El desprecio o exclusión hacia un idioma o variedad lingüística y hacia quienes lo hablan se denomina, en la sociología, «glotofobia». Y en España ha habido históricamente numerosos casos de este tipo de discriminación hacia la lengua árabe. En The Conversation detallan por ejemplo lo que sucede con la dariya, la variedad del árabe que se habla en Ceuta. Pero hay además otros ejemplos recientes en la política española, desde el mensaje en las redes sociales del PP asegurando que «si se pide una ayuda en árabe llega antes» hasta la petición de Vox de suprimir la enseñanza de este idioma en centros de Murcia.



Letrero de una tienda de regalos en Zaragoza.
María Ballarín Rosell y Ángeles Vicente.

Ángeles Vicente Sánchez, Universidad de Zaragoza

La mayoría de personas estamos habituadas a escuchar y utilizar vocablos como “homofobia” o “claustrofobia”; pero ¿ha oído alguna vez la palabra “glotofobia”? Pese a lo que inicialmente pueda parecer, la glotofobia no tiene que ver con sentir aversión hacia los glotones o la glotonería. Se trata de un tipo de discriminación que afecta a una lengua o una variedad de lengua y a sus hablantes (su etimología es de glotta, lengua en griego, y fobia, rechazo o aversión).

Aunque siempre ha existido la exclusión o desprecio en determinados contextos hacia un idioma o variedad lingüística, o se ha discriminado a determinadas personas y comunidades por su uso de la lengua, el término glotofobia se acuñó en 2016 por el sociolingüista francés Philippe Blanchet y se usa ya de manera generalizada en este ámbito de la investigación.

Lenguas, estereotipos y prejuicios

El origen de las actitudes negativas o positivas hacia determinadas lenguas y sus hablantes es cultural: se trata de unas ideologías o creencias compartidas que los hablantes interiorizan sin darse cuenta. En el ámbito de España, por ejemplo, considerar al español estándar como la única variedad adecuada para determinados contextos ha tenido como consecuencia que se hayan discriminado tradicionalmente otras variedades regionales como el andaluz, el murciano o el canario.

A lo largo de la historia, la lengua árabe ha sufrido persecuciones específicas en el contexto español. La Inquisición buscaba libros escritos en árabe entre los moriscos del siglo XVI para poder acusarlos de ser falsos cristianos, y las Cortes Valencianas, en 1564, y Felipe II en los territorios de la Corona de Castilla, en 1567, prohibieron el uso de la lengua árabe hablada y escrita.

La dariya ceutí, una lengua minorizada

Desde finales del siglo XIX, en la ciudad de Ceuta se ha hablado una variedad del árabe conocida como dariya. En la actualidad, casi la mitad de su población habla el dariya ceutí, a pesar de que el español es la lengua socialmente más prestigiosa y de su aprendizaje depende el futuro laboral de sus habitantes y su perfecta integración en la sociedad ceutí.

El árabe ceutí está minorizado y discriminado. Una prueba de ello es que la Asamblea de Ceuta rechazó en enero pasado una propuesta de protección de la dariya y su cultura, tal y como se había recomendado desde la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa en un informe de septiembre de 2024.

En el debate que se generó al respecto, la dariya se equiparó al hindi y al hebreo (lenguas que prácticamente han desaparecido en la ciudad), tal y como se recoge en las actas de ese pleno. Así se diluía la importancia de la variedad árabe.

Glotofobia en las redes

Pero más allá de las actitudes de las instituciones, hoy en día las herramientas para practicar la glotofobia se han multiplicado: las redes sociales o los comentarios de lectores en los medios de comunicación digitales están llenos de inquisidores que sientan cátedra, a veces amparados en el anonimato. Véanse por ejemplo los comentarios a esta noticia.

Otro ejemplo es el meme que se publicó hace unas semanas en el perfil de X del Partido Popular (PP) que decía: “Si pides la ayuda en árabe llega antes”. A través de esta identificación del idioma con una comunidad concreta de personas, caracterizada generalmente por una situación social específica, se consigue estigmatizar a todos los hablantes de esa lengua y tiene consecuencias en la percepción social del colectivo arabófono.

