Los responsables europeos y la presidencia española celebran el acuerdo para armonizar la legislación de todos los estados miembros de la UE en materia de inmigración y asilo como un «hito histórico». El pacto se negociaba desde hace casi una década y era uno de los asuntos más sensibles y que más división generaba entre los 27. Ahora la Unión Europeo contará con 5 reglamentos que establecen una política común para todo el proceso: migración, asilo, integración, gestión de fronteras y reparto de solicitantes. Pero las medidas acordadas en este pacto han levantado un auténtico clamor entre las ONG, colectivos internacionales por los derechos humanos y partidos de izquierdas. Se denuncia que socava el derecho de asilo en Europa, se permite la detención generalizada de personas y no se mejorará la gestión migratoria.

Las primeras en manifestarse de forma crítica con el Pacto han sido las ONG de rescate en el Mediterráneo. Nueve de ellas aseguran: «Con el acuerdo sobre el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), la UE ha decidido formalizar un statu quo en el que la violencia, el abandono, la tortura y dejar morir a las personas son prácticas cotidianas».

Médicos Sin Fronteras denuncia: «No es una solución a la «crisis migratoria» de Europa ni un acuerdo histórico. Es simplemente la continuación e intensificación de las políticas de contención y disuasión, con el rechazo arbitrario en las fronteras y las expulsiones como núcleo». Y añaden: «El Pacto no hace sino institucionalizar la detención de facto y socavar el derecho de las personas a solicitar asilo», Amnistía Internacional, por su parte considera que «las reformas acordadas harán retroceder durante decenios el derecho de asilo europeo y causarán más sufrimiento humano».


Decenas de ONG como Oxfam, CEAR, Accem, etc., denuncian que el pacto migratorio de la UE socavará el derecho al asilo, fomentará la detención de los migrantes y les expondrá a mayores abusos.


Save the Children alerta de que este acuerdo «pondrá en peligro a los niños que migran y producirá una mayor separación de las familias migrantes». Añaden que el pacto «plantea sistematizar la detención de niños de todas las edades en las fronteras de la UE y eliminar su derecho asilo en todo el continente» y denuncian que los niños no estarán más seguros.

Además numerosas formaciones políticas de izquierda, empezando por Sumar y por la vicepresidenta española Yolanda Díaz que ha dicho que «Hay pactos que es mejor no firmar, es un paso atrás sin precedentes», también se han mostrado muy críticas con el texto acordado.

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Desde 2022, el gobierno de Pedro Sánchez trabaja para hacer más accesibles los transportes públicos y a partir de enero, los jóvenes y desempleados podrán viajar gratis. Es lo que pone de relieve el diario francés en un reportaje de su corresponsal François Musseau en el que describe el plan desarrollado en España en un momento en el que algunas ciudades francesas como Montpellier debaten sobre la gratuidad de los transportes. Explica que el gobierno primero redujo el precio de abonos transporte para autobús, metro y cercanías en las grandes ciudades, pero luego lo amplió a la red de trenes de media distancia. Y aunque detalla algunos de los problemas que ha generado la gratuidad de los transportes, enfatiza que Sánchez ha anunciado estar dispuesto a ir aún más lejos para convertir a España en un referencia en sostenibilidad.

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Liberation explica que en España la tendencia empezó tras la pandemia cuando ante las dificultades de los ciudadanos para pagar la luz, el gas o la compra, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó una batería de medidas sociales más o menos convencionales, pero entre las cuales incluyó que los transportes públicos fueran gratuitos para menores de edad, jóvenes y desempleados. Apunta que la medida perseguía tanto el alivio social como un objetivo ecológico al reducir la circulación privada y las emisiones. Y resalta que ante los buenos resultado, se aprobó en septiembre de 2022 un bono para poder usar toda la red ferroviaria de cercanías que se financió con fondos europeos Next Generation y que se ha prolongado a lo largo de todo 2023. Y subraya que tras asegurarse un nuevo mandato, Pedro Sánchez ha anunciado este mes de diciembre que mantendrá la bajada de precios de los abonos de transportes «quiere ir más lejos aún» impulsando que sea gratis para niños, jóvenes y parados.

