Una petrolera de EEUU ha presentado una demanda contra la ONG ecologista reclamándole ¡300 millones de dólares!, ¡diez veces el presupuesto de Greenpeace!, como indemnización por apoyar a los Sioux en unas protestas contra un oleoducto. Juan López de Uralde, ex diputado de Podemos y ex presidente de Greenpeace, apunta en el programa La Cafetera de Radiocable.com que se trata de un claro caso de SLAPP, juicios que buscan silenciar a activistas, y denuncia «es un intento de imponer una ley mordaza global».



Desde hace 8 años, la constructora de oleoductos Energy Transfer persigue a Greenpeace por unirse a los Sioux y varias organizaciones en unas protestas contra uno de sus proyectos en Dakota del Norte. Y este 24 de febrero ha empezado el juicio en el que reclama a la ONG, 300 millones de dólares como indemnización. Ecologistas y juristas denuncian que se trata de un claro intento de intentar silenciar a Greenpeace, ya que la cantidad reclamada supondría un golpe mortal para la organización ya que supone 10 veces su presupuesto.

Juan López de Uralde explica que el caso se remonta a 2017 y a la construcción de un oleoducto que pasaba por las tierras de los indios Sioux en Dakota del Norte que provocaron grandes movilizaciones en las que participaron numerosos colectivos: «Pero curiosamente la empresa Energy Transfer, propietaria del oleoducto, solo va judicialmente contra Greenpeace y le piden una indemnización de 300 millones de dólares por el tiempo en que las obras estuvieron paradas por las movilizaciones. El oleoducto está construido y el riesgo de impacto ambiental está ahí. Pero la empresa persigue a Greenpeace».

Y denuncia que todo el caso evidencia cómo aunque estas empresas de combustibles fósiles sean responsables del cambio climático, a quien se persigue y criminaliza es al movimiento de defensa del medio ambiente: «El caso contra Greenpeace es un ejemplo claro de lo que se llama SLAPP: juicios que tienen como objetivo generar miedo en la población y que dificulte, ante el riesgo de multas, que los ciudadanos se movilicen. Es una ley mordaza global» señala el ex diputado de Podemos.

Denuncia que se está persiguiendo a los activistas climáticos pero no a los que realmente destruyen el medio ambiente. Y pone de relieve en este sentido unas palabras de Paul Watson, histórico defensor de las las ballenas detenido durante varios meses en Groenlandia por una demanda de Japón, que aseguró: «Yo no soy un ecoterrorista, porque no trabajo para Exxon, ni para Chevron, ni para ninguna petrolera». Uralde afirma: «Y tiene toda la razón, porque los terroristas son ellos».


[Intervención completa de Juan López de Uralde en La Cafetera]

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