Otro ejemplo de glotofobia hacia el árabe por parte de partidos políticos es la postura de Vox en la región de Murcia. En esta comunidad autónoma española, el programa de enseñanza de la lengua árabe se aplica en siete centros de la región (diez a partir del próximo curso), en los que participan un total de 348 estudiantes (de un total de 320 000 de toda la comunidad), y Vox propone que se dejen de ofrecer. ¿Por qué no enseñar árabe a estudiantes cuyas familias lo hablan, mientras que el inglés, el francés o el alemán se consideran un enriquecimiento del currículum? Podríamos decir también en este caso que es glotofobia lo que hay tras esta propuesta.

Jerarquización de las lenguas

La lengua árabe es la quinta con mayor número de hablantes nativos en el mundo (entre 250 y 300 millones) y la sexta si consideramos también a los que la hablan como segunda lengua. Entre todos esos millones de personas, hay tal variedad de situaciones como entre el colectivo de hablantes de español repartido por el mundo.

Diversos trabajos muestran cómo las ideologías y actitudes de algunos hablantes hacia las lenguas configuran una jerarquía entre ellas que se comparte o se transmite al resto de la sociedad. El árabe normalmente ocupa un puesto muy bajo en esta jerarquización debido siempre a motivos extralingüísticos, como demostramos en un trabajo de próxima publicación en el International Journal of Sociology of Language.

Estas ideas llegan y moldean las opiniones de los hablantes y, por lo tanto, de la sociedad, y pueden convertir en algo habitual la glotofobia hacia los hablantes de alguna de las muchas variedades que tiene la lengua árabe.The Conversation

Ángeles Vicente Sánchez, Catedrática de Estudios Árabes e Islámicos, Universidad de Zaragoza

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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Además de contribuir decisivamente a la pérdida de biodiversidad en el mundo, las expecies invasoras cuestan muchísimo dinero a las economías globales. La cantidad podría, de hecho, haber alcanzado los 35.000 millones de dólares anuales a lo largo de los últimos 60 años, un 1.600% más de lo estimado, según un nuevo estudio del que se hacen eco en Sinc. Y se subraya que es una cifra comparable al impacto económico global de los fenómenos extremos asociados al cambio climático.


El impacto económico global de las especies invasoras podría superar, en algunos casos, en más de un 1600 % las estimaciones previas, con costes que alcanzarían los 35 000 millones de dólares anuales durante las últimas seis décadas.

Es lo que concluye un estudio internacional publicado en Nature Ecology & Evolution que cuenta con la participación de la Estación Biológica de Doñana – CSIC. Los resultados, basados en datos de 162 especies invasoras de distintas partes del mundo, evidencian los daños potenciales y podrían contribuir a que los países planifiquen estrategias de gestión más rentables.

“Las especies invasoras son uno de los principales factores de pérdida de la biodiversidad en el mundo. Además, cuestan miles de dólares a las economías mundiales, por ejemplo, en daños a la agricultura, a la salud, o a la seguridad de los alimentos y del agua”, explica Elena Angulo, investigadora de la Estación Biológica de Doñana y una de las autoras del estudio.

Una estimación global más precisa

Las invasiones biológicas suponen una amenaza mundial para la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y las economías, y han estado implicadas en el 60 % de las extinciones documentadas a nivel mundial. Las estimaciones previas sobre los costes monetarios asociados a las especies invasoras se basaban en unos pocos costes documentados en un número limitado de países, principalmente de Europa y Norteamérica. Esto ha dado lugar a una importante subestimación del impacto económico, especialmente en regiones con menor cobertura de datos, como África y Asia.

Para ofrecer una representación más precisa de los costes a escala mundial, el equipo científico combinó los costes estimados —incluidos los daños a la agricultura y los gastos de gestión— a escala nacional de 162 especies invasoras, con modelos de su distribución mundial. Entre ellas figuraban especies como el mosquito tigre asiático, el árbol del cielo y la rana toro americana.

A continuación, el equipo científico modelizó los costes de estas especies en otros países, incluidos 78 de los que no se disponía de datos sobre costes, como Bangladesh, Costa Rica, Chipre y Egipto. Se calcula que los costes globales totales ascienden a unos 35 000 millones de dólares anuales en los últimos 60 años, una cifra comparable a los costes económicos derivados de fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el cambio climático.

