Iñaki Gabilondo en Noticias Cuatro: «Cuando hablamos de inmigración, se supone que hablamos de los que inmigran, pero no. Hablamos de nosotros, de lo que nos pasa porque ellos emigran. Siempre, sin excepción, el tema versa sobre lo que nos dan, nos aportan, nos quitan, nos traen, nos amenazan. Los insensibles subrayan lo que nos quitan, los sensibles subrayan lo que nos dan; pero siempre hablamos de nosotros. No es extraño, pues, que, con la crisis, veamos el fenómeno como un problema creciente.

Un problema para nosotros, no para ellos; y busquemos las soluciones con la única óptica de nuestros intereses, aunque estos se encuentren en los límites de los derechos humanos, incluso en la parte exterior de esos límites. La política común de inmigración, que ha propuesto hoy la Comisión Europea a los veintisiete es para estómagos democráticos poco exigentes. Aquí va un ejemplo: autorizar detenciones de los sin papeles por orden administrativa como vía ordinaria, con confirmación judicial «lo antes posible». La situación de nuestro Gobierno era delicada. Nuestra legislación, muy garantista, no le permite moverse en ese campo. Ni su ideología. Pero no olvidemos que España es casi una isla progresista en un mar de derechas. ¿Cómo actuar, si no se desea bloquear el diseño de una política común y no se puede ni se desea llegar a donde algunos gobiernos llegarían sin reparos?. En estas circunstancias, con la opinión pública europea ojo avizor, la Comisión ha echado el balón fuera del campo y ha aplazado el partido. Pero hay dos cosas que la crisis va a aclarar: la verdad del efecto llamada y la hipocresía de muchos empleadores. Y es que vendrán muchos menos inmigrantes, porque el verdadero efecto llamada es que haya trabajo, aunque Mayor Oreja y Rajoy crean otra cosa. Y los sin papeles que se encuentre la policía por las calles serán los que estuvimos empleando, sin reparo alguno aun sin papeles, cuando les necesitamos.»

Iñaki Gabilondo en Noticias Cuatro: «Nunca hubiéramos imaginado la magnitud del desastre por mucho que se supiera, y supiéramos, que la justicia era la asignatura pendiente de nuestra democracia. Doscientas setenta mil sentencias penales pendientes de ejecutar. ¡Penales!. De las civiles, no hablamos. Deben ser centenares de miles. Eso quiere decir, sencillamente, que estamos en el reino de la arbitrariedad, o de la impunidad. En cualquier caso, no en un Estado de Derecho. Un país sometido, solo nominalmente, al imperio de la ley. Pero, ¡qué escándalo es éste!. !Qué vergüenza es ésta!. ¿En qué higuera esta Zapatero?. ¿En qué Babia ha vivido Aznar?. ¿En qué luna de Valencia estaba Felipe González?. ¿Cómo hemos pagado el sueldo a los ministros de Justicia, y a sus subsecretarios y secretarios de Estado?. ¿Cómo han permanecido en sus puestos sin dimitir?. ¿Cómo se han atrevido los miembros del Consejo del Poder Judicial a ocuparse de la política de este país, que ya tiene un Congreso y un Senado, y dejar que rodara una bola de esta magnitud sin inmutarse?. Deberían irse a su casa esta misma tarde y pedir perdón a los ciudadanos. Pero ¿qué farsa es ésta?. Doscientas setenta mil sentencias penales pendientes de ejecutar es un dato devastador, que ridiculiza a nuestro país y disuelve nuestras convicciones. Esto sí que es un fracaso, y no un fracaso sectorial. Afecta a la línea de flotación de nuestro sistema. Los malos datos del paro son un arañazo apenas. Cualesquiera otros problemas, por serios que sean, una fiebre pasajera. Pero esta cifra, doscientas setenta mil sentencias penales sin ejecutar, se clava como una cuchillada en el corazón mismo de nuestra democracia. El caso Mari Luz no fue un accidente. Fue la purulencia de un órgano putrefacto sobre el que hay que actuar de inmediato. Si nuestro país no ha perdido la cabeza, ha de parar motores porque hay fuego a bordo. Con este dato, la gestión de cuantos nos mandan y nos mandaron debe ser revisada. Se merecen un cero inapelable. Sólo Zapatero tiene la oportunidad de aprobar en segunda convocatoria. Y tiene la obligación moral y democrática de hacerlo.»