El artículo advierte de que la medida ha dado lugar en este año a algunas situaciones caóticas con aglomeraciones en metros y cercanías de Madrid y Barcelona y saturaciones en algunas líneas ferroviarias, mientras en otras los asientos vayan vacíos aunque figure que todo ha sido vendido. Se hace eco de que el gobierno español considera que se han logrado los objetivos marcados y habla de un aumento del 40% en trayectos de tren de media distancia y de 25% en cercanías. Aunque recoge que la oposición y algunas organizaciones sociales critican la medida por considerar que no ha reducido la circulación de vehículos privados en las ciudades y piden medidas más contundentes. Subraya en cualquier caso que Sánchez está decidido a mantener el plan de transporte público gratuito a largo plazo para consolidar a España como referencia en sostenibilidad ambiental.

Liberation es el diario francés de izquierda por excelencia. Fue creado en 1973 bajo el impulso de Jean Paul Sartre y los movimientos de Mayo del 68. Originalmente era de extrema izquierda, no había jerarquía en la redacción, todos lo periodistas cobraban lo mismo, las decisiones se tomaban por mayoría y no aceptaban publicidad. A partir de 1980, empiezan a cambiar las cosas, se modera hacia el centro izquierda y entran los primeros socios capitalistas. A causa de sus dificultades financieras, Edouard de Rothschild, heredero del imperio bancario, adquirió el 40% de su capital en 2005, provocando la partida de algunas de sus grandes firmas. Hoy posee el 26% del diario, el mismo porcentaje que el empresario de medios Bruno Ledoux. Una de sus señas de identidad es la importante presencia de la imagen fotográfica en su portada y en sus páginas. Su difusión en 2020 supera los 75.000 ejemplares. En el verano de 2012 publicó una controvertida portada con los colores de la bandera de España y el titular “Perdidos!”

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Mensajes en altavoces de paradas de autobús hablando de como delatar a un vecino, amenazas con perder ayudas sociales si se corta la calle, un macro-dispositivo policial en cada esquina… Argentina ha vivido en las últimas horas la primera gran protesta en la calle contra las medidas y recorte del gobierno de Javier Milei en medio de un operativo de control sin precedentes. Las imágenes que ha dejado la acercan a una distopía… y encima Milei ha anunciado nuevas liberalizaciones. Lo repasamos en este episodio de La Cafetera de Radiocable.com en el que también analizamos el pacto migratorio y de asilo que ha acordado la UE y que ha levantado un clamor entre las ONG, de Trump en EEUU y la política de Biden hacia Gaza o del regreso a Venezuela de Alex Saab. En clave nacional, abordamos la polémica por la reunión Sánchez-Feijoo y los enfrentamientos en la sesión de control al gobierno en el Congreso.

Además, al ser el último programa antes de las vacaciones, hablamos con Pilar del Río sobre la resistencia ante las injusticias que sigue existiendo en el mundo y en la sección de Memoria Histórica, Emilio Silva nos cuenta una buena noticia: el Supremo ha avalado la retirada de cruces que honren solamente a los fallecidos de un bando de la Guerra Civil. Terminamos con una Sobremesa Cafetera especial en donde abogamos por despedir el año que acaba con una sonrisa, esperanza y optimismo y lo hacemos repasando las que han sido las mejores noticias en la vida de nuestra audiencia en 2023.

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El anuncio de que el Estado español adquirirá una participación accionarial del 10% en el gigante de las telecomunicaciones es noticia en numerosos medios internacionales. Se subraya que la operación anunciada por el gobierno es una clara respuesta a la entrada de STC, el fondo soberano de Arabia Saudí, en Telefónica que había levantado suspicacias y temores en España. Se recoge que el gobierno justifica la operación en que se trata de una compañía clave en sectores estratégicos y que con ella contará con un accionista público de referencia.