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El enfoque integrador y de «mano tendida» del gobierno español, alejado del endurecimiento que domina las políticas migratorias en casi toda Europa, ha vuelto a llamar la atención de varios medios internacionales tras conocerse la proposición de ley para regularizar a 500.000 trabajadores en situación irregular. Destacan que esta la medida partió de la sociedad civil con una ILP y que el gobierno socialista ha decidido convertirla en proposición de ley. Y enfatizan que España vuelve a demostrar que va «a contracorriente» del resto de países europeos en materia de migración y lo hace por motivos principalmente económicos siguiendo la idea de que los migrantes son claves para mantener el crecimiento de la economía.

BFMTV enfatiza que «a contracorriente de Alemania y Europa, España quiere acoger a 500.000 extranjeros para impulsar su economía que ya es la más dinámica de la zona euro». La TV francesa resalta que tras tener un «espectacular» crecimiento del 3,2% en 2024, España quiere dinamizar aún más su economía y el gobierno ha propuesto una ley para regularizar a 500.000 migrantes como proponía una iniciativa popular. Detalla que el único requisito para beneficiarse del permiso de trabajo y residencia con esta norma sería haber llegado a España antes del pasado 31 de diciembre. Añade que otro programa contempla acoger a migrantes latinoamericanos lo que llevaría a España a contar con 1 millón más de residentes extranjeros en los próximos tres años. Subraya que se trata de una tendencia a contracorriente de otros países europeos pero enfatiza que el gobierno de Pedro Sánchez busca con estas políticas el objetivo de paliar el envejecimiento de la población. Apunta que la nueva regularización planteada es dos veces más importante que la última que se aprobó hace 20 años y podría beneficiar a varios sectores económicos como la agricultura, la construcción o la hostelería.

Bloomberg resalta que España apuesta en 1 millón de migrantes para mantener el crecimiento de su economía. La agencia de noticias de EEUU pone de relieve que el gobierno español en sentido inverso a la tendencia del resto de Europa, está dispuesto a dar el «impulso más ambicioso hasta la fecha» a su política migratoria incluyendo una regularización masiva de trabajadores extranjeros indocumentados. Menciona el caso concreto de un migrante senegalés que lleva cinco años en Tenerife sin papeles y que confía en que los detalles que aún se negocian de la propuesta de regularización de 500.000 migrantes que ha anunciado el gobierno le permita al fin conseguir papeles. Enfatiza que el gobierno español defiende que la inmigración es la vía para mantener el crecimiento económico del país y recoge las proyecciones que indican que España doblará su población migrante entre 2024 y 2074.

RTBF explica que el gobierno español quiere regularizar a 500.000 migrantes porque sin ellos «no funciona la economía». La TV belga pone de relieve que a contracorriente de lo que sucede en Europa, «España tiende la mano a la inmigración». Enfatiza que el gobierno socialista ha retomado y liderado la iniciativa popular que pedía regularizar 500.000 migrantes y la va a convertir en proposición de ley. Detalla que todas las personas en situación irregular en España antes del 31 de diciembre serían regularizadas, con algunos criterios como los antecedentes judiciales, pero con voluntad de que la medida sea masiva. Resalta que el proyecto partió de la sociedad civil y asegura «es algo único en Europa y que interpela a otros». Apunta que aunque la izquierda siempre ha sido más abierta hacia la inmigración, detrás de la medida hay consideraciones económicas. Menciona en particular la necesidad que tiene España, dado el envejecimiento de la población, de la presnecia de migrantes para financiar el Estado del bienestar y que se resume en la máxima «sin inmigración, la economía no marcha».

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La persistencia de las llamadas «cloacas del Estado» es grave porque revela que hay individuos operando al margen de las instituciones democráticas para destruir a rivales políticos representando el peor de los legados de la dictadura franquista. Y sugiere que hay muchos interesados en frenar la posibilidad de que en España gobierne un partido de izquierdas. Este episodio de La Cafetera de Radiocable.com pone el foco en la gravedad de estas cloacas del estado, al tiempo que también dirige su mirada hacia Gaza. Allí prosiguen las matanzas, el hambre y la grave crisis humanitaria pero se han lanzado varias iniciativas impulsadas por movimientos civiles como la Flotilla de la libertad y Marcha a Gaza con el objetivo de coordinar una acción masiva «por tierra, mar y aire» para denunciar el genocidio que se está perpetrando en la Franja.

