entre los grandes diarios, pero su website es el 2º más popular del Reino Unido, solo por detrás del Daily Mail.

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En un nuevo análisis sobre la red social Amnistía Internacional denuncia que Twitter «sigue sin hacer lo suficiente para proteger a las mujeres de violencia y abusos en Internet». La organización reconoce «algunos progresos bienvenidos», pero insiste en que «tiene que hacer mucho más para abordar el problema».

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Desde la publicación de Toxic Twitter en 2018, Amnistía Internacional ha puesto de relieve la magnitud de los abusos que sufren las mujeres en Twitter, por ejemplo en Argentina, India, Reino Unido y Estados Unidos. Y señalado que las mujeres han seguido denunciando los abusos que sufren en Twitter «y la falta de respuesta adecuada de la empresa».

Señalan que, debido a la falta de datos significativos proporcionados por Twitter, resulta difícil incluso calibrar toda la extensión del problema. Y sigue sin proporcionar datos detallados y desglosados por país de las denuncias de abusos realizadas por las personas usuarias. Además, destacan que no proporciona datos sobre cuántas de ellas denuncian tipos específicos de lenguaje abusivo, como insultos basados en el género o la raza.

Desde Amnistía Internacional afirman que la red social se ha mostrado reticente a divulgar información detallada sobre el número de moderadores de contenidos que emplea, y qué clase de cobertura proporcionan en diferentes países e idiomas.

Instan a la plataforma a ser más transparente «en cuanto a la manera en que diseña y aplica procesos automáticos» para identificar abusos en Internet contra las mujeres. Reconocen que ha revelado detalles sobre su uso de algoritmos para combatir la desinformación durante la actual pandemia de COVID-19. Sin embargo, critican que «siga sin ofrecer el mismo nivel de transparencia» sobre cómo se usan los algoritmos para abordar los tuits abusivos.

Twitter ha respondido «reconociendo que debe hacer más». Sin embargo, sobre la publicación de datos desglosados por país o región, «Twitter afirma que esto podría ser susceptible de interpretaciones erróneas y dar una impresión engañosa del problema»- informa Amnistía Internacional.

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La ONU viene advirtiendo desde hace semanas de los riesgos de concentrar la distribución de la vacuna contra el coronavirus en unos pocos países en lugar de distribuirla a nivel mundial entre los más vulnerables. Su Secretario General, António Guterres, insistió en frenar el «vacunacionalismo» que, «no es solo injusto, sino que es contraproducente». Advirtiendo de que «ninguno de nosotros estará seguro hasta que todos estemos seguros». De los riesgos de monopolizar la vacuna debatió La Cafetera de radiocable.com en su análisis sobre las intervenciones de líderes mundiales por el 75 aniversario de Naciones Unidas.

Secretary-General António Guterres briefs journalists on his priorities for 2020 and on the work of the organization.

Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpaba a China «por desatar esta plaga en el mundo», la mayoría de líderes mundiales centraron sus discursos en el multilateralismo y la solidaridad entre países para hacer frente a la pandemia. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, instó a «recrear un multilateralismo basado en nuestra solidaridad». Y su homólogo en Costa Rica insistió en que «es fundamental que las vacunas lleguen primero a los más vulnerables».  Señalando que «la salud es un bien público global».

El programa también conversó con José Romero sobre las aportaciones históricas a las innovaciones científicas y sanitarias en tiempos de pandemia. Por ejemplo, como escribió el periodista Federico Kukso en la agencia Sinc, enfermedades como la fiebre amarilla en el siglo XVIII y el cólera y la viruela en el siglo XIX condujeron a la limpieza de las grandes ciudades, la eliminación regular de basura, y trajeron amplios bulevares a París y mejoraron los sistemas de agua en Londres.

Entre las innovaciones en medio de desastres destaca la de la bicicleta. En 1816 la erupción del volcán Tambora (Indonesia) hizo que se produjera una niebla seca que llegó incluso a Estados Unidos, lo que provocó que las cosechas fueran muy pobres. Y que los caballos se murieran de hambre y fuera necesario buscar alternativas para desplazarse. Entonces, Karl Dreis inventó el precursor de la bicicleta, un nuevo sistema de transporte con dos ruedas.

En la página internacional La Cafetera ahondó en la información publicada por BBC Mundo sobre cómo la ciencia ha calculado cuánta gente es necesaria en movilizaciones para lograr un cambio de régimen. Como señaló la periodista Pilar de la Peña, el trabajo de investigación corresponde a la politóloga de Harvard Erica Chenoweth que ha estudiado todos los grandes movimientos de protesta prácticamente desde el siglo XX. Gracias a la evaluación de tasa de éxito de  algunos de estos movimientos, Chenoweth ha calculado el porcentaje de población que es necesario para deponer regímenes autoritarios.