El Financial Times recoge que las acciones de Telefónica suben tras anunciar España que comparará un 10% en respuesta al movimiento de STC. El rotativo británico se hace eco del anuncio del gobierno español de hacerse con una participación de la compañía de telecomunicaciones del 10% en respuesta al movimiento de STC Group, el fondo de Arabia Saudí de adquirir una participación similar. Y subraya que esto «sube la apuesta» en la batalla por la influencia en Telefónica, el «gigante empresarial en seguridad y defensa». Recoge que tras el anuncio de la operación, las acciones de Telefónica subieron un 5,5%. Apunta que el gobierno español defiende que el objetivo de esta compra del 10% es dar estabilidad accionarial a la empresa, aunque asegura que la operación de STC provocó división de opiniones en el ejecutivo.

 

Añade que si el Estado español y STC concretan su participación respectiva del 10% se propulsarían por encima de CaixaBank y BBVA «dos pilares de la España empresarial» como máximos accionistas de Telefónica. Recoge asimismo las palabras de Nadia Calviño que enmarca la operación en la línea que también están siguiendo otros países europeos como Francia o Alemania de aumentar sus participaciones en grandes operadores de telecomunicaciones estratégicos y define a Telefónica como la «más estratégica de las empresas» por su peso en telecomunicaciones, infraestructuras, seguridad y defensa.

Bloomberg destaca que España comprara una participación en Telefónica valorada en 2.200 millones. La agencia estadounidense se hace eco de los planes del gobierno español para salvaguardar una de las empresas más estratégicas del país tras la compra de acciones por parte de Arabia Saudí para construir su propia posición. Detalla que España, a través de la SEPI, se hará con una participación del 10% que podría costar más de 2.000 millones de dólares. Y recoge que el gobierno defiende esta maniobra como un intento de proveer una mayor estabilidad accionarial y proteger la capacidad estratégica de la compañía de telecomunicaciones, antiguo  monopolio estatal.

Le Figaro subraya que el Estado español va a adquirir el 10% de Telefónica para ser accionista público de referencia. El diario francés explica que el gobierno español de izquierdas ha anunciado su entrada en el gigante de las telecomunicaciones justificándola en que se trata de una de las principales empresas del país, líder en telecomunicaciones y clave en otros sectores estratégicos. Detalla que planea adquirir el 10% de Telefónica para convertirse en un accionista público de referencia.

Reuters recoge que tras la entrada saudí en Telefónica, España anuncia la compra de un 10%. La agencia británica explica que el gobierno español va adquirir, a través del holding SEPI, una participación del 10% en el accionariado del gigante de las telecomunicaciones español para hacer contrapeso a la compra de un gran paquete de acciones por parte del fondo STC de Arabia Saudí. Apunta que desde el ministerio de Hacienda se justifica que esta operación se hará minimizando el impacto sobre el precio de las acciones, pero se defiende que es necesaria por que la presencia de un accionista público de referencia dará estabilidad a la compañía.

Advertencia: Por respeto a la ley L.P.I. española, radiocable.com ni reproduce textualmente ni publica links a los textos externos que han llamado la atención de nuestro equipo. Si desea conocer la literalidad del artículo acuda directamente al medio referido. 

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Se ubican codo con codo en la Península Ibérica y buena parte de Europa los ve como vecinos asimilados, pero las relaciones entre España y Portugal son a veces espinosas y beben de un «psicodrama forjado por la historia, el orgullo y ácidos estereotipos» y una diferente visión del mundo. Así describe Barney Jopson, corresponsal ibérico del prestigioso diario británico en una columna de opinión, el «extraño distanciamiento» que ve entre España y Portugal y que detalla con algunos ejemplos concretos que evidencia las diferencias entre ambos pueblos.


Financial Times apunta que las amplias generalizaciones entre los dos vecinos ibéricos son «fútiles y hasta ofensivas», porque aunque desde Europa se suele ver que españoles y portugueses cohabitan la península y comparten playas, vino, imperios desaparecidos, pymes y familias unidas «hay que ser precavido sobre las semejanzas». Señala que España y Portugal viven «de espaldas», y más allá de las cálidas declaraciones oficiales «buscan amigos, comercio e ideas en cualquier otro sitio y tienen una visión del mundo diferente». Asegura que Portugal tiene arraigados temores hacia España basados en invasiones y amenazas del pasado y siempre ha buscado aliados marítimos, como Reino Unido, e históricamente se ha protegido de su vecino evitando las provocaciones y manteniendo las distancias. Y subraya que de hecho, aunque Portugal sea un país de migrantes, apenas hay 106.000 viviendo en España, frente a 1,2 millones en Francia.