El programa incluye una entrevista con el activista Nacho Prieto, quien explica que viajará como parte de una columna de más de mil personas de 35 países, volando a El Cairo y luego marchando desde Al-Arish hasta Rafah. Allí, se unirán a otras marchas provenientes de Túnez y se encontrarán con el barco de la Flotilla de la Libertad para romper el bloqueo israelí de Gaza y llamar la atención mundial sobre el genocidio en curso. Además se repasan otras noticias internacionales como la decisión de la extrema derecha de Países Bajos de retirarse y provocar la caída de su gobierno de coalición de otros partidos a endurecer aún más la política de inmigración; el giro político en Corea del Sur; y las últimas subidas arancelarias de Trump, junto con la aguda crítica de Elon Musk a su ley fiscal.

Por último, la Sobremesa Cafetera profundiza en un debate planteado al inicio del programa: el reto de informar con rigor y, al mismo tiempo, ampliar la audiencia en una era de algoritmos que priorizan el sensacionalismo, el clickbait y las nuevas formas de consumo. ¿Debemos adaptarnos o resistirnos? ¿Se trata de una cuestión generacional o de un problema de narrativa? ¿Es simplemente una dicotomía entre lo antiguo y lo nuevo, o hay algo más en juego?

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El programa sometió a debate en la red el tratamiento que dan a la actualidad las portadas de los periódicos del día. El debate puede seguirse a través del Hashtag en Twitter #LaCafeteraMuyGravesyMuyFranquistas.Pulsa play para escucharlo.
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Fue uno de los mayores movimientos de desobediencia civil de la historia democrática de España y protagonizaron, en los años 80 y 90, grandes protestas contra el servicio militar obligatorio que incluso provocaron el encarcelamiento de 1.500 jóvenes. Y con la idea de influir e inspirar a quienes se oponen a la actual espiral militarista y de rearme, el proyecto La Digitalizadora, ha rescatado, según explican en Publico.es, vídeos domésticos de los insumisos de entonces. Han empezado por las protestas de Sevilla, con idea de ir incorporando las grabaciones de otras ciudades.

La plataforma ciudadana La Digitalizadora, compuesta por profesionales audiovisuales y de la archivística, ha digitalizado decenas de cintas de vídeo doméstico, grabadas durante las protestas del movimiento antimilitarista que llevó a prisión a más de 1.500 jóvenes entre 1989 y 2001 por negarse a hacer el servicio militar obligatorio y su prestación social sustitutoria (PSS).

La colección se ha abierto con la memoria de los insumisos de Sevilla, pero prevén ampliarla a otras ciudades españolas para recordar las aportaciones del mayor movimiento de desobediencia civil de este país, justo cuando ha emprendido un rearme militar con un notable incremento de la inversión en defensa.

La colección Insumisión-Movimiento de Objeción de Conciencia (MOC) Sevilla se ha hecho mediante la digitalización de las cintas que grabaron con cámaras domésticas de vídeo familiares de insumisos y alumnos de estudios audiovisuales durante las manifestaciones, juicios y entrevistas a jóvenes a quienes les pedían dos años, cuatro meses y un día de prisión por negarse a hacer la mili o su alternativa, la PSS.

Es una selección de más de 70 horas de grabación que recogen en torno a una década de protestas antimilitaristas sin parangón en Europa, las cuales no cesaron hasta que el Gobierno de José María Aznar, en 2001, acabó con un servicio obligatorio solo para los hombres, impuesto durante más de 200 años.

El movimiento antimilitarista cristalizó en España entre febrero y junio de 1989, cuando se presentaron de forma voluntaria en los juzgados de diferentes capitales españolas cerca de 200 jóvenes que se negaban a hacer ninguno de los dos servicios que estaban obligados a realizar al cumplir los 19 años.

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Tras sugerir que un presunto experimento del gobierno español impulsando las renovables había sido la causa del gran apagón en la Península Ibérica, el rotativo conservador británico vuelve a dirigir sus críticas a las políticas ambientales del ejecutivo de Pedro Sánchez. Y lo hace con un reportaje que elogia las bondades de la central de Almaraz y hace una encendida defensa de la energía nuclear frente a lo que señala como el «seguimiento a cualquier precio de la ideología de cero emisiones que produce apagones y paro». Y en el titular apuntan que la «pesadilla socialista» que vive España es una advertencia para Reino Unido, donde ahora gobiernan los laboristas de Keir Starmer y se ha pausado la construcción de nuevos reactores nucleares.