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La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) urge al Gobierno a una «moratoria para todo tipo de desahucios, incluidas las ocupaciones, como mínimo hasta el 31 de diciembre de 2021″. Insisten en que «erradicar el problema es solo una cuestión de voluntad política».

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Piden hacer efectiva «una moratoria real, para todo tipo de desahucios», hasta como mínimo el próximo 31 diciembre «por justicia a las 1.024.766 familias que ya han perdido su hogar desde 2008″. Tiempo «más que suficiente para tirar adelante con una Ley de Vivienda integral», como la que presentaron en 2018. Una ley que ponga solución a la «emergencia habitacional cronificada».

En Barcelona, la PAH protestó este lunes delante de la sede de la Delegación del Gobierno, y entregaron una carta dirigida al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, exigiendo la moratoria. En la carta, pidieron al Gobierno que «promulgue una moratoria de todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, hasta el 31/12/21, estableciendo en su caso las posibles compensaciones a pequeños propietarios».

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Una investigación de la organización británica Changing Markets señala a Ecoembes por presionar para que no llegue a España un sistema de retorno de envases. Lo que, para Juan López Uralde, «da una dimensión internacional» a lo que se venía denunciando en España: «que Ecoembes no es parte de la solución al problema de los plásticos, sino parte del problema». «Ratificando la denuncia que venían haciendo algunos activistas»-señala.

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Según explicó el exdirector de Greenpeace y diputado, Ecoembes cobra por cada envase que se pone en el mercado con la obligación de utilizar esos recursos para reciclar «pero los índices de reciclaje son muy bajos según denuncian organizaciones ecologistas». Y, ese dinero lo destina a «grandes campañas de Greenwashing».

Uno de los hechos más polémicos, afirma Uralde, ha sido la oposición de Ecoembes a abrir el sistema de gestión de envases a otras tecnologías y sistemas que puedan aumentar la eficacia en el reciclaje. Es el caso del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), por el cual se devuelve al consumidor el depósito que ha pagado una vez entrega el envase a uno de los puntos de recogida. De esta manera, Ecoembes, «impide que se desarrollen, con practicas de lobby político», otros sistemas de reciclaje como el SDDR.

Además, el informe «desmiente» los datos de recuperación que da Ecoembes del 80% y viene a decir que «en absoluto se llega a esos niveles». Un informe que «ha puesto la lupa sobre una situación que se vive en España en el campo de residuos que empieza desde el propio desconocimiento de los datos».

Incluso, señala Uralde, el propio informe afirma que es «muy difícil» saber con exactitud qué cantidad de residuos de envases se producen en España «porque los datos ni siquiera los tiene la administración sino que los tiene la empresa de Ecoembes». Con lo cual «es difícil conocer la verdad».

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Las manifestaciones en la capital española contra las medidas y restricciones anunciadas por la CAM en 37 áreas para luchar contra la expansión del virus son noticia en medios de todo el globo. Se explica que Madrid es el «peor foco de contagio de toda la UE» y que el confinamiento parcial decretado afecta a unas 850.000 personas. Pero se subraya que en su mayoría los afectados pertenecen a los barrios y áreas más pobres de la ciudad, lo que ha desatado numerosas protestas, denuncias de estigmatización e incluso el sentimiento de lucha de clases.

Liberation recoge: «En Madrid, nos confinan porque somos pobres». El diario francés, en una crónica de su corresponsal François Musseau detalla como para hacer frente a la pandemia en la capital español, algunos barrios desfavorecidos vuelven al confinamiento. Pero resalta que para los habitantes de estas localidades esta estrategia refuerza la estigmatización social y el temor a un pauperización. Y resalta en concreto la reacción de un vecino de Villaverde que explica: «Han conseguido hacerme sentir culpable. Culpable de contaminar, culpable de ser un apestado y culpable de ser pobre».

BBC subraya que cientos de residentes de barrios pobres protestan con las confinamientos localizados de Madrid. La TV británica apunta que las restricciones de movimientos y reunión que afectan a 850.000 personas en la capital de España han provocado protestas y denuncias de discriminación al afectar a las áreas con menores ingresos y mayor población inmigrante. Recuerda que España es el país de Europa con más casos de coronavirus y que Madrid está resultado particularmente golpeada. Pero apunta que las nuevas restricciones han desatado protestas pacíficas en 12 de las 37 áreas afectadas y destaca en particular la de Vallecas, donde los asistentes denunciaron la parálisis del sistema sanitario y la sensación de estigmatización y segregación que han provocado.