El artículo explica que la postura de los españoles hacia su vecino es más bien de indiferencia, algo que se resumen en la «despectiva» expresión «¿portu-que?» y en que muchos lo asocien con «toallas». Pero resalta que aunque Portugal ha llegado a ser el país más pobre de Europa Occidental, su pueblo sigue sintiéndose superior culturalmente a los españoles a los que ven como rudos y arrogantes. Explica que por ejemplo los portugueses suelen entender fácilmente el español, pero su idioma tiene más sonidos y complejidades que dificultan lo mismo a sus vecinos ibéricos. También apunta que España es conocida por sus animados bares y por ser ruidosos y alegres, mientras en Portugal destacan las tranquilas pastelerías y se consideran los más europeos del norte del sur del continente. Añade que en las regiones fronterizas las diferencias se difuminan y por ejemplo los gallegos se parecen más a los portugueses del norte que al resto de españoles y menciona que ambos países siguen teniendo contenciosos como el de Olivenza.

The Financial Times es un diario británico considerado referencia mundial en información económica.  Se fundó en 1888 y desde julio de 2015 pertenece a Nikkei, el mayor grupo editorial japonés, que lo adquirió de Pearson su dueño durante 58 años. Tienen mayor circulación en el extranjero que en el Reino Unido y desde 2012 tiene más suscriptores on line que en papel. En marzo de 2022 ha alcanzado el millón de suscriptores digitales (en 2019 ya había superado la barrera del millón de lectores de pago, combinado papel y on line) que sumados a las casi 120.000 suscripciones en papel, le dan la mayor audiencia de su historia. Su website recibe más de 2 millones de visitas cada día de media y se calcula que llega a 26 millones de lectores al mes. El FT defiende el libre mercado y la globalización. En cuanto a su línea ideológica está considerado de centro o centro-derecha, pero ha respaldado a políticos como Thatcher, Reagan o Cameron y también a Gordon Brown o Obama. Se considera que sus editoriales suelen ser pro-europeos y pro-eu.

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Hay dos razones por las que la compra de un 10% de las acciones de Telefónica por parte del Estado español que se acaba de anunciar está justificada y las abordamos en este episodio de La Cafetera: por un lado permitirá a los españoles recuperar la participación en una empresa de telecomunicaciones estratégica que se perdió en 1997 cuando Aznar la privatizó y por otro combatirá la amenaza que supone la entrada del fondo soberano de Arabia Saudí en su accionariado. Porque frente a la idea que algunos defienden de que es mejor que el Estado no se meta en empresas privadas, en el caso concreto de Telefónica, el peligro es real ya que no se trata de otra compañía que entra en el accionariado, sino de otro estado, el saudí.

Y no hay demasiadas opciones si queremos protección frente a terceros en este mundo tan convulso. Por eso ver esta operación como una concesión al populismo, como dice el PP, es simplemente un nuevo capítulo de teatralización. Además repasamos noticias como la decisión del Tribunal Supremo de Colorado de rechazar que Donald Trump pueda presentarse a las elecciones, el pacto migratorio y de asilo que finalmente ha acordado la UE y las últimas denuncias sobre la situación en Gaza. Y en la Sobremesa analizamos una pregunta «trascendental» para estas fiestas: ¿Alguien ha conseguido trasplantar un abeto de Navidad y que sobreviva?

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El espíritu navideño llega a La Cafetera con una trascendental pregunta ¿De verdad alguien ha conseguido trasplantar un abeto de navidad y que sobreviva? La respuesta te sorprenderá… Pero además en este episodio de la Sobremesa Cafetera reflexionamos sobre las tradiciones navideñas que suelen incluir reuniones familiares, belén, árbol, regalos, lotería, etc… Pero defendemos que no tienen porque ser inamovibles y que se pueden crear nuevas tradiciones y rutinas para disfrutar más de estas Fiestas y darles un sentido más original, personal y menos comercial. Y la audiencia participa con algunas ideas geniales como el «elfo travieso». Pepe por su parte rinde homenaje a su profesor de ética recientemente fallecido y en general a todos esos maestros que han conseguido abrir la mente y el mundo para sus alumnos.