The Telegraph empieza describiendo cómo el día del gran apagón, los trabajadores de Almaraz siguieron el protocolo a la perfección para apagar el reactor nuclear de forma segura. Y apunta que el incidente supuso una suerte de vindicación de la energía nuclear y de una central que es la primera de la lista para el cierre programado por el gobierno. Cita a un trabajador de Almaraz que lamenta perder su trabajo asegura que el gobierno de Sánchez «está obsesionado con la renovables y tiene un componente ideológico que está desestabilizando la red eléctrica». También entrevista a otros empleados de la central nuclear extremeña y residentes de la zona que critican el plan de cierre por considerarlo un «error estratégico» y por hacer prevalecer «la ideología por encima de la ciencia»… aunque el principal argumento en contra del cierre de Almaraz es el impacto en el empleo y la economía local.

Pero el artículo sostiene que más allá del «aspecto humano», hay, en lo que está sucediendo en España, un «coste político» y una «batalla ideológica» que también llega a Reino Unido. Cita a conservadores británicos que aseguran que España es un «ejemplo de lo que puede ir mal cuando un gobierno estridentemente de izquierdas usa su puño para imponer su voluntad». Recoge la valoración de una ingeniera nuclear que considera que el apagón del 28 de abril evidenció que el sistema no está preparado para funcionar solo con renovables y que la transición ha sido demasiado rápida. Y aunque explica que las causas del fallo eléctrico siguen siendo motivo de especulación en España, destaca la denuncia de algunos medios de que el gobierno de Pedro Sánchez ordenó intensificar el uso de renovables una semana antes aunque fuera con programas inestables para parecer un «pionero» en Europa.

El diario británico menciona que el gobierno español ha negado tajantemente que se diera una orden similar, pero sostiene que el apagón mostró «lo que de verdad pasa cuando se persigue la ideología de cero emisiones a cualquier coste». Y añade que para Almaraz los 8 años de gobierno socialista «obsesionado con las renovables» han supuesto «apagones y paro». Y enfatiza que España puede servir de advertencia para Reino Unido y para las políticas del partido laborista de Keir Starmer y Ed Miliband. Resalta con tono condescendiente que «la sensibilidad cultural y el clima están a un mundo de distancia y el peso económico e internacional no es comparable» pero aún así considera que en el aspecto energético hay «llamativos paralelismos» entre los dos países. En particular señala que los laboristas han pausado las inversiones en nucleares y quieren impulsar la descarbonización y la meta de cero emisiones. Y en este contexto advierte que España podría ser «el canario en la mina».

El Daily Telegraph es un periódico británico fundado en 1855. Está considerado el diario conservador de referencia y suele defender posturas atlantistas y antieuropeas. Pertenece desde 2004 a los hermanos David y Frederick Barclay -considerados los dos hombres más ricos del Reino Unido en el sector de los medios y la publicidad- que también poseen la revista The Spectator y el diario escocés The Scotsman. Es el primer diario británico que creó una edición online en 1994. En 2021 su tirada rozaba los 300.000 ejemplares en papel y tenía 600.000 suscriptores on line. En mayo de 2013, uno de sus periodistas económicos más destacados publicó un controvertido artículo asegurando que España era “oficialmente insolvente” y recomendaba sacar el dinero mientras se pudiera. Y en 2020 han publicado varias revelaciones sobre las cuentas y fondos off-shore de Juan Carlos I, como la de que en uno de ellos Felipe VI era beneficiario o que la mitad de su luna de miel fue pagada por un empresario amigo de su padre.

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Las principales organizaciones pediátricas de España han advertido sobre el colapso sanitario en Gaza y la amenaza de una hambruna masiva que ya ha afecta a miles de niños. Reclaman el cumplimiento del derecho internacional y el fin de los bloqueos a la ayuda humanitaria. Y, según detallan en Sinc, insisten en una respuesta ética a la catástrofe porque: “la muerte por hambre no puede considerarse una consecuencia inevitable de un conflicto armado. Es violencia estructural y deliberada contra la infancia”.