The Guardian subraya que las protestas en Madrid piden la dimisión de Ayuso «que culpó al modo de vida de los inmigrantes» por el auge de contagios. El rotativo británico se hace eco en una información que firma Sam Jones de cómo tras el anuncio el viernes de la presidenta madrileña de un confinamiento parcial para 850.000 personas, la mayoría residentes en algunas de las áreas más pobres de la ciudad, desató una ola de protestas. Pero enfatiza que si bien estas empezaron con gritos a favor de la unidad y la sanidad, fueron derivando el domingo hacia una demanda más específica: «Ayuso dimisión». Y explica que la presidente que aseguró que «el modo de vida de los inmigrantes en Madrid» era en parte culpable de la nueva expansión de coronavirus, ahora es señalada por los vecinos de las zonas afectadas por el confinamiento por promover el «miedo y el odio».

Le Point señala que el confinamiento parcial de Madrid recupera el concepto de lucha de clases. El semanario francés apunta que «una llama de rebelión social» ha emergido en la capital española y «despertado el sentimiento de clase». Explica que Madrid se ha convertido en el peor foco de contagio de Covid19 en Europa y desde este 21 de septiembre, varias zonas pobres han vuelto a ser confinadas. Pero resalta que una docena de colectivos se han movilizado en el sur de Madrid para expresar su enfado y negarse a ser los chivos expiatorios de la expansión, aludiendo a la discriminación de clase por las medidas.

ARD se hace eco del confinamiento de barrios de Madrid y de las protestas de los afectados. La radiotelevisión pública alemana señala que España es el país más afectado de Europa por la pandemia y Madrid es la mayor preocupación, por el «aumento vertiginoso» de las cifras que ha provocado que se confinen partes de la capital. Pero resalta que las medidas de restricción adoptadas afectan principalmente a los barrios más densamente poblados y con bajos ingresos, lo que ha provocado protestas entre los afectados y denuncias con mensajes como «No al toque de queda de clase social» o «Están destruyendo nuestros barrios y ahora nos encierran».

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El debate sobre la responsabilidad individual y colectiva para combatir el coronavirus está más presente que nunca con la segunda oleada. Pero, ¿solo hacemos caso de aquello que nos prohiben? La Cafetera de radiocable.com debate sobre ello con sus oyentes.

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El programa ahondó en las causas que influyen en este comportamiento, en que una sociedad solo actúe de forma responsable cuando hay  prohibiciones. La mayoría de oyentes apuntó a la necesidad de promover la responsabilidad colectiva para hacer frente al individualismo.

Sobre el papel que juega la educación en este debate, Nico, oyente del programa, señaló que «no se nos ha enseñado un mínimo común sobre el Estado en el que vivimos». De manera que, «si no tienes esta educación, es normal que tu actitud de entrada respecto de la comunidad y las responsabilidades sea precavida, de miedo, de ‘no hago esto porque igual esta penado'». En lugar de «tener claros mis derechos y responsabilidades, y actuar en consecuencia». Y actuar con conciencia, como apuntaba Juan Casamayor, señalando que «hemos perdido a nivel global la conciencia y la solidaridad entre los seres humanos». Y de ello «se ha encargado el neoliberalismo».

En relación a cómo está de preparada la ciudadanía para asumir responsabilidades colectivas, también se apuntó a la infantilización de la sociedad que promueven los cada vez más habituales discursos políticos simplistas. Así como a lo incongruente que es pedir a la sociedad que has pretendido infantilizar unas responsabilidades tan serias como es unirse para combatir una pandemia.

En este asunto también entran las denominadas ciencias del comportamiento, las que investigan sobre cuál es el mejor mensaje que se debe trasladar a la sociedad para que esta cumpla una norma. Sin embargo, como señalaron en la Agencia Sinc, en España «no se ha hecho suficiente investigación en esta disciplina para diseñar la mejor comunicación de mensajes al público».

Además, el programa, en el espacio dedicado a ecología el exdirector de Greenpeace y diputado Juan López Uralde, analizó el informe de la organización británica Changing Markets que señala a Ecoembes por presionar para que no llegue a España un sistema de retorno de envases. Un estudio que «da una dimensión internacional» a lo que se venía denunciando: «que Ecoembes no es parte de la solución al problema. «Ratificando» la denuncia que venían haciendo algunos activistas.