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«Es gravísimo y un castigo muy severo que confirma que la gestión de Doñana es desastrosa» Así valora Juan López de Uralde en el programa La Cafetera de Radiocable.com la noticia de que el parque natural español ha sido eliminado del ranking de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Es el mayor organismo ambiental del mundo que por primera vez ha tomado la decisión de excluir a un espacio natural de su lista a causa de la mala gestión y la situación actual del parque español.


El ex diputado de Podemos y ex director de Greenpeace considera «gravísima» la exclusión de Doñana de la lista verde de la UICN y asegura no entender el motivo por el que la ministra de Transición Ecológica parece estar «poniendo paños calientes». Destaca: «Estamos hablando de una lista de los espacios más valiosos del mundo. Son 77 espacios de 60 países. Y es la primera vez que un espacio natural como Doñana es eliminado».

Subraya que además la decisión de la UICN se debe a la mala gestión de Doñana: «Por la situación del parque, por la pérdida de biodiversidad, por todo el conflicto con el agua. Y es un castigo muy severo y la confirmación de que la gestión de Doñana es desastrosa. Y esto debería tener consecuencias, incluso políticas.»

Uralde explica que Doñana podría volver a ser incluida en la lista verde si hay una rectificación en la gestión pero critica que desde el ministerio se hable de decisión provisional: «de momento se la ha sacado del listado y solo si hay una rectificación y un cambio en las políticas se podría estudiar su regreso. Pero la decisión de la UICN no ha sido superficial. Es consecuencia del trabajo de un equipo de expertos durante dos años y luego ha sido ratificada por otros expertos que confirmaron lo que decía el primer informe». Y enfatiza que desde hace unos años tiene que ser de fuera de España desde donde se ofrezca una visión más objetiva y crítica de la situación de Doñana, «mientras que aquí en España, todo se tapa y edulcora».

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Este mes de junio se han conmemorado los 50 años del golpe de Estado de 1973 que derivó en 12 años de dictadura en Uruguay. Fue mucho menos mediático y recibió mucha menos atención que el golpe de Chile y el consiguiente régimen de Pinochet, pero compartió con este dosis similares de violencia y represión, hasta el punto de ser apodada «la cámara de tortura de América Latina» y tener a uno de cada 50 habitantes encarcelado por motivos políticos en algún momento. Pero tras el regreso de la democracia en 1985, apenas ha habido consecuencias judiciales por estos crímenes y solo ha habido 28 condenados. En The Conversation analizan los motivos de esta falta de justicia, que empieza con la promulgación de la llamada Ley de Caducidad que en la práctica otorgó impunidad a los policías y militares implicados que estuvo en vigor hasta 2011 y posteriormente tampoco ha habido un compromiso decidido con la rendición de cuentas.

(Foto: Flickr/XantiRevueltas)

Francesca Lessa, University of Oxford

Este 2023 se ha cumplido medio siglo del inicio del golpe de Estado en Uruguay. El 27 de junio de 1973, el presidente Juan María Bordaberry y las fuerzas armadas cerraron el parlamento e inauguraron 12 años de terror de Estado (1973-1985).

Este aniversario ofrece la oportunidad de reflexionar sobre por qué Uruguay no ha juzgado a más personas por violaciones de derechos humanos cometidas durante esta dictadura.

Durante décadas, Uruguay fue conocido como “la Suiza de América Latina”, dada su larga estabilidad y tradiciones democráticas, y su estado de bienestar. En 1973, se prestó poca atención al régimen uruguayo, quizás debido a la reputación del país y a su situación geopolítica, eclipsado por dos vecinos mayores, Argentina y Brasil. Ese año, la mayor parte de la atención internacional se centró en el espectacular golpe de Estado contra el presidente chileno, Salvador Allende.

Encarcelamiento, interrogatorios y tortura

Sin embargo, el régimen uruguayo fue igualmente violento y represivo. En poco tiempo, Uruguay se ganó un nuevo apodo: la “cámara de tortura de América Latina”. A principios de 1976, Uruguay tenía la mayor concentración per cápita de presos políticos del mundo.