La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap), la Sociedad Española de Pediatría Social (SEPS) y el Comité de Bioética de la Asociación Española de Pediatría (AEP) han alzado la voz ante la catástrofe humanitaria que azota a la infancia en la Franja de Gaza. Denuncian que miles de niños y niñas están muriendo a causa del hambre y la desnutrición severa, mientras el sistema sanitario permanece colapsado y la ayuda humanitaria sigue bloqueada.

Según datos recientes de Naciones Unidas, 1,94 millones de personas viven en niveles críticos de inseguridad alimentaria en Gaza. De ellos, 244.000 están en situación catastrófica y más de 71.000 menores de cinco años podrían sufrir desnutrición aguda, incluyendo 14.000 en estado grave.

En paralelo, el informe publicado por la revista científica The Lancet señala que Gaza registró en 2024 el mayor número de ataques contra personal e infraestructuras sanitarias en el mundo, con más de 1.400 profesionales asesinados. Las organizaciones pediátricas consideran inadmisible que, en pleno siglo XXI, mueran niños por inanición cuando existe capacidad logística para ofrecer asistencia.

Denuncian que impedir el acceso a alimentos, agua potable, medicamentos y atención médica constituye una vulneración directa de la Convención sobre los Derechos del Niño y del Derecho Internacional Humanitario.

Cifras estremecedoras

“La muerte por hambre no puede considerarse una consecuencia inevitable de un conflicto armado. Es violencia estructural y deliberada contra la infancia”, afirman los portavoces de las entidades firmantes. “Callar ante esta realidad sería una forma de complicidad”.

Las cifras son estremecedoras: al menos 16.503 niños han perdido la vida desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, según el Ministerio de Salud gazatí. De ellos, 916 eran menores de un año. Muchos nacieron en condiciones de guerra y han muerto antes de experimentar la paz.

Las asociaciones reclaman medidas concretas y urgentes: Garantizar el acceso inmediato, seguro y sin restricciones a la ayuda humanitaria. Proteger las infraestructuras sanitarias y al personal médico. Cumplir con el marco legal internacional que protege los derechos de la infancia. Asimismo, apelan a la responsabilidad ética y profesional de la comunidad médica y científica internacional, recordando que el sufrimiento infantil no puede normalizarse ni silenciarse.

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En este episodio de La Cafetera analizamos la estrategia del PP con el voto por correo: una maniobra que agita el fantasma del fraude para movilizar a los suyos, provocar al PSOE y desmovilizar a la izquierda.

En realidad aunque lo pongan en duda, el PP salió beneficiado del voto por correo. Como explicamos en La Cafetera, «El voto del CERA (españoles residentes-ausentes que viven en el extranjero) le regaló un escaño al Partido Popular a costa del PSOE. Sobre el voto de los residentes en España es imposible saber a quién podía beneficiar o perjudicar, porque se mete todo junto en la urna a las 20:00h en el colegio electoral. Por lo tanto es imposible que lo sepamos»

Hablamos también del nuevo ataque verbal de Ayuso, que llama “porreros” a sus adversarios para alimentar el relato de confrontación y reforzar su personaje. Profundizamos además en las criticas del PP a la Ley de Amnistía, en las claves de la nueva reunión entre Rusia y Ucrania con intercambio de prisioneros, y en el trasfondo de la baja participación en la elección judicial en México, que algunos interpretan como un revés para Sheinbaum. Y Gaza, donde la violencia persiste aunque el mundo mire a otro lado.

Además en la sección de Ecología, Juan López de Uralde destaca la buena noticia de China que por primera vez ha conseguido reducir sus emisiones de CO2. Aunque también señala dos apuntes negativos: Por un lado, el ministro de Agricultura español, Luis Planas, se ha negado, en la UE, a la prohibición del plomo en las balas y por otro, en Francia, la derecha y extrema derecha han eliminado las zonas de bajas emisiones en las ciudades.