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El programa La Cafetera -Aquí su sección con todos los programas- se emite en directo todas las mañanas de lunes a viernes (a partir de las 8:30 hora de la península ibérica, España).La Cafetera se puede descargar también, posteriormente, en diversas plataformas: En el Podcast de radiocable.com , en Spreaker, en iTunes , en TuneIn, en iVoox, o en Youtube, entre otras . Es un programa de experimentación de radiocable.com, de actualidad, y tiene como espacio de difusión twitter, facebook y otras redes sociales.
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«Ataques a los derechos de las mujeres, la escuela laica o la memoria históricas… cuarenta y cinco años después de la muerte de Franco, Vox está imponiendo algunas de sus ideas más radicales en Andalucía». Es lo que asegura un reportaje del conocido semanario francés en un reportaje que firma Sarah Halifa-Legrand que repasa el auge de Vox desde hace dos años, partiendo de su buen resultado en las elecciones andaluzas para crecer en toda España. Pero enfatiza que precisamente en Andalucía, donde su apoyo es clave para el gobierno PP-Ciudadanos, están ensayando algunas de las políticas de extrema derecha con las que quieren lanzarse «a la conquista del resto del país».

L´Obs pone de relieve que en el local de ensayo de un grupo de batucada femenina  de Sevilla objeto del ataque de la extrema derecha hay pintadas de Franco, esvásticas y «una firma de tres letras que hacen temblar a España desde hace dos años: Vox». Explica que se trata de un partido escindido del PP para «abraza idea más radicales como recentralizar España, expulsar a todos los sin papeles o acabar con el aborto y el matrimonio gay». Aunque añade que la formación es de tendencia liberal-conservadora «más próxima de Marion Marechal que de Marine Le Pen».

El reportaje resalta que la formación «sale brutalmente de las sombras a la luz» en diciembre de 2018 tras el resultado en las elecciones andaluzas. Y enfatiza que tras el pacto por el que apoyó al gobierno de Juan Manuel Moreno, del PP aliado con Ciudadanos, para sacar del poder al PSOE, la región se ha convertido en su «laboratorio» desde el que la extrema derecha trata de imponer algunas de las ideas más radicales del franquismo con ataques a los derechos de las mujeres, a la enseñanza laica o la memoria histórica entre otros. Y advierte que desde esta región «Vox quiere lanzarse a la conquista del resto de España».

L´Obs o Le Nouvel Observateur, como era conocido hasta 2014, es un semanario francés creado en 1964, pero cuyo origen se remonta a una publicación de 1950 editada por periodistas y antiguos miembros de la resistencia con la colaboración de Jean Paul Sartre. Pertenece a la sociedad Le Monde Libre que controlan  Pierre Bergé, Xavier Niel y Mathieu Pigasse y que también posee el Groupe Le Monde que edita el influyente diario del mismo nombre. Su línea ideológica es próxima a la social democracia. Es la 2ª revista de información general de mayor tirada y vendida de Francia y en 2019 superaba los 250.000 ejemplares y los 163.000 abonados.

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Desde el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señalan que España «violó el derecho a la educación inclusiva» de un niño con síndrome de Down que fue enviado a un centro de educación especial por las autoridades nacionales, «a pesar de la oposición de sus padres».

Afirman que España «no evaluó los requerimientos específicos del niño» y que «no adoptó medidas razonables» para haberle permitido permanecer en el programa ordinario de educación. Y, en consecuencia, el Comité ha solicitado a España que garantice que Rubén sea admitido en un programa de formación profesional inclusivo; que se le conceda una indemnización y que se investiguen efectivamente sus denuncias de abuso. Además instan a España a «eliminar toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad, tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias».

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El caso concreto se refiere a Rubén, un niño con síndrome de Down que estudiaba en una escuela ordinaria de la ciudad de León, con el apoyo de un asistente de educación especial hasta el 2009. A partir de entonces, «la situación se deterioró y surgieron serias alegaciones de malos tratos y abusos por parte de su maestro»-apunta el Comité.

Según informa el Comité, su maestro no consideró necesario asignarle un asistente de educación especial y sólo después de que sus padres se quejaran se le permitió tener uno. Sin embargo, afirman que el niño comenzó a mostrar dificultades en el aprendizaje y en la vida escolar. Un informe escolar se refirió al «comportamiento perturbador», a los «brotes psicóticos» y al «retraso en el desarrollo asociado al síndrome de Down» de Rubén. En junio de 2011, la Dirección Provincial de Educación autorizó la matriculación de Rubén en un centro de educación especial «a pesar de la objeción de sus padres».

Entonces, los padres del niño denunciaron ante las autoridades judiciales nacionales «los abusos que sufrió Rubén, pero no se realizó ninguna investigación efectiva»- aseguran. También «impugnaron sin éxito» la decisión de la autoridad educativa de inscribirlo en un centro de educación especial. Y las autoridades presentaron una denuncia penal contra los padres por negarse a enviar a su hijo a una escuela especializada- explican.

En 2017, Rubén y su padre presentaron su caso ante el Comité de Naciones Unidas que ha llegado a la la conclusión de que «España violó el derecho de Rubén a la educación inclusiva».

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