Según Amnistía Internacional, uno de cada 500 ciudadanos estaba en prisión por motivos políticos y “uno de cada 50 ciudadanos había pasado por un período de encarcelamiento, que para muchos incluía interrogatorios y torturas”.

Además de los miles de personas encarceladas y torturadas, la dictadura dejó un legado de 197 desapariciones forzadas patrocinadas por el Estado y 202 ejecuciones extrajudiciales entre 1968 y 1985.

La represión fue brutal no sólo dentro de las fronteras uruguayas, sino también fuera de ellas. Mi libro sobre la Operación Cóndor –una campaña represiva emprendida por las dictaduras sudamericanas, y respaldada por Estados Unidos, para silenciar a los opositores en el exilio– ilustra cómo los uruguayos representan el mayor número de víctimas (48 % del total) perseguidas más allá de las fronteras entre 1969 y 1981.

¿Justicia o impunidad?

Uruguay volvió a la democracia el 1 de marzo de 1985, con la toma de posesión del presidente Julio María Sanguinetti. Las perspectivas de justicia se vieron restringidas desde el principio. Los generales uruguayos y los representantes de tres partidos políticos habían negociado la transición mediante el Pacto del Club Naval.

Entre otras cosas, este último establecía un calendario para el retorno de la democracia, restauraba el sistema político anterior a la dictadura, incluida la constitución de 1967, y convocaba elecciones nacionales para noviembre de 1984. Las elecciones se celebraron, pero con la prohibición de algunos políticos.

En diciembre de 1986, el parlamento democrático sancionó entonces la ley 15.848 de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Esta “ley de impunidad” protegía eficazmente a los oficiales de policía y militares de la rendición de cuentas por las atrocidades de la época de la dictadura, garantizando el control y la supervisión de la justicia por parte del ejecutivo.

Se introdujo en un momento de creciente oposición por parte de las fuerzas armadas a las incipientes investigaciones judiciales sobre crímenes del pasado.

La ley de caducidad consiguió garantizar que la política de impunidad patrocinada por el Estado, según la cual los crímenes no se castigan, siguiera vigente durante 25 años, hasta 2011. En otro lugar he analizado los altibajos de la relación de Uruguay con la rendición de cuentas.

Avanzando rápidamente hasta la actualidad, Uruguay tiene reputación de líder regional en algunas cuestiones de derechos humanos (por ejemplo, derechos reproductivos y matrimonio igualitario). Pero sólo ha conseguido una justicia muy limitada para las atrocidades de la época de la dictadura.

Comparación de Uruguay con Argentina

Hasta junio de 2023, los tribunales uruguayos han dictado sentencias en sólo 20 casos penales y condenado a 28 acusados en total, algunos de los cuales estaban involucrados en múltiples casos (a partir de cifras recopiladas de datos propios y de la ONG Observatorio Luz Ibarburu).

Como punto de comparación, los tribunales argentinos han dictado 301 sentencias desde 2006, con 1 136 personas condenadas por los crímenes de la dictadura (1976-1983).

Del mismo modo, hasta el 31 de diciembre de 2022 se han dictado 606 sentencias definitivas en juicios por crímenes de la dictadura en Chile, 487 en causas penales y civiles (vistas en conjunto), y 119 sólo en causas civiles, según datos del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales.

Junto con colegas de la Universidad de Oxford, hemos desarrollado un enfoque para explicar por qué algunos países exigen responsabilidades a los autores de violaciones de los derechos humanos cometidas en el pasado, mientras que otros no lo hacen.

Se basa en cuatro factores: la demanda de la sociedad civil; la ausencia de agentes de veto (como políticos que se oponen a la rendición de cuentas o a la investigación de violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado); el liderazgo judicial nacional; y la presión internacional. Este planteamiento básico ayuda a comprender las luchas duraderas de Uruguay. Aunque los cuatro factores están en juego en el país, chocan entre sí y favorecen la impunidad en general.