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Aunque genera entre el 8% y el 10% de las emisiones globales, produce toneladas de residuos y consume mucha agua, la industria textil de moda está en pleno auge en todo el mundo. Y fenómenos como el fast-fashion, que produce prendas masivamente a bajo coste ha exacerbado el problema. Entre las soluciones que ha emergido para reducir este impacto ambiental está la de hacer un consumo más sostenible intercambiando ropa. En The Conversation analizan esta tendencia y abogan por potenciarla, por ejemplo favoreciendo a plataformas o apps de ropa compartida, para avanzar en la circularidad de la moda.

camisas ropa

Ramón Ruiz Navarro, UOC – Universitat Oberta de Catalunya

Cada vez somos más conscientes del enorme impacto ambiental que tiene la industria de la moda, que no sólo produce toneladas de residuos textiles sino que hace un uso excesivo de agua y otros recursos naturales. Según datos del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, este sector representa hasta entre el 8 y el 10 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Aún así, seguimos comprando más ropa de la que necesitamos. Un fenómeno conocido como fast fashion y que se sostiene en un modelo que combina producción masiva, bajo coste y consumo impulsivo.

En los últimos años han aparecido formas más sostenibles de vestir, como alquilar o intercambiar ropa a través de plataformas digitales, alternativas más éticas y circulares pero aún minoritarias. Si ya sabemos que la fast fashion contamina y que existen otras opciones más amigables con el medio ambiente, ¿por qué nos cuesta tanto cambiar nuestros hábitos?

¿Qué origina la resistencia al cambio?

Desde el punto de vista del comportamiento del consumidor, podemos observar una gran brecha entre lo que decimos y lo que hacemos. Aunque son muchas las personas que expresan su preocupación por el medio ambiente, en la práctica siguen comprando ropa nueva de forma habitual. ¿Qué factores están detrás de este comportamiento? ¿Qué barreras impiden adoptar un modelo de ropa compartida?

De acuerdo con mi investigación, publicada en Research Journal of Textile and Apparel, podríamos destacar tres factores clave:

  • La confianza: Al plantear la idea de compartir ropa con otras personas, surgen preocupaciones sobre la higiene, el estado de las prendas o la seguridad de la transacción. Si el usuario no tiene referencias claras o garantías de los anteriores aspectos, tiende a desconfiar.
  • La facilidad de uso: Muchas personas no conocen cómo funcionan estas plataformas o las perciben como complicadas. El esfuerzo que se requiere para aprender o adaptarse al sistema resulta un factor clave a la hora de animar o frenar a los usuarios a usarlas.
  • La identidad personal: Vestirse no es sólo cubrirse sino también una forma de expresar quiénes somos. Cierto porcentaje de la población siente que usar ropa prestada o intercambiada no encaja con su imagen o con su estilo. La percepción de perder parte de su identidad puede hacer que los usuarios rechacen este tipo de consumo.

Las anteriores barreras están relacionadas tanto con un aspecto práctico como emocional. Lo que nos recuerda que, a la hora de consumir, también influyen nuestros sentimientos, percepciones y costumbres.

Un perfil emergente

A pesar de los obstáculos mencionados, resultan alentadoras las señales de cambio que se empiezan a advertir. Entre los grupos demográficos que muestran mayor apertura a modelos de consumo alternativo, destacan las mujeres jóvenes, urbanas, con formación superior y alta presencia en redes sociales, que valoran tanto la sostenibilidad como la originalidad.

Para este segmento de la población, el alquiler o intercambio de ropa ofrece variedad, ahorro económico y una forma de consumo coherente con sus principios éticos y estéticos.

Y son cada vez más las plataformas que están explorando este nuevo nicho, como La Más Mona o Ecodicta. Se trata de negocios que apuestan por combinar un diseño atractivo, tecnología fácil de usar y una narrativa ambiental positiva. Además, ofrecen opciones flexibles como suscripciones mensuales y promueven beneficios sociales, como la reutilización de prendas y el empoderamiento femenino. Por otro lado, también destacan iniciativas sociales como Moda re-, una red de tiendas de segunda mano impulsada por Cáritas y que combina reutilización textil, inclusión laboral y consumo responsable.

La clave de este nuevo sector se sustenta en ofrecer una experiencia que no solo sea ética, sino también práctica, estética y emocionalmente satisfactoria. Cuando el mensaje de sostenibilidad va de la mano de la comodidad y del estilo, es más fácil generar adhesión y hábito.

