Demanda SLAPP de 300 millones contra Greenpeace como intento de “ley mordaza global”
Una petrolera de EEUU ha presentado una demanda contra la ONG ecologista reclamándole ¡300 millones de dólares!, ¡diez veces el presupuesto de Greenpeace!, como indemnización por apoyar a los Sioux en unas protestas contra un oleoducto. Juan López de Uralde, ex diputado de Podemos y ex presidente de Greenpeace, apunta en el programa La Cafetera de Radiocable.com que se trata de un claro caso de SLAPP, juicios que buscan silenciar a activistas, y denuncia «es un intento de imponer una ley mordaza global».
Del papel del lobby energético para impedir políticas climáticas hablamos el viernes en Congreso. Hoy nos encontramos con este lamentable ejemplo Cerco a Greenpeace en EE.UU: demanda histórica de 300 millones contra la ONG https://t.co/OgJzle45yC
— Juan López de Uralde (@juralde) February 24, 2025
RELEASE: Greenpeace organisations begin trial defense against Energy Transfer’s SLAPP
Representatives from Greenpeace International and Greenpeace entities in the US arrive at courthouse to fight a meritless lawsuit brought by Energy Transfer. https://t.co/Jl6fEJrAFx
— Greenpeace PressDesk (@greenpeacepress) February 24, 2025
Desde hace 8 años, la constructora de oleoductos Energy Transfer persigue a Greenpeace por unirse a los Sioux y varias organizaciones en unas protestas contra uno de sus proyectos en Dakota del Norte. Y este 24 de febrero ha empezado el juicio en el que reclama a la ONG, 300 millones de dólares como indemnización. Ecologistas y juristas denuncian que se trata de un claro intento de intentar silenciar a Greenpeace, ya que la cantidad reclamada supondría un golpe mortal para la organización ya que supone 10 veces su presupuesto.
Juan López de Uralde explica que el caso se remonta a 2017 y a la construcción de un oleoducto que pasaba por las tierras de los indios Sioux en Dakota del Norte que provocaron grandes movilizaciones en las que participaron numerosos colectivos: «Pero curiosamente la empresa Energy Transfer, propietaria del oleoducto, solo va judicialmente contra Greenpeace y le piden una indemnización de 300 millones de dólares por el tiempo en que las obras estuvieron paradas por las movilizaciones. El oleoducto está construido y el riesgo de impacto ambiental está ahí. Pero la empresa persigue a Greenpeace».
Y denuncia que todo el caso evidencia cómo aunque estas empresas de combustibles fósiles sean responsables del cambio climático, a quien se persigue y criminaliza es al movimiento de defensa del medio ambiente: «El caso contra Greenpeace es un ejemplo claro de lo que se llama SLAPP: juicios que tienen como objetivo generar miedo en la población y que dificulte, ante el riesgo de multas, que los ciudadanos se movilicen. Es una ley mordaza global» señala el ex diputado de Podemos.
Denuncia que se está persiguiendo a los activistas climáticos pero no a los que realmente destruyen el medio ambiente. Y pone de relieve en este sentido unas palabras de Paul Watson, histórico defensor de las las ballenas detenido durante varios meses en Groenlandia por una demanda de Japón, que aseguró: «Yo no soy un ecoterrorista, porque no trabajo para Exxon, ni para Chevron, ni para ninguna petrolera». Uralde afirma: «Y tiene toda la razón, porque los terroristas son ellos».
[Intervención completa de Juan López de Uralde en La Cafetera]
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