Uruguay ha sido testigo de importantes niveles de presión internacional, incluido el famoso veredicto “Gelman” de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que fue decisivo para derogar la ley de caducidad en 2011.

Simultáneamente, ha habido una demanda incesante de justicia por parte de la sociedad civil, desde el histórico referéndum de 1989 para derogar la ley de caducidad hasta, más recientemente, los llamamientos para modificar la ley de reparaciones de 2006 para los presos políticos.

Sin duda, la mayor parte de los avances en materia de justicia, verdad y reparación se han logrado en Uruguay gracias a los incansables esfuerzos de activistas y ONG, incluida la central sindical, que han impulsado a las autoridades a investigar.

No obstante, Uruguay nunca se ha comprometido con la investigación de las atrocidades del pasado como política de Estado, como sí ha hecho Argentina. Un conjunto de actores poderosos, que incluye a las fuerzas armadas, varios políticos y jueces de tribunales superiores, se han asegurado de que el muro de la impunidad se mantuviera en pie con pocas excepciones.

La falta de independencia judicial y la sanción de algunos jueces valientes que intentaron desafiar la impunidad en las décadas de 1990 y 2000 –la más reciente Mariana Mota– también han obstaculizado el progreso.

Otro factor es el importante número de sentencias en el tribunal supremo que restaron importancia a la gravedad de los crímenes cometidos durante la dictadura.

Sin embargo, podría haber cambios positivos en el horizonte. Un nuevo código de procedimiento penal introducido en 2017 significa que las denuncias de la época de la dictadura (presentadas desde entonces) se investigan con mayor rapidez. Y la creación en 2018 de un fiscal especializado para crímenes de lesa humanidad –una antigua demanda de los activistas de derechos humanos– ha dado lugar a que más investigaciones lleguen a juicio y a un ritmo más rápido.

Como dijo el poeta uruguayo Mario Benedetti sobre la memoria y el olvido, cuando la verdad finalmente recorra el mundo: “esa verdad será que no hay olvido”.The Conversation

Francesca Lessa, Lecturer in Latin American Studies and Development, University of Oxford

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.

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La Iglesia católica ha aprobado bendecir a las parejas del mismo sexo, matrimonios civiles o uniones de hecho cuando estos lo demanden. La decisión la rubrica el propio Francisco y la analizamos en este episodio de La Cafetera de Radiocable.com junto el impacto que puede tener este proceso de apertura del Vaticano hacia lo que ellos llaman las «periferias sociales, culturales y geográficas». Ha tardado mucho la Iglesia en ponerse en sintonía con las realidades sociales… aunque la noticia no es portada de ningún gran diario conservador.

Además repasamos el creciente vínculo entre los líderes de extrema derecha en el mundo y la religión y nos fijamos en particular en Javier Milei, sus citas bíblicas y su acercamiento al judaísmo. Y abordamos las últimas noticias de Gaza, el Mar Rojo y en España, la polémica por la reunión de Feijoo y Sánchez y las críticas del PP a la amnistía, la foto con Puigdemont, Bildu, etc. En la sección de ecología de cada martes, hablamos con Juan López de Uralde de la exclusión de Doñana de la prestigiosa lista verde de la UICN por la mala gestión-

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LA CAFETERA
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El programa La Cafetera -Aquí su sección con todos los programas- se emite en directo todas las mañanas de lunes a viernes (a partir de las 8:30 hora de la península ibérica, España).La Cafetera se puede descargar también, posteriormente, en diversas plataformas: En el Podcast de radiocable.com , en Spreaker, en iTunes , en TuneIn, en iVoox, o en Youtube, entre otras . Es un programa de experimentación de radiocable.com, de actualidad, y tiene como espacio de difusión twitter, facebook y otras redes sociales.
♪ Músicas: Como sabes este es un programa no comercial, sin publicidad. Las musicas que utilizamos, ademas, son todas Creative Commons:

Licencia número EX1pOL del gestor de derechos Artlist.IO
Sintonía: Time for Longing - Lance Conrad
Direction - de The Nightjars
I need to know - de Hrydromag
British News Team- de Lance Conrad
Paper Submarine - de Dawson Hollow
Hung Up - de Wesley Thomas