Impulsar las apps de ropa compartida

No obstante, para que la ropa compartida resulte una verdadera solución frente a la fast fashion no bastan las buenas intenciones; también es preciso contar con unas condiciones favorables que lo hagan posible. Eso implica tecnología fácil de usar, apoyo de las instituciones y un cambio en los hábitos de consumo.

Por un lado, las plataformas deben mejorar su diseño y comunicación. Necesitan ser accesibles, claras, seguras y generar confianza desde el primer clic, garantizando que la experiencia de usuario sea sencilla e intuitiva. Por otro, es importante invertir en campañas educativas que visibilicen los beneficios sociales y ambientales de compartir ropa.

También resulta fundamental ofrecer incentivos atractivos, como descuentos, suscripciones flexibles o garantías de calidad que animen a más personas a probar este modelo de consumo. Cuanto más fácil y atractivo resulte, ¡más rápida será su adopción!

En este sentido, las políticas públicas pueden jugar un papel clave. Entre las medidas que pueden facilitar este cambio resaltan la creación de incentivos fiscales para plataformas circulares, el apoyo a iniciativas locales de economía colaborativa, campañas institucionales de sensibilización y normativas que fomenten la reutilización textil.

La Unión Europea ya ha iniciado este camino a través de su Estrategia para productos textiles sostenibles y circulares, la cual propone extender la vida útil de las prendas y responsabilizar a las empresas del ciclo completo de sus productos.

Además, informes como el Fashion Transparency Index de Fashion Revolution o el trabajo de la Fundación Ellen MacArthur sobre circularidad en la moda ofrecen diagnósticos rigurosos y recomendaciones valiosas para acelerar la transición hacia una moda más responsable.

Un cambio en marcha

La ropa compartida no es una solución integral para acabar con el dilema de la fast fashion, pero llega como una propuesta que forma parte del cambio. Si esta corriente consigue superar las barreras culturales, psicológicas y tecnológicas que enfrenta, logrando facilitar su uso, generar confianza y ser vinculada con valores positivos, podemos acelerar una transición hacia un consumo de moda más responsable.

Además de reducir residuos, este modelo puede ayudarnos a repensar la moda como una experiencia colectiva y sostenible, en contraposición a lo que representa actualmente: una carrera de consumo individual.The Conversation

Ramón Ruiz Navarro, Professor Col·laborador Estudis d’Economia i Empresa, UOC – Universitat Oberta de Catalunya

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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El gobierno socialista español prosigue su distanciamiento del Estado de Israel, acusado de cometer un genocidio en Palestina y tras cesar el comercio de armas, ha anunciado, en el marco de la Defensa, un plan de desconexión tecnológica con la industria militar israelí. Es lo que asegura la emisora francesa en un reportaje que firma Diane Cambon que pone de relieve que España busca una «dependencia cero» de Israel en defensa.


RFI explica que la Secretaria de Estado de Defensa española, Amparo Valcarce, ha anunciado que el objetivo del gobierno es que la «dependencia de Israel sea cero». Se resalta que España sigue así desmarcándose de otros países europeos en sus relaciones con el Estado hebreo. Subraya que en el plano militar, el gobierno se ha comprometido a no comprar, ni vender armas a Israel. Y recuerda que hace un mes, se rompió un contrato de balas para la Guardia Civil de 6,8 millones de euros con una empresa israelí.

Pero el reportaje enfatiza que Pedro Sánchez ha decidido llevar aún más lejos el distanciamiento, y en nombre de la «soberanía tecnológica» en defensa, ha defendido romper todo vínculo comercial y un plan de desconexión con la industria militar israelí. Señala que la decisión no es sencilla, porque España tenía tres contratos valorados en 1.700 millones con empresas israelíes punteras. Pero pone de relieve que el proyecto de ley propuesto por Sumar prevé un embargo automático, en el sector de Defensa, con cualquier país perseguido por crímenes contra la humanidad.

Radio France Internationale, RFI, es la emisora pública internacional gala. Se creó en 1975 y es propiedad del gobierno francés. Es una de las radios internacionales más escuchadas del planeta junto con BBC, Voice of América o Deutsche Welle. Emite las 24 horas del día y en 12 idiomas diferentes, entre ellos el español. Y tiene más de 40 millones de oyentes.

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